Javier Chávez Ataxca
CAFÉ DE ALTURA
Bautizada como “Ley Despojo”, la reciente aprobación de esa reforma altamente sensible fue hecha sin el mínimo sobresalto por el poderoso ejército de la 4T y hasta por el solitario diputado priista Filiberto Martínez Méndez, quien en los hechos ya forma parte del grupo mandamás en el Congreso de Punta Estrella.
Por esa Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio de Quintana Roo reformaron y añadieron disposiciones al Código Fiscal de Quintana Roo y al Código Fiscal Municipal. Pocos han buceado en ella, por lo que a fuerza de machacar en las redes se ha impuesto la certeza de que nuestros diputados dieron a luz una Ley abusiva, con todo el poder para arrebatarnos el valioso patrimonio y compensarnos con una bicoca.
Los principales culpables han sido nuestros diputados locales a lo largo de la historia, porque primero “jusilan y luego viriguan”, como recomendaba Pancho Villa en tiempos de la Revolución. Y así le fue a Doroteo Arango.
Estar ante un hecho consumado es inaceptable, porque antes nuestros diputados tienen que difundir los asuntos de altísima prioridad social, como esta “Ley Despojo” que sigue atemorizando a miles de mujeres y hombres con propiedades medibles en hectáreas, cuya cercanía a litorales las hace más atractivas para el gobierno y empresarios megalodones.
El PRI hizo lo mismo cuando tuvo todo el poder en Quintana Roo. Recuerden la “Ley Piña” para criminalizar el aborto, impulsada en el gobierno de Félix González Canto por la diputada priista cancunense Laura Fernández Piña, desaparecida por prudencia política.
No hay que olvidar la aprobación hecha por priistas en manada para autorizarle a Aguakan la ampliación de su jugosa concesión, por decisión de su gobernador Roberto Borge Angulo.
Y esa línea siguió el arrogante bloque de panistas y perredistas que reinó en el mandato de Carlos Joaquín González (de 2016 a 2022), porque creen que el gobernante es su único patrón.
