ONCE PASOS
Javier Chávez Ataxca
El baño de sangre es como uno de sol en las playas de Quintana Roo, por lo habitual. Esta violencia fuera de control no sólo golpea a destinos turísticos de la zona norte –como Cancún y Playa del Carmen–, porque azota más al sur: en el municipio maya de Felipe Carrillo Puerto y en Chetumal, nuestra capital fronteriza con Belice.
Sea Fiscal de casa o procedente de otros confines, como ahora el Fiscal chiapaneco Raciel López Salazar, la violencia se impone con una gama de delitos que incluye ejecuciones, privaciones de la libertad y cobro del llamado “derecho de piso”.
El pasado martes, familiares y amigos de una señora chetumaleña de 65 años se manifestaron a la entrada de la Fiscalía General, en demanda de una investigación inmediata que permita su localización con vida. La víctima fue sacada de su tienda de abarrotes a la fuerza por un grupo de delincuentes y su paradero es una incógnita. Y así otras desapariciones que se acumulan.
Las ejecuciones y la ley de los delincuentes son la nueva normalidad en un estado que por generaciones disfrutó una paz envidiada por el resto del país, por la escasa población del estado creado por el Presidente Luis Echeverría en 1974.
Los crímenes fluyeron con gotero y fueron en ascenso imparable en el mandato del último gobernador de la era PRI en esta tierra maya caribeña: Roberto Borge Angulo, preso en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial del estado de Morelos y que gobernó de 2011 a 2016, cuando llegó la alentadora alternancia.
Borge fue conmocionado porque le mataron a balazos en Cancún a su director de Gobernación, Isaías Capeline Lizárraga; con él murió en la camioneta Ford Lobo su escolta Ángel Casillas, el 14 de julio de 2016 al mediodía. Para entonces ya era gobernador electo su enemigo Carlos Joaquín González, a quien Borge cerró todos los espacios en el PRI para orillarlo a ser candidato a la gubernatura por la coalición formada por PRD y PAN. De esas maldades que se agradecen.
Con Carlos Joaquín la violencia aumentó por el crimen organizado cuyo potencial mortífero ha sido una interminable pesadilla de la vida real, pese a la aclamada contratación de un Fiscal con notas positivas en el gobierno de la Ciudad de México: Óscar Montes de Oca Rosales, quien había sido Fiscal Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro.
Avalado por el Congreso local controlado por Carlos Joaquín, Montes de Oca debía permanecer nueve años y se iría hasta el 11 de diciembre de 2027, pero la gobernadora morenista Mara Lezama decidió su salida por los malos números de la Fiscalía.
El nuevo Fiscal, peor que la enfermedad
Pero con Raciel López Salazar el remedio resultó peor que el tumor cancerígeno, aunque el ungido ya conocía Quintana Roo porque venía de una encomienda donde fue un fantasma en reposo: delegado de la Fiscalía General de la República, con sede en Cancún.
El actual Fiscal había sido Procurador General en su natal Chiapas, delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de México y Secretario de Seguridad Pública en Puebla, con el ya fallecido gobernador morenista Miguel Barbosa Huerta.
Tal como ocurrió con su antecesor Óscar Montes de Oca, el Fiscal Raciel López Salazar no puede con la violencia que no respeta a los llamados especialistas que llegan y se van, dejando al paciente en peores condiciones pese a la multimillonaria inversión para sanarlo.
