Por: Juan José Elías Moguel
La discusión sobre la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum ha provocado una reacción inmediata de todos los partidos políticos. Morena la defiende, la oposición la crítica, y los aliados del gobierno plantean reservas. El debate parece intenso, incluso ideológico. Pero si uno observa con cuidado los argumentos, aparece una realidad incómoda: prácticamente todos los partidos están defendiendo lo mismo.
Antes de entrar al fondo del tema, conviene dejar algo claro. No soy partidario del gobierno de Morena ni de la presidenta Claudia Sheinbaum. De hecho, he sido crítico de varias decisiones de este gobierno. Sin embargo, reconocer eso no debe impedirnos analizar una propuesta con seriedad cuando aparece una iniciativa que, independientemente de quién la impulse, puede contribuir a mejorar el funcionamiento de nuestro sistema político.
Y en este caso concreto, la reforma electoral merece ser discutida con seriedad. Porque más allá del ruido político, estamos frente a una iniciativa que toca un punto sensible del sistema: la distribución del poder dentro de los partidos políticos y dentro del propio Congreso.
No lo dicen abiertamente, pero lo que realmente buscan proteger es el control de las listas plurinominales.
Durante décadas, las posiciones de representación proporcional han sido el instrumento más eficaz de control interno de las dirigencias partidistas. No sólo permiten garantizar presencia legislativa sin competir en territorio, sino que además funcionan como un mecanismo de disciplina política: quien obedece, sube en la lista; quien se rebela, desaparece del mapa.
Por eso la reacción ha sido tan coordinada, aunque cada partido utilice un discurso distinto.
El Partido Acción Nacional insiste en que la reforma no combate suficientemente el dinero del crimen organizado en la política. Sin embargo, la propia iniciativa incluye disposiciones para sancionar el financiamiento ilícito y fortalecer la fiscalización del dinero en las campañas. Podrán discutirse los mecanismos o reforzarse los procedimientos, pero el argumento de que el tema está ausente simplemente no corresponde al contenido del documento.
El Partido Revolucionario Institucional, por su parte, habla de defender la pluralidad y proteger la representación de las minorías. Resulta curioso que ese discurso provenga del partido que durante décadas utilizó las listas plurinominales como un instrumento para colocar dirigentes nacionales, operadores políticos y figuras cercanas a la cúpula.
Más interesante aún es la postura del Partido del Trabajo. Su coordinador en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, ha advertido que algunas propuestas podrían abrir la puerta a un regreso al “partido de Estado”.
El problema con ese argumento es que ignora un hecho fundamental: el Congreso mexicano ya está configurado por una mayoría política sólida. Hoy, la coalición integrada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México posee una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, suficiente para reformar la Constitución sin necesidad de negociar con la oposición.
En términos de poder legislativo, esa coalición es más fuerte que el bloque que respaldó al gobierno de Enrique Peña Nieto entre 2012 y 2018. En aquel momento, el PRI gobernaba acompañado por el Partido Verde y Nueva Alianza, pero juntos apenas alcanzaban mayoría simple. Para aprobar reformas constitucionales, el gobierno necesitó negociar con la oposición a través del llamado Pacto por México.
Es decir, el escenario actual no fue creado por una reforma electoral. Fue creado por una coalición política que obtuvo una mayoría legislativa contundente en las urnas.
Además, cuando uno revisa el contenido real de la iniciativa, tampoco aparecen los escenarios alarmistas que algunos sectores han tratado de instalar en el debate público. No hay en el documento elementos que nos lleven a pensar en modelos autoritarios como los que algunos han mencionado, ni en comparaciones con Venezuela o con regímenes dictatoriales. Lo que se plantea es, esencialmente, una redistribución del poder político dentro del sistema electoral y dentro de los propios partidos.
Entre otras cosas, la propuesta busca modificar el sistema de representación proporcional, reducir el financiamiento público a los partidos y cambiar la forma en que se asignan algunas diputaciones para limitar el control de las cúpulas partidistas sobre las listas.
Por eso el debate actual resulta tan revelador. Todos los partidos están utilizando argumentos distintos para defender exactamente el mismo interés: mantener intacto el sistema que permite a las dirigencias controlar candidaturas y listas legislativas desde el centro.
Ese sistema genera un efecto conocido en la política mexicana: el cuello de botella del liderazgo. Para que un ciudadano con respaldo local pueda aspirar a una candidatura competitiva, muchas veces no basta con tener apoyo en su municipio o en su distrito. También necesita el aval de la dirigencia nacional del partido.
La consecuencia es que la política deja de construirse de abajo hacia arriba y comienza a organizarse de arriba hacia abajo.
En ese contexto, la reforma electoral podría ser una oportunidad para discutir el verdadero problema: la democracia interna de los partidos. Mientras las candidaturas y las listas legislativas sigan siendo decisiones centralizadas de las cúpulas, la representación política seguirá filtrada por un pequeño grupo de dirigentes nacionales.
Y ahí es donde aparece la paradoja del debate actual.
Los partidos compiten ferozmente entre sí durante las elecciones. Pero cuando se trata de reformar el sistema que regula su propio poder interno, todos parecen coincidir en algo: ninguno quiere perder el control.
Porque en la política mexicana, las diferencias ideológicas pueden ser profundas. Pero hay un consenso silencioso que atraviesa a todos los partidos.
El poder de decidir quién aparece en la boleta es demasiado valioso para soltarlo.
