Pena Capital
Javier Chávez Ataxca
Novedades Chetumal
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Homicidios sonados permanecen en los archivos de la impunidad, y hasta ahora la Procuraduría de Justicia del Estado no ha cerrado la pinza para llevar ante la justicia a los asesinos que pueden estar seguros de que su libertad no es ni será amenazada.
El homicidio de la niña chetumaleña Jazmín Iridián Jiménez Ramos –ocurrido la tarde del 22 de noviembre de 2008 – fue una tragedia que nos cimbró emocionalmente, ya que los niños estaban hasta entonces a salvo de la maldad, al menos en la capital del estado.
Tras la desaparición de la pequeña inició su búsqueda en el caos. Y una vez localizado en cadáver en un lote baldío ubicado al final de la calle Maxuxac, las evidencias encontradas fueron contaminadas e incluso perdidas, por lo que la Procuraduría encabezada por Bello Melchor Rodríguez y Carrillo no tenía la mínima prueba para descubrir y procesar al asesino.
El albañil Aníbal Madrigal Moreno permaneció en el Cereso de Chetumal dos años y ocho meses, pero recibió sentencia absolutoria y desapareció de escena. Tuve la oportunidad de contemplar a Aníbal cuando fue presentado en los pasillos de la Procuraduría. El detenido había abandonado esta ciudad para refugiarse en un rancho de Campeche, dando sustento a la apuesta de la Procuraduría.
El triunfalismo fue entonces desbordante, y el director de Control de Procesos, Mateo Ávila Arceo, aseguró que “cada una de las diligencias realizadas por las personas a cargo de la investigación estuvieron apegadas a derecho, y como resultado de la contundencia de los elementos consignados la sociedad quintanarroense puede tener la seguridad de que durante los 15 días hábiles que se tienen para ofrecer pruebas estas también estarán debidamente cimentadas y analizadas”, según un comunicado de la Procuraduría que festejó por anticipado, ya que el caso se derrumbó y hasta ahora el asesino está libre.
La muerte de esta niña cubrió de dolor a sus familiares, quienes han soportado una de las pérdidas más dolorosas con dimensiones de pesadilla infinita. Pero debo señalar que el agravio es colectivo, ya que estamos ante el ataque de una bestia que en los hechos fue solapada por la Procuraduría de Justicia del Estado, ya que procedieron con imperdonable negligencia al recolectar las evidencias dejadas en el predio por el criminal.
El Procurador Gaspar Armando García Torres heredó este expediente que ha sido condenado al olvido, ya que sus subordinados le apuestan al olvido y ya dieron carpetazo a la investigación.
El 18 de septiembre de 2013 fueron descubiertos los cadáveres del arquitecto Octavio Augusto Góngora Jiménez y de la maestra Arena del Rocío Palacios Valdés. Ambos fueron ejecutados con armas de fuego y sus cuerpos abandonados junto a una camioneta Ford en un camino de terracería cercano a la colonia irregular El Edén, en la periferia de Chetumal.
La mujer estaba embarazada y también recibió el tiro de gracia. La Procuraduría de Justicia confirmó la participación de al menos tres gatilleros y la presión de las familias dolientes se desató contra Walter Villanueva Ramírez, ex pareja de la profesora.
En demanda de justicia, familiares y amigos de la pareja ejecutada efectuaron una marcha al caer la tarde. La presión era enorme, y el Procurador anunció la detención de nueve delincuentes de la banda de Los Pelones, a quienes atribuyó el doble homicidio.
Pero el autor intelectual sigue libre, evitando que se cierre la pinza en este caso tan desgarrador que hiere en toda el alma a los familiares de Augusto y Arena del Rocío, pero que agravia a una sociedad que desea vivir en paz, con excepción de decenas de criminales que abarcan todas las variantes del delito.
La noche del 22 de marzo de 2014, el regidor del PT y ex candidato a la alcaldía capitalina, Marco Antonio May Molina, fue asesinado en la capital del estado por un sujeto que lo acuchilló en el abdomen a las puertas de su domicilio.
Según la viuda, el regidor se encontraba en la vivienda y dos sujetos llegaron a buscarlo minutos antes de las ocho de la noche, llamándolo por su nombre. Marco Antonio May salió al encuentro de los sujetos, y uno de ellos le asestó una puñalada, dejándolo tendido a las puertas de su casa, en la calle Heriberto Jara.
Dos sujetos llegaron a buscar al regidor, y un tercero aguardaba a la vuelta con el auto en marcha, según la Procuraduría que capturó a tres sujetos acusados de participar en el homicidio. Dos fueron enviados al Cereso de Chetumal y el tercero a la cárcel municipal de Felipe Carrillo Puerto, para enfrentar otro proceso penal por narcomenudeo.
La pregunta que flota: ¿Quién ordenó matar al regidor Marco Antonio May Molina? Porque el caso tiene tintes políticos y partidistas, ya que la victima había recibido amenazas de muerte y fue involucrado el amo del PT y diputado local, Hernán Villatoro Barrios. Incluso, fue sorprendentemente señalado el ex diputado local y ex regidor del PAN, Mario Rivero Leal.
La captura de quienes son señalados como autores materiales del homicidio es un avance significativo, pero queda a medias porque el autor o autores intelectuales siguen libres y aparentemente muy relajados.
El Procurador de Justicia del Estado, Gaspar Armando García Torres, ha dado excelentes resultados en una de las áreas más complicadas de todo gobierno. No es hazaña menor que siga montando ese toro mecánico, abarcando toda la administración del gobernador Roberto Borge. Pero el personal clave debe tener presentes estos expedientes que están archivados, pero no en el olvido definitivo.
