La titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha atizado las ambiciones de un puñado de quintanarroenses, muchos de ellos impulsados por el deseo de instalarse en una posición de primera línea que no sólo garantiza un sueldo jugoso, traje de luces y manejo de presupuesto –aunque el margen de maniobra sea muy limitado–, sino que puede impulsar una carrera a las esferas del poder, en caso de que las notas sean sobresalientes.
El Ombudsman gana entre 80 y 90 mil pesos al mes, pero además tiene acceso a viáticos, boletos de avión, gastos de representación y manejo de presupuesto condicionado, pero con un margen de maniobra nada despreciable. Toda una joya.
En México nos hemos especializado en la creación de instituciones rimbombantes que nada aportan a la sociedad. Puedo mencionar al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo (Itaipqroo), cuyo consejero presidente José Orlando Espinosa Rodríguez cobra un sueldo enorme por ser un celoso guardián de la información que es negada sistemáticamente, evitando que salga a la luz.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos puede continuar en el tobogán de la erosión hasta seguir los pasos de ese Itaipqroo fantasmal que tan sólo es una carga financiera, inaceptable en temporada de vacas flacas.
Lo grave es que el Ombudsman tiene un campo de acción enorme, pero su inmovilismo es una afrenta a los derechos humanos que juran defender, al menos en el discurso. Porque las violaciones a los derechos humanos predominan sin que haya un organismo que los defienda en toda forma.
