Desde los Once Pasos
Javier Chávez Ataxca
Segunda parte
Una zona de nubes negras envuelve los últimos minutos de Rossina Maribel Castillo Rodríguez, muerta la tarde de 31 de mayo de 2021 en un tramo carretero del municipio de Bacalar cuando iba al volante de un Aveo su esposo “El Chepe” José Alfredo Contreras Méndez, metido de lleno en los últimos días de su exitosa campaña para retornar a la silla municipal de la laguna de los siete colores.
Ella murió en el lugar del impacto y “El Chepe” salió gravemente lesionado, pero la Fiscalía General del Estado tendió su manto protector sobre el candidato lanzado por el gobernador Carlos Joaquín González, cerrando el acceso a la verdad histórica para echar tierra al expediente que se reactiva en esta circunstancia electoral por presión familiar.
“El Chepe” guarda en la memoria los segundos fatales del accidente que no debió ocurrir porque no hay otro vehículo involucrado y no estalló un neumático, por lo que cobra fuerza la versión de que conducía alcoholizado a exceso de velocidad, y la gota que derramó el vaso mortal fue su discusión con su esposa Rossina, a quien sometía a violencia familiar.
Marco Antonio Castillo Tun, padre de Rossina Maribel, interpuso ante la Fiscalía una denuncia por “homicidio culposo y violencia familiar”. En la denuncia se hace constar que “El Chepe” tiene “problemas de manejo de ira” y tenía problemas con su hija, a quien maltrataba al perder la cabeza.
La agencia foránea en Bacalar del Ministerio Público rechazó una tras otras las peticiones de don Marco Antonio Castillo para investigar el accidente, ya que se había blindado al candidato de la coalición PRI, PAN, PRD y el sepultado engendro joaquinista Confianza por Quintana Roo.
Pero aún no queda firme el no ejercicio de la acción penal acordado por sus pistolas por la Fiscalía General dirigida por Óscar Montes de Oca Rosales, quien dejó la papa caliente al chiapaneco Raciel López Salazar.
Un especialista en derecho sostuvo que el Código Nacional de Procedimientos Penales permite a la parte ofendida presentar un medio de defensa para combatir el no ejercicio de la acción penal. Además hay la opción de presentar un recurso de inconformidad ante un Juez de Control, quien determinará si procede la investigación.
Y si el Juez diese la razón a la Fiscalía, la parte ofendida puede recurrir a una demanda de juicio de amparo.
