EN ÓRBITA
Por Marcelo Salinas
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La familia Cardona Muza dejaría de imponer su ley en Solidaridad, después de que la Cámara Nacional de Comercio (Canaco-Servytur) de Playa del Carmen, liderada por Pablo Alcocer Góngora, denunciara los abusos de la empresa Peca Vial, S.A. de C.V., en contra de miles de ciudadanos, quienes ya acusaban constantemente el saqueo de esta empresa sin concesión.
Aunque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) mantiene un tabulador con las tarifas vigentes, éste era ignorado. Por ejemplo: por arrastrar un vehículo usando una grúa tipo B el costo por el banderazo sería de 324 pesos; con un recorrido de 9 kilómetros, debería cobrar 99 pesos, sumando que el carro se guardó 30 días, a razón de una tarifa de 26 pesos por jornada, agregaríamos 780 pesos más: en total se pagarían mil 203, pero Peca Vial cobraba hasta 36 mil pesos, según una denuncia hecha pública.
De ello, ni un peso se registró en las arcas de un Ayuntamiento prácticamente en bancarrota hasta antes de la actual administración.
Solidaridad parece que pondrá el ejemplo para el resto de los municipios. Aún así no basta con suspender las operaciones de Peca Vial, pues existen otras que operan en su jurisdicción, la cual incluye los tramos federales municipalizados, entre ellas Figueroa Grúas, Grúas del Carmen y Grúas Rivera. Falta ver si estas tienen o no concesión y, lo más importante, debe blindarse el servicio con un reglamento, el cual ya fue presentado como una iniciativa de la regidora Laura Beristain Navarrete. Hasta el momento dicho proyecto no ha prosperado y, mientras la Comuna no se decida a hacerlo, esto será aprovechado por las empresas que prestan el servicio, y las que pudieran llegar, o en el peor de los casos que Peca Vial cambie de razón social y cometa de nuevo sus tropelías bajo otra denominación.
Debe recordarse que cuando dicha empresa fue objeto de múltiples reclamos en Cancún, prefirieron que dejara de llevar por nombre Grúas Cardona para rebautizarla como Peca Vial. De esa manera “limpió” su mala imagen con poco esfuerzo.
Si el Cabildo permanece sin aprobar el reglamento presentado, los perjudicados seguirán siendo los ciudadanos. Se espera que el golpe sea certero en cuanto el Cabildo apruebe el reglamento, lo cual sin duda ocurrirá en breve porque son millones los que cada año se van directo a la bolsa de sus dueños.
Desde la entrada en vigencia del Reglamento de Tránsito, la Municipalidad no ha expedido tarifas para el servicio público de arrastre, y contrario a lo estipulado, el pago de los derechos no se está realizando en las cajas de la Tesorería, sino en las empresas privadas, ignorando lo que dictan los Artículos 203 y 204 del Reglamento en cuanto a que el arrastre debe ser ejercido por las grúas de Tránsito (que no tiene), y que los gastos serán del infractor, de acuerdo con la tarifa expedida por el Ayuntamiento, la cual deberá pagarse en Tesorería. No ocurre ni uno ni lo otro.
En la práctica sería otra victoria de la ciudadanía organizada en Playa del Carmen, como ya ha triunfado en la protección de animales y en los accesos a playas, reclamos que son atendidos por la autoridad correspondiente y que también serían resueltos a favor de los habitantes.
