Javier Chávez Ataxca
Alerta Roja
Al menos desde hace tres sexenios la Fiscalía General –antes Procuraduría de Justicia– ha sido el flanco más exigido a nivel social, porque la lluvia de delitos ha aumentado a zancadas. Quintana Roo dejó de ser un estado excepcional en materia de seguridad y entró en la indeseable órbita nacional con su recuento de víctimas que incluyen asesinados y desaparecidos.
Al revisar los datos que el Fiscal Raciel López Salazar presentó a los diputados locales sorprenden sus números: más de 66 mil delitos generales en Quintana Roo, abarcando de julio de 2023 a septiembre de 2024. Como era de esperar, el 97 por ciento está relacionado con delitos contra la salud.
El Fiscal expuso que a partir del 17 de julio de 2023 establecieron una Estrategia de Contención Inmediata de la Delincuencia que posibilitó el impacto y debilitamiento de las organizaciones criminales, un avance realmente significativo.
Aquí llama la atención la elaboración de un Atlas Delictivo que ubica más de 100 objetivos prioritarios, por ser generadores de violencia. Aquí Raciel López resaltó la detención de 51 objetivos prioritarios de estos 100, dedicados a homicidios, extorsión y narcomenudeo. Para el logro de este objetivo es básico el fortalecimiento de la colaboración e intercambio de información de inteligencia.
Fueron detenidos mil 839 delincuentes por delitos de alto impacto: homicidios, feminicidio, secuestro, violación, trata de personas y extorsión, principalmente. De ese gran total, el 88 por ciento ya fueron vinculados a proceso.
En el capítulo dedicado a la desarticulación de grupos criminales, el Fiscal dijo que fueron impactados 25 grupos delictivos generadores de violencia, al ser detenidos más de 930 de sus integrantes dedicados a homicidios, extorsión, narcomenudeo.
La trata de personas pide mención especial, porque iniciaron 158 carpetas de investigación y hay 385 víctimas rescatadas y 52 detenidos. Entre las principales víctimas hay mujeres, niñas, niños y adolescentes utilizados para trabajo forzado y explotación sexual. De ellas, 246 son mexicanas, 84 extranjeras y 55 menores de edad.
