Bacalar, 25 de marzo
(Cambio22)
En un intento por calmar la creciente inconformidad social, autoridades de los tres niveles de gobierno sostuvieron este día una reunión con empresarios, ambientalistas y el concejo ciudadano para abordar la polémica obra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) junto a la laguna de Bacalar, frente al histórico Fuerte de San Felipe.
La reunión se llevó a cabo en medio de un ambiente de tensión, pues al mismo tiempo, ciudadanos mantenían bloqueadas las obras, luego de varios días de protestas en rechazo a la construcción.
Acuerdos mínimos y continuidad de la obra
Tras el encuentro, se logró un acuerdo parcial: la Sedena retirará maquinaria pesada para evitar posibles afectaciones estructurales al Fuerte de San Felipe y se modificará la barda perimetral del proyecto para no interrumpir la vista hacia la laguna.
Sin embargo, la obra no se detendrá. Se confirmó la construcción de un edificio de 25 metros cuadrados de una sola planta con tres habitaciones, además de palapas y baños destinados a un centro de esparcimiento para los militares.
Demandas ambientales y falta de transparencia
Pese a estos ajustes, persisten las denuncias por el impacto ambiental y la falta de consulta ciudadana previa a la obra. Organizaciones ambientalistas y ciudadanos mantienen sus exigencias de transparencia, señalando que la Sedena no presentó públicamente los permisos ambientales correspondientes, argumentando que la obra está clasificada como de seguridad nacional.

Greenpeace se sumó a las demandas, denunciando el daño ecológico causado por trabajos de dragado y relleno en la laguna, intervenciones que podrían alterar la calidad del agua y los ecosistemas de la zona.
Críticas y cuestionamientos a la Sedena
Otro punto que generó controversia fue la postura de algunos participantes de la reunión, quienes aseguraron que la obra cumple con las normativas, lo que desató una ola de críticas en redes sociales.

Este episodio se suma a una serie de cuestionamientos contra la Sedena por diversas intervenciones en el sur de Quintana Roo, como el relleno en el Estero de Chac y anomalías en los puentes del Tren Maya. Ahora, la obra en la laguna de Bacalar refuerza la percepción de opacidad y falta de diálogo con la ciudadanía en los proyectos impulsados por la dependencia.
Mientras las denuncias y protestas continúan, la incertidumbre sobre el impacto ambiental y cultural de esta obra sigue generando un fuerte debate en el sur de Quintana Roo.