El Ayuntamiento de Solidaridad y el “Congreso del Cambio” apuñalaron sin remordimientos a los habitantes de Playa del Carmen, al dar luz verde a una concesión jugosa de 15 largos años para la instalación y explotación de parquímetros servida en bandeja a “Promotora de Reordenamiento Urbano, S.A. de C.V., negocio que le permite llevarse la tajada mayor a esta nebulosa empresa surgida de la nada.
Y aunque correspondió a la alcaldesa emergente Samaria Angulo Sala impulsar esta aprobación, la concesión a la empresa Playaparq ya estaba palomeada por la alcaldesa Cristina Torres Gómez, quien el dos de abril de 2018 solicitó licencia temporal para ir por la reelección con los colores del PAN y PRD, pero fue derrotada por Laura Beristain Navarrete, de la coalición encabezada por Morena.
Para “taparle el ojo al macho”, el Ayuntamiento lanzó una licitación pública nacional para la “explotación, uso y aprovechamiento de bienes del dominio público del municipio de Solidaridad, para la instalación, puesta en marcha y operación del sistema de movilidad integral”. Tantas palabras rebuscadas para un voraz negocio de parquímetros.
La maniobra era perversa y teledirigida para beneficiar a esta empresa que cosecha los billetes en carretilla, sacando jugo a cientos de automovilistas de casa, visitantes quintanarroenses y turistas que tienen prohibido estacionarse con libertad en espacios públicos, porque el primer cuadro de Playa del Carmen fue privatizado y deja el 70 por ciento de la ganancia a los consentidos empresarios, mientras el 30 restante queda en las arcas del municipio, al menos en teoría.
Pero además el negocio es redondo para la empresa fantasma porque tiene a su servicio a los elementos de Tránsito que son bien motivados al llevarse su comisión, lo que explica la marcación perruna y los frecuentes abusos.
Cristina Torres ahora forma parte del equipo de entrega recepción de la gobernadora electa Mara Lezama, en uno de esos saltos incongruentes y habituales en la política mexicana. Cristina fue diputada plurinominal del PAN en el Congreso local a partir de 2019, y al no recibir en 2021 la autorización para competir de nuevo por el trono de Solidaridad se acercó a Morena y ya viaja en vagón de lujo en la 4T, donde todos caben.
El regidor Marciano Toledo Sánchez detonó el tema de los parquímetros al romper con martillo un dispositivo araña que inmovilizaba un auto rentado por turistas, pero esta colocación era indebida porque faltaban tres horas para que venciera el plazo, aunque según otra versión la familia de turistas había olvidado pagar el parquímetro y tenían el tiempo en contra, porque su vuelo estaba por salir.
Como representante legal de la empresa Playaparq, Diego Gracidas Martínez denunció a Chano Toledo ante la Fiscalía del Estado por daños, pero el regidor contraatacó al anunciar que promoverá la revocación de la concesión.
Aquí llama la atención la pasividad de los regidores y de la alcaldesa Lili Campos Miranda, porque es denunciado un integrante del Cabildo y se escurren ante la ofensiva judicial del representante de la empresa, como si Chano fuera un extraño indeseable.
Lili Campos Miranda derrotó a Laura Beristain en 2021 con los colores de la coalición formada por PAN, PRD, PRI y Confianza por Quintana Roo, pero la exdiputada local se ha negado a tomar al toro por los cuernos en el tema de los parquímetros y en la revisión de los números de su antecesora, bien blindada por la 4T.
La alcaldesa joaquinista está obligada a revisar y llegado el momento deshacerse de esta mañosa concesión que exprime los bolsillos de su pueblo, así como de quintanarroenses y turistas en masa. Pero Lili prefiere callar, dejando pasar el negociazo de los abusivos parquímetros.
