Chetumal, 6 de abril de 2026
(Cambio22)
En una ironía administrativa que raya en el cinismo, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) se ha posicionado como la dependencia con mayor índice de inestabilidad laboral en el último bienio.
Entre 2024 y 2025, la institución encargada de vigilar que ninguna autoridad atropelle la dignidad de los ciudadanos ha echado a la calle a 46 trabajadores, transformando sus propios pasillos en un escenario de presunto terrorismo laboral y violaciones sistemáticas a los derechos que, por mandato constitucional, debería proteger.
De acuerdo con testimonios recabados bajo estricto anonimato por temor a represalias, al menos 20 de estos empleados fueron coaccionados para firmar sus renuncias. Las denuncias apuntan directamente al Oficial Mayor, Erick Poot Alcocer, quien presuntamente utiliza una consigna de corte mafioso para doblegar voluntades: “Si no renuncias, no conseguirás trabajo en ninguna otra dependencia del gobierno estatal”.
Pero la última responsabilidad apunta a la presidenta del organismo, Omega Istar Ponce Palomeque, quien autorizó estas acciones arbitrarias, sumando otro defecto más a su de por sí cuestionable labor como ombudsperson estatal.
Esta amenaza de veto o “lista negra” ha dejado a los excolaboradores en una situación de vulnerabilidad extrema, obligándolos a ceder ante la presión institucional para no ver cerradas las puertas del sector público en el futuro.
Por el concepto de indemnizaciones y finiquitos de los 46 despedidos, la Comisión erogó apenas un millón de pesos en total; una cifra que promedia poco más de 21 mil pesos por persona.
Esta cantidad resulta irrisoria para profesionales que dedicaron años a la defensa de víctimas del Estado. La desproporción es flagrante cuando se contrasta con los jugosos viáticos y sueldos que percibe la alta burocracia del organismo, mientras que a la base trabajadora se le liquida con migajas.
La desvalorización de la vida humana dentro de la Cdheqroo quedó evidenciada con el manejo de las pólizas de seguro. Tras el fallecimiento de un trabajador en funciones, la institución apenas entregó 200 mil pesos a los deudos, una suma que los afectados consideran una limosna frente a la responsabilidad del cargo.
Mientras la Comisión exige a las corporaciones policiales y ayuntamientos el respeto irrestricto a la ley, en casa aplica un régimen donde el trabajador es desechable y su estabilidad es moneda de cambio para intereses políticos
