Diego Castañón entrega las finanzas de Tulum al dirigente del Verde
Tulum, a 6 de julio de 2026
(Diario Cambio22)
En sesión extraordinaria celebrada este domingo en formato virtual, el Cabildo de Tulum aprobó el nombramiento de Raziel Ek Cruz como nuevo tesorero municipal, luego de la renuncia presentada Vicente Francisco Aldape Moncada, quien fue detenido por portación de armas de fuego, delito federal por el que fue puesto en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).
La Decimosegunda Sesión Extraordinaria del ayuntamiento de Tulum, encabezada por el presidente municipal Diego Castañón Trejo, tuvo como único punto de la orden del día este cambio obligado en la Tesorería Municipal.
En la sesión se leyó ante las y los integrantes del ayuntamiento el oficio con el cual Vicente Francisco Aldape Moncada presentó su renuncia al cargo de tesorero municipal con fecha 3 de julio de 2026.
Asimismo, se expuso que Raziel Ek Cruz también presentó su renuncia como director de Catastro del Municipio de Tulum, cargo que venía desempeñando desde el 2021.
En la sesión se dijo que Raziel Ek Cruz cumple con los requisitos para ocupar la titularidad de la Tesorería Municipal.
Sin embargo, el peso mayor lo tiene su relación cercana y de complicidad con el alcalde de Diego Castañón, que dada de cuando éste fue dirigente municipal del PVEM, además de que actualmente el propio Ek Cruz es el dirigente del Partido Verde en Tulum, cargo que asumió en octubre de 2025.
Por ser dirigente municipal del PVEM en Tulum Diego Castañón llegó a la posición de suplente del presidente municipal Marciano Dzul Caamal y cuando inició la administración de éste en 2021 fue nombrado Tesorero Municipal.
Ya como tesorero, Diego Castañón designó a Raziel Ek Cruz como director de Catastro, puesto que siguió ostentando en la nueva administración que obtuvo Castañón en 2024 disfrazándose simuladamente de los colores de Morena.
Pero la relación entre ambos directivos del PVEM es tan cercana que en octubre del 2025, mismo mes uando Ek Cruz fue nombrando dirigente municipal del partido en Tulum, Diego Castañón nombró a la esposa de este, Lizbeth García Morales, como presidenta honoraria del DIF, en lugar de su propia consorte, Paulina Quiroga, quien prefirió irse de Tulum y regresar a su terruño, en el estado de Nuevo León, motivo por el cual cada fin de semana el alcalde viaja a ese estado norteño con cargo al erario.
En este momento, Raziel Ek Cruz tiene como principal misión modificar las tablas de valores catastrales del suelo y las construcciones de Tulum, a fin a elevar el costo del Impuesto Predial a las familias y las empresas del municipio, por lo que dicho proyecto es la principal razón por la cual fue nombrado como tesorero municipal en lugar del caído en desgracia Vicente Aldape.
Precisamente la semana pasada Raziel Ek Cruz inició una serie de reuniones con unos pocos miembros del empresariado, la hotelería y de los profesionistas del municipio, para simular las consultas ciudadanas que obliga a realizar la ley antes de proponer cambios a los valores que se usan como base para el cálculo del Impuesto Predial.
Pero además, se trata de un personaje muy criticado y de imagen muy desgastada en la administración, pues la propia base trabajadora lo señala de corrupción, nepotismo y hasta privilegios a familiares a partir de la posición que ostentó más de cuatro años como director de Catastro y allegado del alcalde Diego Castañón.
Uno de esos señalamientos es que Raziel Ek Cruz y su esposa Lizbeth García, la presidenta honoraria del DIF Municipal, rasuran el padrón de beneficiarios de despensas para incluir a familiares y amigo que forman parte del Partido Verde en Tulum, en complicidad con Heidi Rojo, la directora de Recursos Humanos, quien también es parte del PVEM y estuvo al frente de la ola de despidos por la cual dieron de baja a más de 120 trabajadores.
Otro es más grave, porque involucra una denuncia penal, en la que se le señala de haber sido parte de una operación fraudulenta para despojar de un predio de alto valor ciudadano Héctor Castaño, con acciones realizadas desde la Dirección de Catastro Municipal..
Durante la sesión de Cabildo, sólo la síndica municipal, Rifka Queruel Nussbaum, hizo observaciones sobre el procedimiento y señaló la importancia de contar con información suficiente, antecedentes institucionales y elementos documentales completos para emitir un voto plenamente informado, debido a la relevancia del cargo y sus implicaciones en materia de hacienda pública, patrimonio y cuenta pública municipal.
Casualmente, la intervención de la síndica fue saboteada por la Dirección de Comunicación Social con fallas técnicas de internet durante la transmisión, por lo que solicitó que su participación quedara debidamente asentada en el acta correspondiente.
Cabe mencionar que la gestión de Vicente Francisco Aldape Moncada como operador de Diego Castañón en las finanzas municipales no fue eficiente, pues aunque ya de por si las decisiones tomadas por su superior son cuestionables, la ejecución que estuvo a su cargo se realizó torpemente y con ilegalidades.
Como ejemplo está el crédito de 50 millones de pesos, el cual contrató pero no inscribió esta deuda en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como tampoco publicó el contrato firmado con el banco Banorte, en violación flagrante de la Ley de Disciplina Financiera.
Asimismo, engañó a los tulumneses con total descaro cuando les dijo que la mayoría de ese crédito se había usado para pagar aguinaldos y prestaciones de fin de año antes de la Navidad, cuando en realidad los 50 millones pasaron el Año Nuevo guardados en la cuenta de banco del crédito.
Asimismo, Vicente Aldape omitió calcular y publicar en el Periódico Oficial del Estado a más tardar el 31 de diciembre la tarifa aplicable para el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), por lo que legalmente no lo puede cobrar a las familias y las empresas en el 2026, pero sigue aplicando el cobro ilegal como un porcentaje del consumo eléctrico en las facturas de la CFE, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya le sentenció a la comuna que ese cobro es inconstitucional.
