Lupa a finanzas de Playa del Carmen tras detectar pasivos por 890 MDP
(Diario Cambio 22)
El manejo financiero del Ayuntamiento de Playa del Carmen quedó bajo investigación ante la existencia de pasivos circulantes por casi 890 millones de pesos y las observaciones detectadas después de la salida de Javier Regalado Hendricks de la Tesorería Municipal.
La presidenta municipal, Estefanía Mercado, advirtió que las revisiones no se limitarán al extesorero, sino que abarcarán a funcionarios de la actual y anterior administración que pudieran haber incumplido sus responsabilidades en el manejo de los recursos públicos.
Al ser cuestionada sobre las posibles consecuencias legales para los involucrados, la alcaldesa aseguró que su gobierno llegará “hasta las últimas consecuencias” si el Órgano Interno de Control encuentra elementos que acrediten irregularidades o posibles conductas delictivas.
“Si obviamente encontramos algún delito, claro que se van a presentar las respectivas denuncias”, declaró.
Mercado sostuvo que no habrá protección para ningún funcionario, aunque precisó que corresponde al órgano de control realizar las investigaciones, revisar la documentación y determinar si existen elementos suficientes para iniciar procedimientos administrativos o presentar denuncias ante las autoridades competentes.
El caso adquirió mayor relevancia por la situación financiera documentada en el Ayuntamiento. Los estados financieros correspondientes al 31 de marzo de 2026 reportaron pasivos circulantes por 889 millones 811 mil 64 pesos.
De esa cantidad, 735 millones 197 mil 649.64 pesos correspondían a cuentas por pagar a corto plazo, compromisos que presionan la liquidez municipal y que deberán ser revisados para conocer su origen, justificación y fecha de contratación.
Estas cifras no demuestran por sí mismas la comisión de algún delito, pero obligan a determinar qué bienes y servicios originaron las obligaciones, quiénes autorizaron los gastos, qué proveedores aparecen como beneficiarios y si las operaciones cumplieron con la normatividad.
La investigación también deberá establecer qué proporción de los pasivos corresponde a compromisos heredados de la administración anterior y cuánto fue generado durante la actual gestión municipal.
El tesorero Guillermo Brahms González confirmó que las observaciones encontradas durante el proceso de entrega-recepción fueron turnadas al Órgano Interno de Control, instancia que deberá revisar cada señalamiento y garantizar el derecho de audiencia de Javier Regalado Hendricks.
Brahms evitó revelar públicamente la naturaleza específica de las observaciones para no interferir con el procedimiento en curso.
Por esa razón, hasta ahora no se conoce si los señalamientos corresponden a inconsistencias administrativas, ausencia de documentación, pagos pendientes, contratos, movimientos presupuestales o posibles actos con implicaciones penales.
Tampoco se ha informado cuánto dinero está directamente relacionado con las observaciones ni si la totalidad de los pasivos municipales se encuentra bajo investigación.
Javier Regalado Hendricks presentó su renuncia irrevocable como tesorero municipal el 21 de mayo de 2026, argumentando motivos personales y profesionales.
Un día después, el Cabildo aprobó por unanimidad el nombramiento de Guillermo Brahms González como nuevo responsable de la Tesorería Municipal.
La salida de Regalado adquirió una dimensión distinta cuando comenzaron a conocerse las observaciones detectadas durante la entrega de la dependencia y la magnitud de los compromisos financieros registrados por el Ayuntamiento.
Sin embargo, la existencia de observaciones administrativas no equivale a una responsabilidad comprobada. El procedimiento deberá establecer si el extesorero actuó dentro de sus facultades, si contó con las autorizaciones correspondientes y si la documentación disponible respalda las operaciones efectuadas durante su gestión.
La revisión también tendrá que identificar a las áreas que solicitaron los gastos, los funcionarios que autorizaron contratos, quienes validaron la entrega de bienes o servicios y las personas responsables de tramitar los pagos.
Esto se debe a que el ejercicio del gasto público municipal no depende exclusivamente de la Tesorería, sino de una cadena de decisiones y autorizaciones en la que pueden intervenir distintas dependencias y servidores públicos.
“No es únicamente el extesorero, es prácticamente todos los funcionarios públicos que no hayan hecho las cosas de manera correcta”, puntualizó Estefanía Mercado.
La declaración amplía el alcance político y administrativo del caso, debido a que las investigaciones podrían involucrar tanto a integrantes del actual gobierno como a servidores públicos de la administración anterior.
El Órgano Interno de Control deberá diferenciar entre obligaciones financieras legalmente adquiridas, deficiencias administrativas, documentación faltante y operaciones que pudieran haber causado un daño al patrimonio municipal.
Aunque Mercado empleó un discurso firme contra las posibles irregularidades, hasta el momento no se ha informado de denuncias penales presentadas contra Javier Regalado Hendricks ni contra otros funcionarios.
La actuación legal dependerá de los resultados de la investigación y de la existencia de pruebas suficientes para sostener cualquier acusación ante las autoridades competentes.
El Ayuntamiento deberá transparentar, una vez concluidos los procedimientos, el número de observaciones, las cantidades involucradas, las áreas responsables y las acciones emprendidas para recuperar posibles daños patrimoniales.
También tendrá que explicar cómo enfrentará los pasivos circulantes por 889 millones 811 mil 64 pesos y, particularmente, las cuentas por pagar a corto plazo por 735 millones 197 mil 649.64 pesos, sin afectar los servicios públicos, obras, programas sociales ni compromisos laborales.
El caso dejó de concentrarse únicamente en la salida de Javier Regalado de la Tesorería, la revisión ahora abarca el funcionamiento financiero del Ayuntamiento y la posible participación de una cadena de funcionarios en las decisiones que llevaron a Playa del Carmen a registrar compromisos por casi 890 millones de pesos.
