Anwar Moguel
(Politicaqr.com)
Con un costo al erario de 201 millones de pesos anuales, los organismos “fiscalizadores” del gobierno estatal representan un cuantioso gasto sin ofrecer, a cambio, resultados que justifiquen su manutención, ya que la corrupción dentro de las secretarías y dependencias estatales, así como en los gobiernos municipales pasa desapercibida.
Por ejemplo, la rimbombante Secretaría de la Gestión Pública, antes conocida como la Contraloría del Estado, dilapidó en este 2014 la nada despreciable cantidad de 82 millones 093 mil 514 pesos, recursos que en su mayor parte fueron destinados al pago de nómina de su pesada burocracia y a la ejecución de algunas auditorías que, como regla común, nunca encuentran irregularidades en el desempeño de los servidores públicos.
Su labor más relevante, al parecer, es expedir constancias de no inhabilitación a quienes buscan empleo dentro del sector público.
Es el país de los sueños, un reino maravilloso dirigido por el adormilado Gonzalo Herrera Castilla, que se ha especializado en el arte de simular que trabaja en cualquier cosa, menos en lo que debe, dirigiendo a un grupo de modorros empleados que siguen el ejemplo de su jefe.
Las intervenciones de la ex contraloría en sonados actos de corrupción se pueden contar con los dedos de una mano, y de las sanciones ni hablar: funcionarios de medio y alto nivel que han sido exhibidos en la transa descarada, no son tocados ni con el pétalo de una rosa.
Para muestra un botón: se fueron sin rasguño alguno los ex alcaldes capitalinos Andrés Ruiz Morcillo y Carlos Mario Villanueva Tenorio, así como sus tesoreros y principales colaboradores que dilapidaron las finanzas municipales.
También voraces titulares de dependencia como Eduardo Patrón Azueta que arrasó con el dinero de los descuentos de nómina del magisterio, Omar Escalante que dio latón en lugar de oro en medallas al mérito deportivo, y Normando Medina Castro que dejó en la ruina la Cojudeq. Todos casos muy sonados, pero que no levantaron a Gonzalo Herrera de su larga siesta.
Por su parte la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo) nos sale aún más cara, a pesar de que algunas de sus funciones son también realizadas por Gestión Pública. En el 2014 se le asignó un presupuesto de 108 millones 840 mil 814 pesos aplicados de la manera más ineficiente posible, ya que la Aseqroo en nada cumple con su misión.
En su portal oficial de Internet señalan como misión: “garantizar una adecuada fiscalización en el manejo de los recursos públicos, impulsando la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, promoviendo la confianza ciudadana en sus instituciones”, objetivo que se escucha bonito y ambicioso pero que no se ha cumplido en absoluto.
Porque el manejo oscuro del dinero público en algunas dependencias y en ciertos municipios es la norma, pero los responsables salen limpios porque las auditorías se maquillan a modo para exonerar a los servidores públicos culpables.
Lo mismo que ocurre en la Secretaría de la Gestión Pública, donde las inhabilitaciones, si se dan, siempre se aplican a funcionarios de bajo nivel quienes cargan con las culpas de los intocables peces gordos.
Gonzalo Herrera Castilla, y el Auditor Superior, Emiliano Novelo Rivero, están lejos de lograr la “confianza ciudadana en las instituciones” y de fortalecer la “cultura de la transparencia”, banderas que ambos pregonan con peculiar orgullo a pesar de que tienen poco para presumir.
De acuerdo con sus informes, en la entidad no existen prácticas corruptas, ni servidores públicos con mal desempeño, mucho menos gobiernos depredadores de recursos públicos. Y mientras ellos pernoctan en sus oficinas cobrando jugosos sueldos inmerecidos, el estado se colocó en el cuarto lugar nacional de corrupción según la última Encuesta Nacional de Impacto y Calidad Gubernamental.
