Tulum, 10 de febrero de 2026
(Cambio22)
Las recientes reducciones en la nómina del gobierno de Tulum obedecen, en su mayoría, a un proceso de revisión física y administrativa aplicado en todas las direcciones generales, áreas operativas y delegaciones municipales, en el que se dio de baja a personas que no cumplían sus funciones, afirmó la directora de Recursos Humanos, Heidi Tzitzitlini Rojo Rubio.
De acuerdo con la funcionaria, el objetivo de estas acciones fue verificar que el personal registrado en el sistema de nómina coincidiera con quienes efectivamente se encontraban laborando.
Para ello, se cruzaron las plantillas oficiales con visitas directas a las áreas de trabajo y la revisión de las listas de asistencia que se entregan de manera quincenal a la Dirección de Recursos Humanos.
Como resultado de este procedimiento, se detectaron casos de personas adscritas a dependencias donde no se encontraban desempeñando funciones y que, en algunos casos, incluso eran desconocidas por los propios titulares de las áreas.
Esta situación, precisó, se presentó de manera generalizada en distintas direcciones y delegaciones municipales.
Tras concluir el proceso de verificación, se determinó la baja de más de 100 personas del sistema de nómina, al confirmarse que no realizaban funciones en las áreas donde estaban registradas.
Las notificaciones correspondientes fueron emitidas una vez agotadas las revisiones administrativas y físicas.
Sin embargo, la funcionaria no explicó cómo estos trabajadores fueron “aviadores” durante los cuatro años y cinco meses que lleva la alianza Morena-PVEM-PT en el gobierno de Tulum, de los cuales un año y siete meses fueron en los que estuvo Diego Castañón como Tesorero Municipal, bajo la presidencia municipal del fallecido Marciano Dzul Caamal, y 2 años 11 meses con Diego Castañón como alcalde.
Tampoco explicó si los trabajadores y trabajadoras con hasta 17 años de antigüedad y más, incluidas, madres solteras y madres de familia de la zona maya, también son parte de las “aviadurías” suprimidas.
Por otra parte, cabe recordar que su jefe, el Oficial Mayor de Tulum, Juan Antonio Garza Pérez, informó que hasta la segunda quincena de enero del 2026 eran 121 los despedidos.
Rojo Rubio señaló únicamente que sólo alrededor del 5 % de las personas dadas de baja se ha acercado a la dependencia para iniciar trámites de finiquito, liquidación o para aclarar su situación laboral.
También afirmó que sólo pagarán finiquito conforme a la ley a quienes logren acreditar que sí prestaron servicios y cumplan con los requisitos administrativos, mediante la llamada “hoja de ruta”, que incluye la validación de los titulares de área, la revisión de la Contraloría Municipal y el trámite ante la Dirección de Egresos.
Reconoció que, en algunos casos, este procedimiento se detiene cuando los directores de área confirman que la persona no aparece en sus controles de asistencia.
Añadió que la administración analiza la implementación de un sistema biométrico para el control de entradas y salidas del personal, aunque su puesta en marcha dependerá de la disponibilidad presupuestal.
La funcionaria también se refirió a los recortes de sueldos, sobre los cuales dijo que durante las revisiones también se detectaron sueldos asignados fuera del tabulador autorizado, algunos de ellos de forma manual, así como personal con niveles salariales que no correspondían a las funciones desempeñadas, lo que motivó ajustes adicionales para evitar un uso indebido de recursos públicos.
Sin embargo, el tabulador aplicado por la administración municipal no cuenta con la autorización del cabildo, según reconoció el Oficial Mayor en la conferencia de prensa del pasado 20 de enero.
Según la Dirección de Recursos Humanos, estas medidas han permitido una reducción de hasta 9 millones de pesos por quincena en el gasto de nómina.
Al cierre del último trimestre de 2025, el padrón municipal se ubicó en mil 711 trabajadores, cifra que se mantiene dentro de lo presupuestado para el ejercicio fiscal 2026.
Asimismo, informó que continúan en revisión trámites pendientes de finiquitos correspondientes a administraciones anteriores, como parte del proceso de entrega-recepción.
