Chetumal, 29 de agosto
(Francisco Hernández/Cambio22)
La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, solicitó al Congreso del Estado autorización para refinanciar o reestructurar la deuda pública directa de largo plazo del estado vigente, por un monto total de hasta 19 mil 625 millones 687 mil 171 pesos con 57 centavos, y la XVII Legislatura se la aprobará rápidamente en una sesión extraordinaria previa a la apertura del segundo año de ejercicio constitucional, el próximo 3 de septiembre.
Con esta reestructuración, el principal propósito de la gobernadora es ampliar el plazo de pago de la deuda, de 20 y 25 años que tienen los actuales créditos de largo plazo reestructurados por Carlos Joaquín, a 30 años a partir de su nueva reestructuración, aunque también afirma que buscan mejores tasas de interés.
El monto equivale al saldo de la deuda al cierre del segundo trimestre del 2023, en junio pasado, pero se deberán restar los pagos que se hicieron en el tercer trimestre, que finaliza en septiembre, por lo que en la autorización solicitada existe una diferencia, que se agregará a la deuda, la cual servirá para sufragar los costos financieros de la operación bancaria, sus instrumentos derivados y sus garantías de pago.
La iniciativa fue admitida este lunes por la Comisión Permanente del Congreso del Estado en su sesión semanal, misma que la turnó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, al mismo tiempo que se emitió la convocatoria para el quinto período extraordinario de sesiones, a realizarse el 3 de septiembre, para aprobar la autorización de reestructuración de la deuda pública, al mismo tiempo que se elegirá a la Mesa Directiva para el segundo año de ejercicio constitucional de la XVII Legislatura.
La iniciativa dice que es para que se autorice al Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, por conducto de la persona titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), a contratar por un plazo de hasta 30 años, uno o varios financiamientos con una o varias instituciones financieras mexicanas, hasta por un monto de 19 mil 625 millones 687 mil 171 pesos con 57 centavos, destinado al refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda pública directa del estado que se encuentre vigente, en los términos, condiciones y características descritas en la iniciativa.
También es para que se autorice a constituir, modificar y/o extinguir fuentes de pago, garantía u otros mecanismos de apoyo y/o soporte financiero; de igual manera, autorizar un monto para el pago de cantidades con motivo de la reestructura y/o refinanciamiento, incluyendo los instrumentos derivados y las garantías de pago.
En su primer año de gobierno, Mara Lezama ha realizado altos pagos para amortizar la deuda pública directa heredada de los gobiernos de Félix González Canto, Roberto Borge Angulo y Carlos Joaquín González, debido sobre todo al alza de las tasas de interés causada por la inflación y los contratos vigentes, pues sólo del 2022 al 2023 el presupuesto destinado al pago de esta deuda creció casi el doble, y este año es de 4 mil 909 millones de pesos en total.
Por lo anterior, era cosa de tiempo que la administración de Mara Lezama llegara a tomar la decisión de realizar una nueva reestructuración en busca de mejores condiciones de pago y una mejor liquidez, que le permita aminorar el porcentaje de recursos propios que tenga que destinar anualmente al pago de la deuda durante su gobierno.
Esta medida le permitirá utilizar una menor cantidad de recursos propios al pago de la deuda bancaria y utilizarla en otros propósitos de su gobierno, aunque prolongará aún más la carga de la misma para los quintanarroenses en el tiempo.
Hasta el momento, las condiciones financieras del estado respecto al peso de la deuda han mejorado debido al aumento de impuestos aplicados en los gravámenes al Hospedaje y sobre Nóminas, así como la creación del nuevo Impuesto sobre Venta Final de Bebidas Alcohólicas y confirmando el derecho que se cobra a turistas extranjeros.
Por lo mismo, ha mejorado la calificación financiera y su posición en el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también porque el presupuesto destinado al pago de la deuda en este 2023 creció casi el doble respecto al 2022.
