Chetumal, 11 de diciembre
Ángel Solís
Hugo Garza Sáenz, titular de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del estado (CAPA), confirmó la investigación contra un grupo de ex trabajadoras de ese organismo público descentralizado contra quienes la Dirección Jurídica interpuso denuncias por presunto peculado por un monto superior a los 22 millones de pesos.
Dijo que desde que asumió el cargo (poco más de un mes) solicitó una serie de auditorías a diversas áreas de la CAPA, y en ellas detectaron un millonario faltante en las oficinas centrales y también irregularidades en la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal (DRAEF), donde hasta el momento un grupo de mujeres está siendo investigado por las autoridades, aunque no descartó que puedan detectar más involucrados con estos malos manejos.
“Estamos limpiando la casa y hemos encontrado algunas cosas que ya las hicimos del conocimiento de las autoridades investigadores correspondientes; estamos con todo el ánimo de sacar adelante a la CAPA”, aseguró.
Originario del estado de Nuevo León, pero con muchos años de radicar en el estado y laborar en organismos como CONAGUA y también en la CAPA en administraciones anteriores, Garza Sáenz aseguró que se detectaron anomalías administrativas que por el sigilo de la investigación no puede detallar.
“La instrucción de nuestra gobernadora Mara Lezama es de cero tolerancia a la corrupción y eso hemos hecho; cuestión que detectemos, cuestión que hacemos de conocimiento a la autoridad, ya sea administrativa, investigadora o judicial; estamos para poner orden en CAPA”.
Señaló que no puede precisar el monto desviado por el que fueron dadas de baja estas mujeres, pero reiteró que existe una carpeta de investigación en proceso para deslindar responsabilidades.
El funcionario estatal dejó en claro que el recurso desviado por estas ex servidoras públicas en ningún momento pone en riesgo la operatividad de la CAPA, ni tampoco los usuarios son afectados por el mal proceder de estas empleadas que no tenían bien puesta la camiseta.
“Ya está la autoridad haciendo lo propio para la devolución del recurso; esperemos que nos den buenas noticias en estos días”, anticipó.
Cabe destacar que a tres funcionarias de las oficinas centrales de la CAPA se les detectó un faltante por más de 22 millones de pesos, dinero que se presume invirtieron en criptomonedas, mientras que una trabajadora del DRAEF es investigada por realizar convenios de liquidación de adeudos y no ingresarlos a las cuentas bancarias de ese organismo gubernamental.
