Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
La violencia contra las mujeres es un lastre que carga la sociedad quintanarroense y que no se puede erradicar a pesar de los bonitos discursos de la clase política gobernante y de los millonarios presupuestos que año tras año autorizan los congresos federal y estatal para financiar acciones de gobierno y políticas públicas para su erradicación.
Recientemente se hizo público un caso de violencia contra una mujer en proceso de divorcio con un funcionario del gobierno del estado de Quintana Roo.
Y pese a que forma parte del gobierno de Mara Lezama Espinosa, quien en sus prioridades tiene la protección de las mujeres, se ha dedicado a ejercer violencia de todo tipo en contra de su víctima, como es la vicaria, económica, emocional, acoso judicial, además de usar sus influencias en instituciones de procuración y administración de justicia de Quintana Roo y Yucatán.
La mujer violentada, así como sus dos hijos, es Lucero Ojeda Pérez, de 35 años de edad, quien aun siendo menor de edad se casó con Vicente de Jesús Franco Reyes, actual director de Licencias de Bebidas Alcohólicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del gobierno de Quintana Roo. De ese matrimonio que duró 17 años, bajo el régimen de bienes mancomunados, nacieron dos hijos. Uno actualmente tiene 17 años y el otro 6 años de edad.
Los diversos tipos de violencia se agudizaron desde hace varios años, pero se incrementaron meses antes de abril de 2024, cuando Franco Reyes —con un cuestionado historial como servidor público— presentó la demanda de divorcio, la cual prosperó, pero al ser impugnada por Lucero Ojeda Pérez, decidió buscar el apoyo de sus amistades en las fiscalías de Yucatán y Quintana Roo para iniciar en contra de Lucero Carpetas de Investigación que fueron judicializadas sin ser llamada a defenderse. Se enteró hasta que ya tenía órdenes de aprehensión en su contra.
El juicio de divorcio siguió de acuerdo a la demanda presentada por el servidor público del gobierno de Quintana Roo, a pesar de que Lucero le proponía un convenio para que le tocara el 50 por ciento de las ocho propiedades que están a nombre de la sociedad conyugal, porque ella contribuyó a la constitución de ese patrimonio, tanto participando en la planeación y atención de negocios, como en el cuidado de sus dos hijos, pero al salir la resolución del juzgado familiar a favor de todas las demandas de Vicente de Jesús, Lucero la impugnó, lo que motivó su enojo y la violencia la ha ido subiendo de nivel.
Aquí presentamos una reseña escrita por la víctima de cómo se han ido desarrollando los hechos que involucran violencia de género, tráfico de influencias, corrupción y complicidades por parte del victimario y de autoridades de diversos niveles.
1. A principios de abril 2024, el señor Franco, presentó el convenio de divorcio unilateral cuyo número de expediente es el 618/2024, en dicho convenio me concede la guardia y custodia de mis dos menores hijos, cláusula que, después, modificaría al no aceptar sus pretensiones.
2. El 29 de abril de 2024, realicé una denuncia en su contra por VIOLENCIA FAMILIAR, ante la Fiscalía Especializada en delitos contra la mujer y por razones de género, con número de carpeta: FGE/QROO/CAN/FEDCMYRG/04/975/2024; pero, el señor Vicente Franco, al enterarse de esta denuncia, y como acto de venganza, en contubernio con agentes de la Fiscalía General del Estado, me integran dos denuncias, siendo en estos casos yo la imputada.
3. El 9 de mayo de 2024, después de llamarle la atención, a mi hijo de 16 años, quien en ese momento vivía conmigo, por una serie de conductas que como madre no considere correctas, aprovechándose de la situación y ejerciendo VIOLENCIA VICARIA, me interpone una denuncia por violencia familiar, supuestamente por violencia en contra de mi menor hijo de 16 años, quien se fue a vivir con él, esta falsa denuncia se integró con número de carpeta de investigación: FGE/QROO/BJ/05/9119/2024; cabe mencionar que, a tan solo dos meses de haberse presentado, ya se había girado una orden de aprehensión en contra mía, violentando mis derechos de audiencia, de presunción de inocencia y del debido proceso, ya que, nunca recibí notificación alguna para comparecer o presentarme ante la autoridad y no tuve derecho de audiencia.
Todo esto, se hizo en contubernio y con la ayuda del MP. César Manuel Morales Guevara, quien es amigo del señor Vicente Franco. Cabe hacer mención que, de esta orden de aprehensión no se ejecutó porque logré enterarme de las negras intenciones del señor Franco y con ayuda de unos abogados, pude promover un amparo, el cual fue asignado con el número de expediente 814/2024-I, del Juzgado Tercero de Distrito de la ciudad de Cancún, Q. Roo, en la que se me concedió la suspensión provisional y reciente la definitiva por actos que fueron reconocidos por la Jueza de control del Juzgado de Control y Juicios Orales Penales de Primera Instancia de Cancún, y por el Coordinador de Seguridad Institucional, entre otros, derivado de la Carpeta Administrativa 565/2024.
4. El 23 de mayo del 2024, nuevamente, el señor, Vicente Franco, con ayuda del Lic. César Morales, el cual, es muy amigo de él, me integran una nueva carpeta de investigación con numero: FGE/QROO/BJ/05/10237/2024, pero ahora, por el delito de amenazas, falseando declaraciones y comprando testigos con la clara intención de librar otra orden de aprehensión en mi contra. En esta Carpeta de Investigación, acudí a Justicia alternativa para tratar de encontrar una solución pacífica a dicha denuncia, a pesar de ser completamente falsa, no obstante, y, por obvias razones, el señor Franco, una vez más, no quiso conciliar ya que, como lo he mencionado, a él no le interesa solucionar sus falsas denuncias, sino que las está utilizando como medio de presión en mi contra para lograr sus propósitos.
5. El día 6 de octubre de 2024, me dirigí a llevar a mi menor hijo de 6 años, al CECOFAM, donde tiene convivencias supervisadas con su progenitor, al salir de ahí, como a las 3:13 pm. me detuvo una patrulla de la policía municipal con número 5889, de donde descienden dos elementos de nombre ANARELI GERONIMO JAVIER Y SAUL VLADIMIR ALCOCER MEJIA, cuyo fin era sembrarme un arma para detenerme y que, mi ahora exesposo, me quitara la guardia y custodia de mi hijo y me desacreditara como mujer y madre.
En el momento de la detención, estos policías alegan que mi camioneta había sido reportada como involucrada en un robo, me piden me identifique y baje de la camioneta, ellos no se quisieron identificar en ese momento y no descendí de mi vehículo, ya que los policías estaban actuando inconstitucionalmente, finalmente y gracias a la intervención de un amigo que es abogado, no me detuvieron.
Después esto, acudí a ingresar mi queja en asuntos internos y con las pruebas pertinentes sé que los argumentos de los policías al detenerme eran falsos, nunca hubo reporte del incidente en el C5, además, se ve que estuvieron esperando que saliera de CECOFAM más de 30 minutos, en los videos se observa que desde las 2:40 pm estaban estacionados a tan solo unos metros de donde me encontraba; a las 3:06 pm la policía toma una mochila que se encontraba en el asiento trasero de la unidad donde estaba el arma que planeaban sembrarme, a las 3:11 pm pasa la camioneta de mi ex esposo como señal para ellos de que ya me acercaba, y a las 3:13 pm me detienen y minutos más tarde a las 3:25 pm regresan a CECOFAM donde estaban los guardaespaldas de Vicente Franco para informar del fracaso del plan.
6. Al no tener éxito de aprehenderme en Cancún, este señor se dirige a Yucatán, en donde crean otra denuncia falsa, acusándome de fraude genérico y falsificación de documentos; como es de esperarse, al no vivir allá, nunca me enteré de esa denuncia, no me llegó ninguna notificación, y se giró otra orden de aprehensión dirigida a mi persona, teniendo que ampararme nuevamente; este amparo también fue promovido aquí en la ciudad de Cancún, recayéndole el expediente número 1084/2024-C-5, ante el Juez Quinto de Distrito, del cual, también se me concede la suspensión provisional y que, de los informes previos requeridos a las autoridades, se deduce que, el Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial, del sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, reconoce el acto e informa que está integrada la Carpeta Administrativa número 387/2024 en mi contra y que, de esa Carpeta deriva la orden de aprehensión.
7. El día 12 de noviembre de 2024, llegó una persona que se ostentó como policía, buscándome, esto, a casa de mi madre, quien es una persona de 76 años y que no debe recibir este tipo de noticias, al ser una persona de la tercera edad y padecer diabetes. Esta persona, quien dijo ser Policía de Investigación, mencionó que me estaban localizando al estar denunciada por retención y sustracción de menores, porque, supuestamente no llevé a mi menor hijo a CECOFAM para convivencia. Sin embargo, es menester mencionar que, ciertamente, mi hijo de 6 años, quien vive conmigo, había estado muy enfermo, y, por ello, lo llevé en dos ocasiones al doctor y por ende no asistió a la convivencia supervisada; de esto ya tiene conocimiento el Juzgado Segundo Familiar Oral de Primera Instancia, ya que, por medio de los abogados que me ayudan en esta demanda, se hicieron los justificantes médicos, de lo cual, el señor Franco tenía conocimiento, no obstante, una vez más, con tal de ejercer presión sobre mí, puso una falsa denuncia más.
8.- El pasado sábado 8 de febrero y lunes 10 de febrero del presente año, en el que, el día sábado intentó prenderle fuego al vehículo de mi propiedad, el cual, se encontraba estacionado afuera de la casa de mi madre, ya que, me tuve que refugiar con ella por temor a mi integridad, y fue ahí donde ocurrió dicho conato de incendio provocado por el señor Franco, no parando la cosa ahí, ya que, él sabía que, el lunes 10 de febrero del presente año, la suscrita tenía una audiencia con el Juez de Juicio Oral Penal, derivado de la falsa carpeta de investigación realizada por el señor Franco, esta audiencia estaba programada para las 10 de la mañana, pero ese mismo día, entre las 5 y media y 6 am, que es la hora que inicio mis actividades para llevar a mi hijo a la escuela, sufrí un atentado por parte del señor Franco, balearon mi vehículo que seguía estacionado en casa de mi madre, esto, con el afán de que la suscrita no acudiera a la audiencia con el Juez Penal y éste librara nueva orden de aprehensión en mi contra, ya que, en todo este tiempo, esta ha sido la finalidad del señor Franco, con el fin de meterme a la cárcel y quitarme la guarda y custodia de mi hijo de 6 años y obligarme a firmar el convenio leonino que siempre ha querido que firme y para lo cual, me ha tratado de presionar por medio de sus abogados y de las acciones violentas que en este escrito describo. Hasta aquí la reseña de la víctima.
Por otra parte, Lucero advierte que Vicente de Jesús tiene varias propiedades a nombre de otras personas, pero como ella quiere vivir en paz y en tranquilidad solo pide que se le reconozca su derecho al 50 por ciento de la sociedad conyugal y que le dé alimentos para su hijo menor, de quien ella estuvo pagando la mayor parte de las colegiaturas del 2024, pero al quedarse sin recursos las dejó de pagar y el papá las pagó hasta enero del 2025.
Incluso, la casa que actualmente habitan Lucero y su hijo en Cancún es de Vicente de Jesús, pero está a nombre del papá de éste.
A raíz de este cúmulo de agresiones, Lucero decide difundir un video en el que llama a las autoridades de Quintana Roo a intervenir, porque no quiere convertirse en un caso más de feminicidio.
Está claro que varios funcionarios de la administración estatal y de procuración de justicia no comulgan con los objetivos de la gobernadora Mara Lezama que en cada acto recalca en su discurso que ella encabeza “una administración feminista con un gobierno humanista”.
Desde este espacio esperaremos y apuntaremos dándole seguimiento a esta brutal violencia que se ejerce desde la impunidad y el poder del estado en contra de Lucero, porque no queremos un feminicidio más!!!…
