Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
La procuración y administración de justicia en Quintana Roo está al servicio de la clase política gobernante, como quedó demostrado este martes 13 de febrero con la detención del expresidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, José Esquivel Vargas, acusado del desvío de al menos 89 millones de pesos durante su administración (2018-2021), periodo en el que también disfrutó del poder la hoy presidenta municipal, Maricarmen Candelaria Hernández Solís, quien integró su cabildo como regidora, pero en diciembre de 2021 presentó ocho denuncias penales en su contra.
Y es que la otra maniobra reciente la hizo la Fiscalía General para someter a ejidatarios de la comunidad maya de Señor y les integraron carpetas por delito de violación a algunos indígenas líderes del movimiento inconforme, delito que resultó ser falso debido a que las supuestas víctimas no tuvieron ni idea de la acusación a la hora de comparecer y solo se limitaron a pedir dos mil pesos.
El pueblo de Felipe Carrillo Puerto se pregunta por qué, si desde hace más de dos años tenían las pruebas para llamar a cuentas a Esquivel Vargas, se esperaron hasta que fue nombrado precandidato del PRD a la presidencia municipal para ordenar que se le ejecutara la orden de aprehensión que ya tenían preparada, eso quiere decir que el poder de la 4T lo está utilizando para su venganza política y para blindarse ante el temor que el descontento ciudadano por el pésimo gobierno de Maricarmen Hernández, lo capitalice el PRD.
La Fiscalía General de Quintana Roo, a través de la Fiscalía Anticorrupción, tuvo tiempo suficiente para perfeccionar las denuncias presentadas por el gobierno de Maricarmen Hernández como respuesta a que decidió no pagarle los dos millones de pesos que Esquivel le dio para su campaña electoral, pero como la 4T todo lo ve con visión electoral, se esperaron muchos meses para ajustar cuentas con el hijo putativo de Carlos Joaquín González quien desde la tribuna más alta del estado llegó a la osadía de amenazar a periodistas públicamente, lo que también presenta otro escenario, en el sentido que los acuerdos políticos de 2022 ya caducaron.
De manera reiterada, en este espacio periodístico estuvimos informando de los excesos y desvíos presupuestales durante toda la administración de José Esquivel, así como las inconformidades ciudadanas por sus pésimos resultados, pero en todo momento estuvo protegido por el poder de Carlos Joaquín que se extendió a la era de la 4T, pero como ahora buscan garantizar votos para la fallida reelección de Hernández Solís, lo encarcelan como una acción de mercadotecnia, pero como no revisaron e integraron adecuadamente los expedientes, los vacíos legales lo irán beneficiando poco a poco durante el proceso, pero por lo pronto ya le quitaron la oportunidad de que vuelva a ser presidente de Felipe Carrillo Puerto.
Ahora corresponde a los estrategas del PRD aprovechar la debilidad de la imagen de Maricarmen Hernández Solís y enviar a otra persona que aglutine a su favor el descontento social en contra de la 4T, movimiento político que al menos en Felipe Carrillo Puerto está tan débil, a tal grado que tuvieron que usar el encarcelamiento de un adversario político para evitar la debacle.
La detención de José Esquivel Vargas ha propiciado que la mayoría de sus excolaboradores y exregidores se encuentren en la tablita de la justicia, pues muchos de ellos participaron en la distribución de los recursos que tomaron de las arcas municipales y de lo cual no dijeron nada, como es el caso de Hernández Solís, quien a pesar de haber sido integrante del Cabildo nunca dio a conocer al pueblo la corrupción que todo mundo veía en al Ayuntamiento, menos ella.
Ahora, según la Fiscalía General de Quintana Roo, a José “N” se le detuvo por medio de una orden de aprehensión por acusaciones de uso ilícito de atribuciones y facultades del servicio público, según el juez de Control adscrito al Juzgado de Control y Tribunal de Juicio Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto.
El aspirante a volver a ser presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto enfrenta señalamientos por supuesta simulación de sesiones de Cabildo para aprobar de manera ilícita bonos de fin de año, ocasionando un quebranto de 2 millones 600 mil pesos a las arcas municipales.
Pero esta acusación es solo una de las que se encuentran descritas en las ocho denuncias penales que Maricarmen Hernández Solís presentó en diciembre de 2021, a tres meses de llegar al gobierno municipal.
La incertidumbre ha caído sobre varias familias de este municipio que tienen uno o varios miembros que estuvieron muy de cerca con Esquivel Vargas, quienes ahora están en la disyuntiva de huir de la región o tramitar sus amparos respectivos.
En esta convulsa situación se encuentra el extesorero municipal, Melchor Gómez Rivera, contra quien se presentaron la mayoría de las denuncias en las que se involucra al expresidente municipal.
A la hora de justificar desvío de recursos se utilizan documentos firmados por servidores públicos de segundo nivel, como puede ser el caso de quien se desempeñó como directora de Cultura, Lizbeth Liliana Cab Uh, Claudia Marisol Ciau Manzanero, directora de Obras Públicas o Gilberto Tzab Varela como secretario particular.
Además, exfuncionarios como Socorro López Pantí, quienes en su momento recibieron nombramientos como director Jurídica de Seguridad Pública, respectivamente, deben estar sumamente preocupados, ya que al final de cuentas en ese nivel se ejercen los recursos y en los documentos quedaron sus firmas, aunque no precisamente hayan participado en la repartición del dinero del pueblo.
Entre los exregidores que también se encuentran preocupados podemos mencionar a Francisco Ernesto Gracia Muñoz, Martha Guadalupe Chi Ay, María Concepción Pech Chi, Aureliana Pat Dzul, José Ángel Chacón Arcos y otros más.
Desde luego que quien se desempeñó como secretario general del Ayuntamiento, Daltón Jaime Gómez Lechuga, sabe mucho de lo sucedido en el cabildo, por las facultades que el cargo le otorgó.
José Esquivel no es el único presidente municipal del periodo 2018-2021 que tiene asuntos pendientes con la justicia de Quintana Roo, por corrupción.
En la lista se encuentran José Alfredo Contreras Méndez, presidente municipal en funciones de Bacalar, quien ahora con la franquicia de MORENA se quiere reelegir, sin embargo, no es molestado por la justicia porque se limpió al pasar a formar parte de la 4T.
La morenista Laura Beristain Navarrete, expresidenta municipal de Solidaridad, también tiene en su contra denuncias penales por malversación de fondos presentadas por el gobierno de la panista Lili Campos Miranda; se le acusa de desvíos multimillonarios tanto en el DIF Municipal, como en la Tesorería, pero como aún es cuatroteista, no le ha tocado su turno.
Y Víctor Mas Tah de Tulum, ahora morenista y a quien se le publicaron varios millones como faltante en su administración.
La expresidenta municipal Sofía Alcocer dejó en la ruina al Ayuntamiento de José María Morelos, como lo aseguró el actual presidente municipal, Erick Borges Yam. A Sofía Alcocer y a quien en su momento estuvo como encargada del despacho, Dulce Lorena Itzá Batún, se les señala por sacar dinero de la Tesorería Municipal por cinco millones de pesos, a través de una cuenta de cheques a la media noche del día 30 de septiembre de 2021. Borges Yam dijo que se denunciarían los hechos, pero hasta el momento Sofía Alcocer vive tranquila en libertad.
El carácter fantoche de Esquivel Vargas nunca me ha simpatizado y menos merecido mi voto, sin embargo estoy segura que el hartazgo de los electores carrilloportenses lo coloca con una sustantiva ventaja en las preferencias electorales frente a la propia Maricarmen Candelaria Hernández Solís de MORENA, lo que nos lleva a concluir que ahora Esquivel durmió en la cárcel no precisamente por ladrón de las arcas públicas municipales, sino por una auténtica revancha política, lo que rememora a ser retomadas las épocas pasadas del tan vilipendiado PRI esperaremos y apuntaremos.
