Déjame te Cuento
Ángel Solís
Oscuros intereses se encuentran detrás del golpeteo político contra el gobierno municipal de Playa del Carmen que encabeza Estefanía Mercado Asencio, ante la propuesta de actualizar las tablas catastrales que llevan aproximadamente 12 años sin moverse, ya que los ciudadanos que habitan viviendas populares terminan pagando más por metro cuadrado de impuesto predial que lujosos hoteles con playa.
Durante las últimas cuatro administraciones injustamente las familias playenses han tenido que pagar mucho más por metro cuadrado de su vivienda que lo pagado por los empresarios hoteleros, con el consentimiento de las autoridades del ayuntamiento y los respectivos arreglos bajo la mesa.
La intención de llevar a consulta pública la actualización catastral, abriendo mesas al diálogo con todos los sectores de Playa del Carmen, ha generado una campaña de golpeteo en contra del gobierno de Estefanía y el amague del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano para que reconsidere esta propuesta, ya que según dicen los afectaría económicamente.
Lo cierto es que esta actualización no viene a afectar en nada a los propietarios de viviendas en colonias populares, ya que la medida está enfocada a las cadenas de hoteles a lo largo de la playa, negocios y terrenos de alta plusvalía para que paguen lo que realmente les corresponde, de acuerdo al valor por metro cuadro de su propiedad.
Los hoteleros y empresarios tienen que entender que el ayuntamiento de Playa del Carmen requiere recursos para mejorar sus servicios y la infraestructura, los cuales no solo benefician a los ciudadanos playenses sino también a sus negocios.
En Quintana Roo las tablas catastrales, que sirven de base para el cobro de impuestos prediales, se actualizan anualmente y Playa del Carmen lleva 12 años sin hacerlo. La actualización se realiza considerando la evolución de la zona y los precios, y la información se publica generalmente a mediados de cada año, con vigencia para el siguiente ejercicio fiscal.
La propuesta de Estefanía es sana y está respaldada en la ley; con ella pretende acabar con más de una década de injusticia y que paguen los empresarios que obtienen millonarias ganancias, escudados en el pretexto de ser generadores de empleo, aunque a sus trabajadores los despiden cada temporada baja o lanzan a la calle a la primera crisis sin remordimientos, como en la pasada pandemia del Covid-19.
