Escrutinio | Juan José Morales
Por Esto! de Quintana Roo
Algo que mucho interesa a los mexicanos es conocer las propiedades, tanto en dinero como en inmuebles, joyas, automóviles, relojes de lujo y demás bienes, de los funcionarios públicos, comenzando por el presidente de la República y de ahí hacia abajo, pasando por gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores, secretarios de estado, etc. Esto es, qué tenían al asumir el cargo y al terminar su mandato. De esa manera podría saberse si se enriquecieron ilegalmente. Lo ideal, naturalmente, es que la información se publique en Internet, para que cualquiera de sus gobernados pueda consultarla libremente sin tener que seguir los tortuosos caminos burocráticos de las solicitudes a través de los institutos de acceso a la información, verdaderos laberintos en los que usualmente, tras recorrerlos lenta y penósamente, termina uno topándose con un seco “no existe la información solicitada” o “es información reservada”.
Pues bien, de acuerdo con los datos difundidos recientemente por Transparencia Mexicana, la declaración de bienes de la gran mayoría de los gobernadores es un secreto celosamente guardado, inaccesible a los ciudadanos. Desde hace dos años, dice la información, TM “ha monitoreado cuántos gobernadores han decidido hacer público este documento que permite conocer el estado, evolución y valor estimado de los bienes que posee un servidor público desde el inicio hasta el fin de su encargo.” A la fecha, la situación es la siguiente:
De los 32 mandatarios de entidades federativas —los 31 gobernadores de los estados y el jefe de gobierno del Distrito Federal—, únicamente ocho, o sea uno de cada cuatro, ha hecho pública su declaración de bienes. Los ocho, todos electos con apoyo de partidos de oposición, son los panistas Marcos Covarrubias de Baja California Sur, Mariano Anguiano de Colima, Rafael Moreno Valle de Puebla, Mario López Valdéz de Sinaloa, y Guillermo Padrés Elías de Sonora, los perredistas Graco Ramírez de Morelos, Arturo Núñez Jiménez de Tabasco, y Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del DF.
Ni un solo priísta ha publicado su declaración de bienes después de asumir el cargo. Dos de ellos, Eruviel Ávila del estado de México y Aristóteles Sandoval de Jalisco, añade la información de Transparencia Mexicana, “presentaron una versión pública de su declaración patrimonial cuando fueron candidatos. Una vez electos no volvieron a hacer pública su declaración patrimonial oficial.” Tampoco la hizo en su momento Ángel Aguirre Rivero, aquel ex priísta que llegó a la gubernatura de Guerrero apoyado por el PRD, ni el actual gobernador interino de ese estado, el perredista Rogelio Ortega Martínez, que lo sustituyó tras su renuncia por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Por cuanto a los gobernadores que tenemos más cerca, los de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, priístas los tres, sobra decir que no han dado a conocer su declaración patrimonial ni antes ni después de asumir el cargo, ni han mostrado la menor intención de hacerlo.
Y de los numerosos candidatos a las gubernaturas de los nueve estados en que en las próximas elecciones habrá renovación de mandatarios locales —Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora— no hay uno solo que lo haya hecho. Mucho menos alguno de ellos ha hecho las tres declaraciones de gran interés público que proponen Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Esto es de intereses, impuestos y patrimonial, las cuales permitirían no sólo saber qué bienes poseen —y a partir de ello detectar enriquecimiento ilícito— sino también si pagan los impuestos que les corresponden y si ellos o sus parientes directos tienen intereses en actividades o empresas a las cuales pudieran beneficiar desde el poder.
Los ciudadanos, pues, seguimos con una venda en los ojos respecto a las riquezas y los no siempre muy claros manejos de quienes nos gobiernan.
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