Ajuste de Cuentos
Ángel Solís
El Partido Verde ha comenzado con el juego rudo contra la alcaldesa playense Lili Campos Miranda y el objetivo es claro: apoderarse del municipio de Solidaridad al precio que sea, y ante la falta de capital político de su virtual candidata Estefanía Mercado, las carpetas de investigación y hasta la detención de funcionarios cercanos a la edil serían camino a seguir para debilitarla e intentar hacerla caer el próximo 2 de junio.
Vendido como el mesías que iba a combatir y acabar con la delincuencia que controla el estado desde Cancún hasta Chetumal, el chiapaneco Raciel López Salazar relevó al chilango Oscar Montes de Oca Rosales a finales de junio de 2023 en la Fiscalía General del Estado, y a poco más de seis meses de su designación, la zona sur del estado se ha convertido en un tiradero de cadáveres y festín de levantones y personas “desaparecidas” que difícilmente puedan ser halladas con vida.
En los meses que tiene en el cargo el único «logro» que ha tenido es un aumento de 46 por ciento al presupuesto de la Fiscalía General del Estado, el cual cuenta para este 2024 con mil 415 millones de pesos, por lo cual no puede salir con el mismo pretexto que su antecesor, quien justificaba la falta de resultados en la falta de recursos.
Pero tal parece que el abogado chiapaneco no llegó a Quintana Roo a combatir la delincuencia y mucho menos a disminuir el porcentaje de los delitos que ocurren a diario en todos los municipios del estado. Todo hace ver que fue enviado como brazo ejecutor del Partido Verde, del cual fue diputado federal por su estado y tan cercano al exgobernador Manuel Velasco Coello, tanto que lo apodaban “su guardaespaldas de confianza”.
A falta de capital político y mucha, demasiada novatez en los cuadros verdes que ocupan cargos públicos de primer nivel o buscan lograrlo, tener el control de la procuración de justicia en un estado donde son quienes tienen el poder, es la clave para apoderarse de la silla estatal en 2027 o antes, si le llega a Mara Lezama alguna invitación presidencial para ser parte del gabinete.
Su postura ante el desalojo del pasado jueves por parte de elementos de la policía municipal en Playa del Carmen de personas que estaban invadiendo un valioso predio en la zona del ejido conocida como “Las Torres”, puso en evidencia la actuación de la Fiscalía General ante estos hechos, donde se lavó las manos y rechazó que elementos de la policía ministerial hubieran intervenido en el aseguramiento del predio donde se presentaron actos de violencia y algunos heridos, afirmando que ya se dio inicio a una carpeta de investigación por estos hechos.
Por su desconocimiento de las leyes del estado, quizás Raciel López no sepa que en Quintana Roo, desde 2008 la invasión de predios está tipificada como delito grave, con penas hasta de nueve años de prisión a las personas que sean autores intelectuales de este delito.
Se entiende la necesidad de vivienda, sobre todo en una ciudad turística como Playa del Carmen, pero en el caso de esos predios, al estar en terrenos del ejido, cuentan con dueño y las personas que han invadido solo son usadas como carne de cañón en pleno inicio del proceso electoral, donde a nivel local se renovará las 11 presidencias municipales, 15 diputaciones locales, cuatro federales y las dos senadurías.
Si en verdad el abogado chiapaneco abrió una carpeta de investigación para dar con quienes están detrás de este intento de invasión a un predio privado, debe comenzar con los hermanos Beristain Navarrete, quienes en las últimas cuatro campañas municipales sumaron simpatizantes y operadores a su grupo político con la promesa de regularizar sus predios invadidos y entregarles un título de propiedad a cambio de su apoyo.
Por cierto, en la Colosio, muchos habitantes siguen esperando que la morenista Laura Beristain cumpla su palabra de regularización.
