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Inhabilitado por sus excesos

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El pasado alcanzó a Fernando Martín Castro Borges –Subdelegado de Prestaciones en la delegación del ISSSTE en Quintana Roo  – quien fue duramente sancionado por la Secretaría de la Función Pública  a nivel federal por hacer uso indebido del presupuesto, a su paso por la delegación del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).

issste delegacionCastro Borges ha sido inhabilitado por un año para ocupar empleo, cargo o comisión en la administración pública federal. Y también le fue impuesta una ejemplar sanción económica por 315 mil pesos.

El manejo turbio del presupuesto provocó su salida intempestiva de la delegación (el 11 de enero de 2013), aunque entonces aseguró que renunció por motivos personales. Ahora se sabe que el Organo Interno de Control del CONAFE detectó el 14 de diciembre de 2011 anomalías que motivaron estas observaciones:

“Otorgamiento de apoyos económicos por 321 mil 600 pesos a personal de la Delegación a través del Convenio Modificatorio para el Fortalecimiento del Programa de Educación Comunitaria”.

Precisa el documento que en 2010 se realizaron pagos por 321 mil 600 pesos a 18 personas que realizan funciones administrativas, contraviniendo lo señalado en dicho Convenio.

Pero además, en los ejercicios 2011 y 2012, Castro Borges entregó indebidamente apoyos económicos por 678 mil 400 pesos a personal de la Delegación, recursos correspondientes a tal Convenio Modificatorio. A ello se sumó el desvío de otros 90 mil 550 pesos para alimentos y hospedaje.

De la revisión efectuada a dicho Convenio, y a las erogaciones efectuadas con aportaciones del gobierno de Quintana Roo (ejercicio 2011), se detectaron pago mensuales por 339 mil 200 pesos por concepto de apoyos económicos al personal que desempeña funciones administrativas en la delegación del CONAFE.

Con estas cuentas nauseabundas en su pasado, Fernando Martín Castro Borges aterrizó como Subdelegado de Prestaciones en la delegación del ISSSTE en Quintana Roo, posición que tendrá que desalojar al recibir tarjeta roja que lo obliga a abandonar las canchas por un año.

El mal comportamiento de este nocivo burócrata al frente de la Subdelegación de Prestaciones será sin duda motivo de otra revisión a fondo. Por lo pronto, ha sido extirpado del servicio público federal y tendrá tiempo de sobra para reflexionar y aprender de este castigo tan devastador.

La merecida inhabilitación de Castro Borges debe ser un llamado de alerta para otros servidores públicos que manejan a placer el presupuesto, desviando millones y confiando en no ser jamás alcanzados por el brazo de los auditores, altamente efectivos a nivel federal y no tan eficaces a otros niveles.

Otros servidores públicos deben aprender en cabeza ajena.

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