Chetumal, 15 de septiembre
(Cambio22)
El Congreso del Estado nombró a María Elena Ceballos Cardeña como integrante del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de Quintana Roo, para cubrir la vacante que dejó por renuncia Yaneth Faisal Padrón, al mismo tiempo que recibió la primera renuncia de una jueza electa.
La funcionaria era la secretaria privada de la gobernadora del estado, Mara Lezama Espinosa, y antes fue su secretaria particular, además de que haber colaborado con ella en el ayuntamiento de Benito Juárez, como oficial mayor del DIF municipal, coordinadora administrativa del Instituto Municipal de la Juventud y encargada de despacho de la Dirección Municipal del Deporte.
También tiene experiencia previa como oficial mayor del Congreso del Estado, directora Administrativa de la Secretaría de Gobierno y directora Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena, en el sexenio de Roberto Borge Angulo.
Ceballos Cardeña fue nombrada para el período del 15 de septiembre del 2025 al 31 de agosto del 2032, pues cubre el período para el que originalmente fue nombrada Yaneth Faisal Padrón, quien renunció al quinto día posterior a su nombramiento y toma de posesión como integrante del Órgano de Administración Judicial.
Tal renuncia marcó la primera crisis en esa institución, pues se dio en el contexto de argucias legales del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Heyden Cebada Rivas, para invadir y usurpar mediante una Junta de Coordinación las facultades de administración del personal y las finanzas que corresponde exclusivamente al Órgano de Administración Judicial, cuya sede también fue movida de Chetumal a Cancún para mantener el control personal sobre él.
Al mismo tiempo que se realizó el nombramiento, en la sesión ordinaria de este lunes el Congreso del Estado también recibió la notificación de que la abogada María Fernanda Bobadilla Álvarez Malo renunció al cargo de Jueza Penal de Control con Especialización adicional en Justicia para Adolescentes, a pocos días de haber sido adscrita al Juzgado de Juicio Oral Penal con sede en Cancún.
La renuncia se dio a conocer mediante oficio enviado por el presidente del Órgano de Administración Judicial, Rafael Manuel Ponce Pacheco, donde no se precisa la fecha de la dimisión, pero fue antes de que cumpliera su primera quincena con el nombramiento de jueza.
La notificación se realizó a la Legislatura por disposición legal, y la renuncia fue aceptada con la votación de los diputados y diputadas, y se ordenó al Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) que le informe a quien corresponde ocupar la vacante, entendiéndose que podría asignarse a una persona que obtuvo la mayor votación después de ella, que sería de la lista del Poder Legislativo, que fue el segundo lugar después de la del Poder Ejecutivo, y en caso de no haberla allí, sería de la lista del Poder Judicial, que quedó en el tercer lugar.
No obstante, la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial también faculta al Órgano de Administración Judicial a nombrar a personal que funja temporalmente como personas juzgadoras en los órganos jurisdiccionales ante la imposibilidad material de cubrir su vacante por falta absoluta.
Sin embargo, todo indica que el presidente del Tribunal de Justicia del Estado, Heyden Cebada, meterá las manos para nombrar a los encargados de los juzgados vacantes, dada la invasión de atribuciones que ha puesto en marcha mediante la Junta de Coordinación que creó con tal fin.
De eso ya había dado un aviso en marzo pasado, cuando pidió una reforma a los artículos transitorios de la Ley Orgánica ahora abrogada para incluir una disposición que facultaba al Tribunal Superior de Justicia y al Órgano de Administración Judicial para realizar el nombramiento del personal en funciones de los juzgados vacantes y que permanecieran allí hasta la siguiente elección, invadiendo funciones exclusivas del órgano administrativo.
Por el momento, con la renuncia de María Fernanda Bobadilla Álvarez Malo ya son dos los juzgados vacantes, puesto que antes se quedó sin titular un juzgado de control y de sistema tradicional en materia penal, porque al ganador del cargo, Iván Manuel Ayuso Osorio, le cancelaron la constancia de mayoría debido a que no presentó su informe de gastos de campaña.
