Miriam Chan
Surte efecto la presión de Heyden Cebada Rivas al lograr que el Congreso del Estado de marcha atrás a la reforma constitucional y permitirle al magistrado presidente blindar el presupuesto de “impartición de justicia” a partir del 2024. Con este revés los diputados de la 4T se arrodillan ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia, sin embargo, aún está por verse si el político (si es que se puede llamar así) y mal agradecido Cebada Rivas retirará la demanda de controversia constitucional interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la jefa del ejecutivo y el Congreso del Estado.
La tarde noche de este lunes, en un periodo extraordinario de sesiones se reformaron los artículos 67 y 109 de la constitución política del estado de Quintana Roo, que apenas en diciembre de 2022 fueron modificados a través del decreto 007, bajo el argumento de privilegiar la austeridad, sin embargo, a los diputados de la XVII legislatura poco les importó y dieron revés a dicha reforma que únicamente beneficiará al Poder Judicial de Justicia; una prueba más de que “el papel lo aguanta todo”, o para dejarlo más claro, a partir del 2024 el presupuesto de este ente será “intocable”.
La semana pasada esta columnista destacó en este espacio que, con tal de continuar teniendo un jugoso presupuesto para la “impartición de la justicia”, a Heyden Cebada no le importó en lo más mínimo exhibir a la jefa del ejecutivo estatal, y aun así, el “chantajito” surtió el efecto esperado, pues con la contrarreforma recién aprobada el Poder Judicial queda fuera de los entes “autónomos” a los cuales se les puede realizar ajustes en su presupuesto.
Con tal de que Cebada Rivas se desista de la controversia constitucional interpuesta ante la SCJN, la derrota de los diputados de la 4T resultaba previsible, y a partir del 2024 el TSJ asegura un presupuesto millonario, que no será menor al 2 por ciento del presupuesto anual del estado. Hay que resaltar que en los artículos transitorios se aclara que la reforma no es retroactiva, y no habría cambios en el presupuesto 2023.
Durante la sesión extraordinaria las diputadas Cinthya Millán y Candy Ayuso, de las extracciones del PAN y PRI respectivamente, les recodaron a los diputados de la 4T que pocos meses atrás habían hecho una reforma en sentido contrario, por lo que votaron en contra de dicha modificación al tiempo que pidieron esperar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De acuerdo con las consideraciones del documento aprobado, “el Poder Judicial goza de una especie de tutela frente al estado, al erigirse en un contrapeso adecuado en atención al principio de División de Poderes, siendo uno de los aspectos esenciales para lograr la independencia judicial, en atención a la íntima correlación que guardan entre sí, los aspectos que la componen especialmente en lo relacionado a la autonomía de la gestión presupuestal”, en pocas palabras, en nombre del “mejoramiento de la impartición de justicia”, el Poder Judicial volverá a gozar de privilegios económicos discrecionales, como en aquellos “viejos tiempos”, tan criticados por los actuales, pero tan desgraciadamente vigentes.
Desde el cristal con el que miro; “palo dado ni Dios lo quita”.
Nos leemos en los próximos días.
