Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
El hallazgo de evidencias sobre la desaparición y asesinato de personas en el Rancho Izaguirre del estado de Jalisco, por parte de mujeres buscadoras, que ni la Guardia Nacional ni la Fiscalía de ese estado quisieron ver en septiembre pasado cuando intervinieron esa propiedad y detuvieron a más de diez personas, aseguraron armas y municiones y hablaron de dos cuerpos, ha venido a mover las caducas estructuras del Estado mexicano, gobierne quien gobierne, porque simplemente la clase política gobernante no se quiere comprometer con las víctimas de este caos institucional en el país.
Incluso, las instituciones que fueron creadas en las últimas décadas para acompañar a las víctimas sobrevivientes de la violencia, así como a las familias de víctimas de desaparición, asesinato, están representadas por “figuras” que tardaron poco tiempo en ser absorbidas por el poder y sumarse a la comparsa del discurso gubernamental, porque a pesar de que algunas personas servidoras públicas sí conocen la realidad del país, han optado por ignorar a las víctimas y sumirse en la burbuja de la 4T.
En este asunto hay muchas preguntas. ¿En dónde están y qué hacen las personas servidoras públicas encargadas de organismos estatales y federales de búsqueda de personas, de atención a víctimas y las que están al frente de las comisiones de derechos humanos, organismos públicos que deberían estar dando la cara por el pueblo de México y no dedicarse a salir en las fotos para alabar los gobiernos morenistas y sus aliados?
Las comisiones estatales y nacional de derechos humanos, las de atención a víctimas, las de búsqueda de personas, se han convertido en la comparsa de los gobiernos en turno; se han convertido en sus defensoras de oficio, solo para justificar sus omisiones y acciones deficientes y de complicidad, porque con su actitud se convierten en cómplices de aquellos grupos que están fuera del estado de Derecho.
La herencia de Andrés Manuel López Obrador al nuevo gobierno, aún no se puede desactivar en materia de búsqueda de personas, primero, porque las instancias gubernamentales solo existen de nombre, ante el precario presupuesto que se les asignó, además, los programas, políticas públicas y acciones de gobierno que se diseñaron para que la atención a las víctimas fuera eficiente, simplemente, desde la presidencia de la república se ordenó su desmantelamiento, de allí la renuncia de la anterior titular de la Comisión Nacional de Víctimas, a quien un organismo como la ONU le reconoció su trabajo y la contrató para que pusiera en práctica sus aptitudes en otras latitudes, ya que en México, no las aprovecharon.
Los colectivos de madres buscadoras tanto en Jalisco, en Quintana Roo, en Tamaulipas y las del resto de las entidades del país, están realizando el trabajo que le corresponde al gobierno para localizar personas, pero las autoridades, en lugar de reconocerles su labor, las descalifican, las criminalizan y hacen hasta lo imposible para darle carpetazo a los casos que ellas dan a conocer.
El número de madres, hermanas, padres y hermanos de personas desaparecidas, que asesinan en México, sigue en aumento, ¿Por qué en un país que se dice democrático asesinan a quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos? ¿Dónde está el apoyo del gobierno a la sociedad civil organizada que hace la tarea que le corresponde al gobierno?
Estos hallazgos, en particular el de Jalisco, vinieron a poner contra la espada y la pared al gobierno federal, lo que obligó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dar a conocer una serie de acciones para combatir la desaparición de personas en México, pero como acostumbra la 4T quiere empezar de cero, no quieren corregir el rumbo, si establecer su propia estrategia, lo cual traería retrocesos al trabajo que ya se hace, piensan que están descubriendo el hilo negro, lo que se requiere es que a las instituciones les den personal capacitado, presupuesto, así como infraestructura y tecnología para que hagan su trabajo.
El país ya tiene centenares de miles de personas desaparecidas y asesinadas durante las últimas décadas, por lo que ya no se requieren experimentos, solo hace falta voluntad política y que la clase gobernante elimine esa práctica de querer minimizar la sangrienta realidad que vive el pueblo de México.
Ante esta crisis que enfrenta el país en materia de derechos humanos es de gran valía retomar el mensaje que hace unos días ha difundido la reconocida activista mexicana Lucha Castro, quien con su experiencia nos plantea caminos que como sociedad y gobierno debemos seguir.
A continuación presento algunos fragmentos de la misiva escrita por Lucha Castro:
“Como quien ha acompañado desde la década de los noventa a familiares con personas desaparecidas, ha cofundado dos organizaciones de la sociedad civil, Justicia Para Nuestras Hijas y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, y además, ha vivido en carne propia el dolor de la desaparición, ya que mi sobrino Javier Castro desapareció en Guadalajara, pagamos el rescate y fue asesinado, quiero compartir humildemente una reflexión sobre la reciente respuesta de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, en relación con las desapariciones forzadas y no localizadas.
“Entiendo y comparto profundamente el dolor y la frustración de las organizaciones que han sido testigos, día tras día, de la impunidad, la indiferencia y el abandono de las autoridades. La exigencia de justicia y atención urgente es completamente legítima. No hay duda de que el maltrato, el dolor, y la angustia de las víctimas de desaparición son inaceptables, y es justo que se exijan respuestas claras y efectivas. Sin embargo, creo que en esta ocasión la respuesta de las organizaciones a las declaraciones de Claudia Sheinbaum podría haber sido más estratégica. El rechazo inmediato y la descalificación total, aunque motivados por el legítimo sufrimiento y desconfianza, pierden una oportunidad importante para que el diálogo se mantenga abierto.
“Es cierto que la Presidenta está obligada a responder por el Estado, pero me parece que, en lugar de cerrar la puerta de inmediato a las acciones que ahora se están impulsando desde el gobierno, deberíamos aprovechar la oportunidad de exigir más detalles, más compromisos, y una mayor transparencia, sin dejar de recordar que este es un tema en el que hemos invertido años de lucha y sacrificio.
Las organizaciones que no comparten el mismo enfoque en este momento también merecen ser escuchadas, y si bien es válido que se cuestione lo que se ha planteado hasta ahora, creo que la descalificación total no contribuye a nuestro objetivo común: el fin de la impunidad y el esclarecimiento de la verdad.
“Además, quiero señalar que en esta lucha, a pesar de los años de dolor, hay colectivos que han identificado algunos avances positivos en las medidas anunciadas. Por ello, comparto mi postura, en la que también defiendo la apertura de este espacio y el reconocimiento de los esfuerzos por atender la problemática, sin dejar de exigir y luchar por más. Este es un momento de acción colectiva y de no perder la oportunidad de transformar el dolor en una lucha efectiva.
“No podemos olvidar que esta situación puede ser aprovechada por actores políticos que intentarán sacar provecho del dolor y la desesperanza de las víctimas para fines ajenos a la causa que defendemos. Esto es algo que debemos considerar cuidadosamente para no caer en dinámicas que dividan aún más a quienes luchamos por la justicia.
“Reconozco el compromiso y la valentía de quienes han sido parte de este movimiento desde sus inicios. Sé que lo que está en juego es mucho más que una declaración política; es la vida, la memoria, y la justicia que tanto nos debemos a las víctimas de desaparición. Pero les invito a que sigamos trabajando juntos con el mismo ímpetu, pero con una visión estratégica que permita ampliar las posibilidades de cambio y justicia real. No dejemos que la polarización y el dolor nos dividan.” Hasta aquí la carta de Lucha Castro.
El país está polarizado, cada colectivo trabaja con sus propios recursos y con sus propias manos para encontrar a sus familiares desaparecidos y hasta el momento ni el PAN, ni el PRI, ni la 4T han tenido capacidad de empatía con las víctimas y sus familias. La presidenta de la república se vio obligada a hacer una declaración política por las reacciones de la opinión pública ante la omisión gubernamental.
En este caso particular del rancho Izaguirre, la misma Guardia Nacional, que tantos miles de millones de pesos le ha costado al erario y la Fiscalía de Jalisco, tuvieron conocimiento de lo que pasaba en el referido rancho, pero ni una ni otra institución decidieron hacer algo; toda su intervención quedó en un comunicado de prensa para justificar sus gastos en imagen institucional.
La declaración de la presidenta puede ser primordial para marcar un antes y un después en materia de políticas públicas en materia de desaparición de personas, pero de la situación la titular del Poder Ejecutivo Federal ya sabía desde antes del primero de octubre de 2024 y qué hizo al respecto, más que palabras como: “Llegamos todas”, pero antes de seis meses nos percatamos que esa frase, es una falacia más de quienes ahora gobiernan el país.
Un conglomerado de organizaciones y familiares que buscan a personas desaparecidas en México le contestaron a la presidenta de México, de la siguiente manera:
“Sabemos que, como todos los gobiernos en México, este no ha mostrado interés real y serio en consultarnos y establecer un diálogo constructivo, sin embargo, ejercemos nuestro derecho no solo a expresarnos, sino a la participación en temas relacionados con la búsqueda de nuestros familiares. Reiterando en todo momento la disposición de las familias de dialogar cuando el gobierno tenga la seriedad de abordar realmente el problema.
“Hacemos un llamado a sus asesores para que le ayuden a informarse sobre los mecanismos, instituciones, procedimientos y leyes que ya existen en materia de desaparición de personas, lo que en este momento han presentado solo exhiben ignorancia en el tema y o su intención de engañar al pueblo».
“La responsabilidad de buscar y encontrar sigue siendo de ustedes como gobierno, y son los servidores públicos uno de los principales obstáculos para encontrar a nuestros familiares desaparecidos, si se sigue tolerando eso, el problema no se resolverá. Porque mientras los edificios de gobierno están cerrados y envallados, las familias estamos encontrando a nuestros familiares que fueron desaparecidos y abandonados por el Estado Mexicano”. Hasta aquí un fragmento del mensaje de organizaciones de la sociedad civil a la presidenta de la república.
Una evidencia que los discursos no bastan es que a la Comisión de Búsquedas solo se le recortó el presupuesto a la mínima cantidad de 47 millones de pesos, recursos que no alcanzan para nada, si tomamos en cuenta la crisis humanitaria que existe en el país.
