Chetumal, 27 de enero de 2025
(Francisco Hernández/Cambio 22)
José Luis Pech Galera se declaró culpable en un caso de la “Estafa Maestra” que involucró a instituciones de Quintana Roo, por lo cual una juez federal lo condenó a 8 meses con 29 días de prisión, por el desvío de 20.1 millones de pesos que había recibido de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) cuando fue rector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo (Upqroo), en el gobierno de Roberto Borge Angulo.
Pech Galera no ingresará a prisión por el momento, porque la pena es conmutable por trabajos para la comunidad, y aunque fue condenado también al resarcimiento del daño al erario por 20 millones 100 mil pesos, la juez indicó que por ahora no lo debe hacer debido a que todavía hay otros dos procesados por el caso.
Esos coprocesados son José Antolino Orozco Martínez, exfuncionario de la Sedesol; y Martha Lidia Montoya Santos, exdirectora de Tesorería de la Sedatu.
Pech Galera, quien es hijo del diputado local y dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, José Luis Pech Várguez, recibió de la Sedatu esa cantidad de dinero como rector de la Upqroo en el 2015, “para elaborar un diagnóstico sobre el potencial productivo del territorio, vivienda y desarrollo agrario”, pero subcontrató el servicio con 8 empresas, de las cuales en una él mismo era el apoderado legal.
Mediante la que se considera una “empresa fantasma” que creó con una de sus empleadas, Pech Galera se llevó 6.8 millones de pesos de los recursos federales.
No es el único caso en Quintana Roo involucrado en la “Estafa Maestra” ni el más grande, puesto que también se juzgaron penalmente desvíos por más de 743 millones de pesos mediante 84 contratos con “empresas fantasma” por servicios de difusión y materiales institucionales que no se realizaron en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), de los que se imputó a Jorge Acevedo Marín, su exdirector general, y Gerardo Vázquez Handall, su exdirector administrativo, sólo que éstos libraron la condena en el 2023 al ser absueltos.
Cabe destacar que a Acevedo Marín y Vázquez Handall los procesó un juez del Poder Judicial de Quintana Roo (que el momento de la absolución, por cierto, ya era presidido por el magistrado Heyden Cebada Rivas), con un expediente que integró la Fiscalía Anticorrupción local (entonces encabezada por Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo), cuyas pruebas aportadas no se consideraron suficientes para condenar a ambos exfuncionarios.
Mientras, el caso de José Luis Pech Galera lo llevó un juzgado federal, ubicado en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur de la Ciudad de México, por denuncia de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que hay duda fundada de la calidad del proceso penal llevado en el estado para el caso del SQCS, donde la estafa fue mayor pero quedó impune.
No hay que dejar pasar también que la principal responsable de la “Estafa Maestra”, Rosario Robles Berlanga, que era la titular de la Sedatu, fue absuelta en el 2023 por la inexistencia de pruebas suficientes para sustentar la acusación en su contra.
En el caso de Pech Galera, la juez federal Alejandra Domínguez Santos emitió el fallo como producto de un procedimiento abreviado, es decir, de una negociación en la que Pech Galera acordó declararse culpable, a cambio de que la FGR solicitara imponerle la pena mínima más un descuento adicional al castigo y así evitar llegar a juicio.
Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) impugnó el fallo, porque sostiene que la sentencia viola el principio de legalidad, ya que transgrede los derechos de la víctima, que en este caso es el gobierno.
En el caso contra José Luis Pech Galera, la imputación refiere que como rector de la Upqroo subcontrató el 100 % de los servicios con 8 empresas, violando la Ley de Adquisiciones, que sólo permite subcontratar el 49 % del total.
Esas razones sociales eran: Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular, Comercializadora DW Prisma; Infotecnick; AM Sistemas Informáticos, Competencias y Habilidades para el Trabajo, Asociación Civil; Mars, Integradores en Telecomunicaciones e Informática, Custom Performance e Integración Documental.
La FGR señaló en su momento que Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular, empresa a la que pagaron 6.8 millones de pesos, resultó ser una empresa en la que Pech Galera era apoderado legal.
Cuando los recursos le fueron depositados, dicha razón social adquirió 3 camionetas Mazda CX3 y una camioneta Mazda CX9, por un total de 1 millón 559 mil 800 pesos, y con el resto del dinero, hizo transferencias a distintas empresas.
José Luis Pech Galera sería el quinto exfuncionario que se conoce que ha sido condenado por su participación en la “Estafa Maestra”, de los cuales el primero fue Ezequiel Saúl Orduño Morga, quien fungió como delegado de la Sedesol en el estado de Chiapas, y que también se declaró culpable como una negociación para obtener una pena mínima, que fue de 6 meses de prisión, y que fueron conmutados por una multa y servicio comunitario.
Luego, en el 2024 fueron condenados Antolino Orozco Martínez, exdirector de Geoestadística y Padrón de Beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); Luis Antonio Valenciano Zapata, apoderado de la empresa Inmobiliaria Feyray S.A. de C.V.; y María N, una exfuncionaria de la Sedesol de menor rango.
Pero a pesar de ser el caso de corrupción más emblemático del sexenio de Enrique Peña Nieto, con un estimado de 7 mil 670 millones de pesos desviados, sólo esos constados castigados se cuentan hasta el momento, pese a los 25 expedientes que abrió la FGR contra exfuncionarios, mientras en Quintana Roo el Poder Judicial y la Fiscalía Anticorrupción dejaron caer el caso más grande por casi 800 millones de pesos desviados en el SQCS.
