Precariedad e indiferencia compartida en el gremio periodístico de Quintana Roo
Graciela Machuca Martínez
Lo que quiero decir hoy, este día que nos reunimos por solidaridad desde hace 34 años, por el solo gusto de saludarnos y abrazarnos cada año, es que debemos hacer un alto. Un alto para reflexionar no solo sobre las notas o las campañas que vienen y cubrimos, sino sobre nuestra propia vida, sobre nuestra salud, y especialmente sobre la forma en que tendríamos que atendernos nosotros o nuestros familiares para enfrentar un padecimiento grave.
No podemos seguir documentando la tragedia ajena mientras la nuestra transcurre en silencio y en el más profundo estado de indefensión.
En México, en Quintana Roo, hablar de periodismo es hablar, casi por definición, de precariedad. Las estadísticas nacionales señalan que más del 60 por ciento de quienes ejercemos esta profesión en el país carecemos de afiliación a instituciones de seguridad social como el IMSS o el ISSSTE.
Trabajamos jornadas extenuantes, bajo una presión psicológica constante y en entornos de riesgo, mientras los medios para los que se labora a menudo ignoran olímpicamente las necesidades de sus reporteros, simplemente porque no cotizan para protegerlos.
Quedamos a la deriva. Sin prestaciones sociales, sin garantías laborales, y expuestos a que un accidente o una enfermedad grave no solo acabe con nuestra capacidad de trabajar, sino que quiebre financieramente a nuestras familias.
La violencia contra la prensa no solo se ejerce a través de las balas; se ejerce a través de los bajos salarios y el abandono institucional.
Por supuesto que los funcionarios ni las instituciones de salud son responsables de la calidad de salud biológica de cada ciudadano. Pero de lo que sí son absolutamente responsables es de atendernos como población abierta cuando no contamos con una institución que nos respalde ni con el dinero para atendernos en el sector privado. Sin embargo, lo que encontramos es un muro de burocracia, desprecio y discriminación.
El pasado 13 de febrero de este año, a una compañera le diagnosticaron cáncer. Su médico particular, tras entregarle los resultados de una biopsia, le indicó que debía someterse a una cirugía de matriz (histerectomía) de carácter inminente y urgente.
A continuación parte de su testimonio.
*Mientras enfrentaba anemia, diabetes y un sangrado abundante, día y noche, y con un diagnóstico fatal de mes y medio de vida; me dijeron que debía esperar un “tiempo no definido”; para que el IMSS me evaluara y determinara si era o no periodista.
Le exigieron recopilar recientes publicaciones de los últimos años entre otros documentos; sin que hasta la fecha me hayan entregado la resolución si fui o no aceptada en el programa. Es importante destacar que el cáncer no espera a que un comité revise no sólo los trabajos hemerográficos para saber si logra ser aceptada en un programa, que debería ser para beneficios del gremio periodístico y no solo para un grupo seleccionado.
Ante la urgencia del caso, acudí al Hospital General buscando atención como población abierta; en el nosocomio, me informaron que ahí no realizan la cirugía correspondiente al diagnóstico de cáncer que me habían detectado, ya que no se cuenta con el personal y tecnología para brindar el servicio y que debía trasladarme a Campeche, sin siquiera garantizar la cita, un proceso que me tomaría hasta tres meses. Esto fue una mentira inhumana y flagrante….
Tras investigar y solicitar la atención directamente a través de las autoridades de salud, un alto servidor público de la Secretaría de Salud, reiteró que no hacían esas cirugías en Cancún.
Sin embargo, las estadísticas oficiales desmienten esta cruel excusa: En 2025 se realizaron 116 histerectomías en el Hospital Jesús Kumate de Cancún, 169 en Playa del Carmen y 18 en Cozumel; mientras que para el inicio de 2026 ya se registraban 16 en Cancún y 19 en Cozumel.
Entonces nos preguntamos: ¿Por qué se nos trata con tanto desprecio y discriminación a las mujeres periodistas que necesitamos, como población abierta, atender nuestras necesidades apremiantes de salud? Finalmente, la compañera tuvo que pagar 45 mil pesos en una clínica privada solo por la cirugía, más la compra de medicamentos, estudios y la consulta inicial.
Posteriormente pagó mil 500 pesos solo por un diagnóstico del resultado de la cirugía. Pero el calvario no terminó ahí. Como parte del tratamiento, se tenía que someter a sesiones de radioterapia urgentes, y finalmente la institución pública le programó una espera de más de dos meses para recibir el tratamiento en el Oncológico de Chetumal.
Tuvimos que recurrir a súplicas que rozaron en lo humillante para lograr que el procedimiento se adelantará a una semana. Al finalizar las sesiones, aún con la herida de la histerectomía abierta y sangrando, regresó a Cancún donde guardó reposo forzado.
Hasta la fecha los gastos que se han tenido que absorber por la periodista superan los 100 mil pesos que se han obtenido a través de empeños, ventas de pertenencias y préstamos personales en todas las modalidades (plataformas, bancos, familiares y amigos) y los gastos siguen creciendo.
Amén de la gravedad oncológica, no tendríamos que ser periodistas para que no se retrase un servicio que el Estado está obligado a ofrecer.
A finales del año pasado vivimos la dolorosa situación del compañero Alejandro Valdez, quien perdió el 90% de la visión en sus dos ojos y enfrentó la desolación de no contar con un respaldo médico integral y para lograr su atención en el SESA hubo que suplicar…
En estos días, tenemos a un compañero locutor en Cancún que, dos o tres veces por semana, tiene que apelar a la solidaridad y pedir apoyo para lograr comprar sus medicamentos.
Nuestras necesidades como periodistas no son únicamente de salud; también son legales. El ejercicio de nuestra profesión está bajo constante acecho judicial. Ahí tenemos el caso reciente del compañero Javier Chávez y su demanda del IEQRO, una situación que bien podríamos afrontar unidos si tuviéramos convenios o apoyo de despachos de abogados solidarios dispuestos a defender la libertad de expresión.
Ahí vienen leyes que no solo limitan nuestro ejercicio profesional como periodistas, sino que atentan al Derecho a la Información que tenemos como sociedad, sino que también nos criminalizan a las personas periodistas. Es lo que sigue en este sistema que vivimos hoy en México, y pareciera que no lo vemos venir, cegados por lo indiferentes que somos ante lo que le ocurre al de al lado.
La lucha por nuestros derechos no empieza hoy, pero no puede detenerse. Debemos honrar y tomar en cuenta el trabajo que han hecho generaciones anteriores de colegas.
Recordémonos como integrantes de aquel grupo de periodistas que impulsó, promovió y logró la aprobación de la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo. Ese marco legal, perfectible pero fundamental, representaba un escudo y un reconocimiento a nuestra vulnerabilidad.
Tristemente, ese esfuerzo fue borrado de un plumazo. Fue abrogada durante el gobierno de Carlos Joaquín González bajo promesas vacías de reestructuración que solo nos dejaron en un mayor estado de indefensión legal y operativa.
Es por ello que, tras este diagnóstico de los problemas sistemáticos que enfrentamos, el llamado es para las nuevas generaciones. Es imperativo que los y las periodistas más jóvenes tomen la estafeta para continuar luchando por los derechos laborales, profesionales y de seguridad social del gremio.
La experiencia de las generaciones pasadas debe ser el cimiento sobre el cual las nuevas voces exijan contratos dignos, atención médica sin demoras humillantes y un marco legal que proteja, en lugar de criminalizar, la labor de investigar y decir la verdad.
No esperemos a ser nosotros los que tengamos que hacer una colecta para nuestras propias medicinas o a mendigar una cirugía urgente. La indiferencia es nuestro peor enemigo.
Unámonos, exijamos nuestros derechos como trabajadores y como ciudadanos, y aseguremos que el periodismo en Quintana Roo y en todo México sea una profesión de dignidad, y no un camino hacia la precariedad y el olvido.
Queridas compañeras y compañeros, ante estos retos que les planteo, propongo lo siguiente:
Ahora que el relevo generacional se ha dado al frente de nuestra conmemoración y convivio, donde nos hemos solidarizado gracias a la transparencia con que se han manejado en el comité, bueno sería que consideraran:
Solicitar al IMSS nos informe sobre lineamientos del cacareado «seguro para periodistas».
Que ese mismo comité solicite a la SESA un enlace que facilite la atención médica (sin privilegios ni por encima de la demás población abierta). Que nos demos a la tarea de buscar un bufete jurídico (que no sea el de Raúl Ojeda) para formular un convenio pro bono donde se nos atienda jurídicamente en torno a nuestro ejercicio, a cambio de que los interesados demos publicidad al despacho.
