Juan Juárez Mauss
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En lo oscurito, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes pagó 97 millones de pesos a los integrantes del ejido Bacalar por las 37.9 hectáreas que ocupa la vía Bacalar-Felipe Carrillo Puerto, mientras tanto a sus homólogos del ejido Chetumal aún no se le hace efectivo el pago por las tierras que invade la terminal aérea de Chetumal y no se tiene para cuándo puedan cobrar sus 141 hectáreas.
El pago que se realizó a los miembros del ejido Bacalar fue hecho bajo ciertas reglas de los funcionarios federales para que no difundieran el pago respectivo pues esto alentaría no solo sus homólogos de la ciudad de Chetumal, sino también a ejidos de los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, quienes también mantienen juicios en contra de la dependencia por invasión de tierras de su propiedad.
Lo único que parece que les queda a los ejidatarios de Chetumal después de ocho años peleando legalmente el pago de sus tierras, es hacer los mismo que hicieran los campesinos bacalarenses para presionar que la SCT les pagara: bloquear las instalaciones de la dependencia y buscar que al fin se haga el avalúo comercial de las tierras a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), y posteriormente hacer el pago respectivo.
Pues la justificación de la SCT por la falta de pago es no tener recursos para llevarlo a cabo, ya que el costo del estudio es de 961 mil 891 pesos, que determinará la indemnización para el Ejido Chetumal.
A finales del marzo se le entregó la cantidad de 414 mil pesos a cada uno de los 165 integrantes del ejido de bacalar, dejando para proyectos a futuros 12 millones de pesos en las arcas de la agrupación.
De la misma manera se supo que a otro de los ejidos que se les hizo valido el pago de sus tierras fue a Juan Sarabia, en donde 200 campesinos recibieron el pago de 90 hectáreas, aunque la cantidad de dinero entregado se desconoce.
Con estos antecedentes, tal parece que a los miembros del ejido Chetumal les queda como último recursos bloquear permanentemente las oficinas centrales de la delegación de la SCT en Quintana Roo, o el acceso principal a la terminal aérea, tal y como lo han manifestado en meses pasados.