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Ejército vencedor en la coalición del “gobierno del cambio” encabezado por Carlos Joaquín González, el PAN tiene su primera oportunidad de pasar a la acción y a la historia con una decisión de enormes efectos políticos, sociales y financieros: disminuir en un 50 por ciento su exagerado presupuesto que en 2017 asciende a 435 millones 872 mil 332 pesos, cifra injustificable porque el gobierno y municipios sufren por la falta de recursos demandados en obra pública, becas escolares, medicinas y asistencia social.
El de Quintana Roo es uno de los poderes legislativos más caros del país y del planeta, injusticia que debe remediar el Presidente de la Gran Comisión del Congreso, Eduardo Martínez Arcila, un panista mediocre sin sobresaliente historial político que saltó del anonimato a la posición más poderosa en su terreno: la Presidencia de la Gran Comisión del Congreso.
El presupuesto de nuestro Legislativo aumentó en 2017, ya que en 2016 –cuando agonizaba el PRI en la gubernatura– ejercieron 340 millones 767 mil 863 pesos, cantidad también excesiva al compararla con lo que gastan en otras Legislaturas del país.
El abultado presupuesto que maneja Arcila a su antojo ha provocado excesos tan insultantes, como la absurda compra de un tablero electrónico de 4.2 millones de pesos para contar los votos de tan sólo 25 diputados, operación que podía resolverse con un simple ábaco de 50 pesos.
El negocio del Sistema de Asistencia Legislativa y Votación Electrónica benefició a tres empresas, una de ellas poblana –para variar– y otra ligada a la coalición PAN-PRD, según la nota de Gabriel Manzanilla publicada el 16 de febrero pasado en el Por Esto de Quintana Roo.
Recortar en un 50 por ciento el presupuesto del Congreso permitiría abastecer de nutrientes a dependencias y organismos que apenas permanecen a flote con su gasto corriente. Hablamos de poco más de 217 millones de pesos de los que puede echar mano el gobernador Carlos Joaquín, frenando la gula de estos diputados comandados por el plurinominal Arcila, cuya debilidad moral fue fácilmente doblegada por las montañas de dinero fácil a disposición del ex dirigente estatal del PAN y un club de diputados beneficiados por la ola del cambio, pero que históricamente han sido muy pequeños.
La bancada panista en el Congreso del Estado tiene que tomar la iniciativa para impulsar ese recorte que mantendrá a ese poder con un presupuesto generoso que no afectará las ocasionales actividades de sus diputados.
El fantasmal dirigente estatal del blanquiazul, el chetumaleño Juan Carlos Pallares Bueno, bien puede encabezar esta propuesta que tiene que ser analizada a conciencia en el escritorio del Secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Vergara Fernández.
Lo cierto es que no debemos permitir que grandes bloques poblacionales de Quintana Roo padezcan por la falta de inversión y recursos, mientras 25 diputados –encabezados por el panista Eduardo Martínez Arcila– despilfarran como dementes un presupuesto política, financiera y moralmente injustificable.
Si los panistas quieren demostrar en los hechos su discurso de austeridad y el bien común que han promovido por muchas décadas, tienen que meter mano en nuestro Poder Legislativo para adelgazarlo sin hacerlo pasar hambre. Y ya no tienen excusa porque uno de sus ex dirigentes tiene el control.
