Chetumal, 6 de julio
Redacción
Con el propósito de brindar certeza jurídica laboral y condiciones dignas al personal del Poder Legislativo, la XVII Legislatura del Estado aprobó las condiciones generales de trabajo del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, disposiciones normativas que surgen del consenso y trabajo deliberativo entre autoridades y los trabajadores.
En la sesión número 2 del Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones, presidido por la diputada Mildred Ávila Vera, las diputadas y diputados aprobaron el Acuerdo por el que la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la H. XVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba las condiciones generales de trabajo del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, reglamentarias de los artículos 97 y 98 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo.
Este acuerdo, producto de mesas de trabajo entre las autoridades legislativas y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del H. Congreso del Estado (SUTAHCE), permitirá regular y coordinar las relaciones laborales del Poder Legislativo con sus trabajadores, quienes son el recurso más valioso de esta institución.
El acuerdo fue signado por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO), el diputado Renán Sánchez Tajonar; la secretaria general del SUTAHCE Mercedes Rodríguez Ocejo y el secretario general del Poder Legislativo Benjamín Vaca González.
Previamente en la sesión número 1, la XVII Legislatura aprobó reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para que la declaratoria del inicio del proceso electoral se realice en la primera semana del mes de enero del año del proceso comicial de que se trate, lo cual generará un ahorro cercano a los 10 millones de pesos.
Con estas modificaciones se generarán importantes beneficios en términos de eficiencia y racionalidad en el gasto público, permitiendo una mejor planificación y asignación de recursos, una mayor preparación de las autoridades electorales y una reducción del tiempo y costos de las campañas electorales.
Además, se establece de forma permanente, es decir en la Ley, que el inicio de la etapa de preparación del proceso electoral sea en el mes de enero del año de la elección y no en octubre como actualmente se prevé, atendiendo al propósito de contribuir a la racionalidad y eficiencia en el gasto público, cuyos ajustes presupuestales se verán reflejados directamente en el beneficio de las familias quintanarroenses.
Por otra parte, la XVII Legislatura del Estado inició el procedimiento para designar a la persona titular de la Fiscalía General del Estado, al aprobar la conformación de una comisión plural que tendrá como encomienda, revisar de manera objetiva el cumplimiento de los requisitos de las personas aspirantes al cargo.
La Comisión Especial para la revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 96 de la Constitución Política del Estado, de las personas propuestas para integrar la lista de candidatas y candidatos al cargo de Fiscal General del Estado de Quintana Roo, estará integrada por el diputado Luis Humberto Aldana Navarro como presidente, el diputado Issac Janix Alanis como secretario y como vocales participarán las diputadas Mildred Concepción Ávila Vera, Alicia Tapia Montejo y Alfonsa Leticia Padilla Medina.
Además, para la integración de la lista de candidatas y candidatos, se emitió una convocatoria dirigida a las instituciones de educación superior públicas y privadas del estado, así como a los colegios de abogados con registro en el estado, para que presenten sus propuestas para ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado.
Entre los requisitos que marca la Constitución, se encuentran: tener ciudadanía mexicana, contar con residencia en el país no menor de cinco años anteriores a la designación, contar con licenciatura en derecho con título y cédula debidamente registrados, con antigüedad mínima de 10 años; estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, entre otros.
