Si analizamos el presupuesto que tienen a su disposición en el Congreso de Quintana Roo, uno da por hecho que los 25 diputados cuentan con asesores altamente capacitados que los guíen como perros lazarillo cuando tengan en sus manos iniciativas complejas, como ocurrió con la “Ley Antimarchas”.
Tan sólo en 2013 nuestro Poder Legislativo ejerció 338 millones 942 mil pesos. Nada de economías, nada de ajustes. Y en tales condiciones uno espera resultados a la medida del presupuesto que disfrutan, mientras otras dependencias sufren por las reducciones presupuestales que impactan en sus programas y ritmo de actividades, condenándolos prácticamente a la parálisis.
Por ello me decepciona el triste papel que ha jugado la mayoría priista que aprobó con sus aliados la denominada Ley de Ordenamiento Social (conocida popularmente como Ley Antimarchas), a fin de meter en cintura a los manifestantes que han llegado a extremos inaceptables, afectando a terceros.
Una vez aprobada a ciegas esta ley –por ello el planteamiento inicial de los perros lazarillo – por los diputados del PRI, PVEM y demás aliados de la chiquillada, el gobernador Roberto Borge hizo un alto en el camino para someter a análisis la ley, antes de proceder a su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Raúl Labastida Mendoza, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, inició con su equipo de expertos esa revisión a fondo para sacar las castañas del fuego, detectando los flancos autoritarios y vulnerables de la ley impulsada por el novato diputado priista Juan Carrillo Soberanis.
El Congreso del Estado quedó en ridículo porque todo el equipo a su disposición no fue capaz de detectar en su momento los flancos vulnerables de esa ley, respondiendo tan irresponsablemente con la especialidad de la casa: votar a favor.
Obligada es la evaluación a fondo del equipo de asesores lazarillo que no estuvieron a la altura del desafío para evitar que los diputados del PRI fuesen atropellados en bloque. Porque se confirma con este desenlace que los asesores y personal técnico de apoyo tan sólo están de adorno.
La lección debe ser asimilada por el Poder Legislativo, obligado a asumir sus funciones para detectar vulnerabilidades en las iniciativas que son enviadas a sus dominios.
