Chetumal, 4 de noviembre
(Red Informativa del Sureste)
Este lunes, el sindicato de taxistas “Andrés Quintana Roo” fue objeto de un macro operativo de cateo realizado por la Fiscalía General del Estado FGE de Quintana Roo, en colaboración con fuerzas de seguridad federales y locales.
La operación, que contó con la participación de la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal, se desarrolló como parte de las investigaciones derivadas de la detención de Salomón N., conocido como “Maffer”, líder del sindicato, y de Oscar Antonio N., subsecretario de trabajo de la organización.
Ambos detenidos son señalados como los presuntos autores intelectuales del asesinato del socio taxista, José Luis Corral Morales, quien fuera asesor de campaña del ex líder sindical y actual diputado local Rubén Carrillo.
Corral Morales, quien había trabajado de cerca con Carrillo, fue asesinado en días pasados, tras haber sido privado de su libertad cerca de su casa en la supermanzana 58.
Durante el operativo, las autoridades cerraron las avenidas y calles aledañas al sindicato, generando una fuerte movilización en la zona.
Una gran cantidad de vehículos oficiales y hasta una tanqueta ingresaron a los patios de la sede sindical, mientras que peritos de distintas especialidades trabajaban en la recolección de pruebas y documentos que pudieran estar vinculados al caso.
El despliegue generó expectación y temor entre los vecinos y trabajadores del gremio, quienes observaban con inquietud la llegada de las fuerzas armadas.
Este cateo se suma a las acciones legales emprendidas tras la detención de Salomón N., medida que ha desatado una crisis en la estructura sindical y generado incertidumbre entre sus miembros.
El sindicato de taxistas “Andrés Quintana Roo”, uno de los más poderosos y polémicos de la región, enfrenta una situación inédita, en la que se cuestiona la transparencia de sus liderazgos y su posible relación con actos delictivos y con el crimen organizado.
Las autoridades continúan con las investigaciones, en un proceso que podría desvelar redes de complicidad y extender la revisión a otros actores involucrados en el sector.
