Desde los Once Pasos
Javier Chávez Ataxca
Las bancadas mandonas de Morena y Verde lanzaron al congelador la propuesta de punto de acuerdo presentada por cuatro diputadas de oposición para que el Congreso local solicite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la resolución “prioritaria y urgente” de la controversia constitucional por el conflicto limítrofe con Campeche, empantanada desde 1997.
De haber sido aprobado, el punto de acuerdo sería enviado a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y a los congresos de Campeche y Yucatán, pero su destino fue la nevera por infantil motivación partidista de Morena y Verde, líderes absolutos de la Cuarta Transformación.
Como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), el diputado morenista Humberto Aldana Navarro mostró falta de sensibilidad política y de compromiso con la causa vital de Quintana Roo, ya que Campeche mantiene invadidos 4 mil 800 kilómetros cuadrados de nuestro territorio y la clase política maya caribeña no se involucra de lleno en el tema, como si presenciara un conflicto entre judíos y palestinos.
Lo que no alcanza a comprender el morenista cancunense Humberto Aldana es que al enviar el punto de acuerdo al cesto de papel higiénico está torpedeando los intereses de Quintana Roo, aunque en su miope visión haya despreciado a cuatro diputadas arrimadas que por fin despertaron, aunque su labor es cuesta arriba con estos diputados tan arrogantes que están al servicio de la gobernadora Mara Lezama.
De 10 la propuesta de las diputadas Cinthya Millán Estrella (PAN), Alfonsa Padilla Medina (MAS), Maritza Basurto Basurto (Movimiento Ciudadano) y Candelaria Ayuso Achach (PRI), cuyo punto de acuerdo atiende “interés social y derechos humanos de los habitantes de las diversas localidades de la zona limítrofe”.
Precisa el documento que fue arrojado al frigobar:
“Dentro de esta franja de tierra existen más de 70 comunidades que se encuentran bajo indeterminación jurisdiccional, es decir, que éstas no cuentan con una definición de pertenencia a un municipio o a uno de los tres estados”. Los involucrados son Quintana Roo, Campeche y Yucatán.
“En estos asentamientos habitan personas en situación de pobreza extrema, marginación y rezago social y no tienen acceso a servicios básicos como agua potable, alcantarillado, drenaje y electrificación, así como infraestructura básica del sector salud y educativo, resultado de años de conflicto territorial en los que no han sido atendidos y no han sido beneficiados con programas sociales o de inversión pública mayor provenientes de fondos federales”.
Es imperdonable lo ocurrido en el Congreso de Quintana Roo, donde tan sólo truenan los chicharrones de la 4T.
