AGEPRO defrauda a Conavi y arriesga viviendas del Bienestar
(Diario de Quintana Roo)
CHETUMAL, 8 de junio.- Un escándalo de fraude inmobiliario e institucional ha estallado en el Sur del Estado, luego de revelarse que la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro) engañó y defraudó a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) al venderle un predio ubicado en la comunidad de Calderitas, municipio de Othón P. Blanco, que no es de su legítima propiedad.
Con esta maniobra ilegal, la dependencia estatal puso en jaque y en riesgo total la construcción de las «Viviendas del Bienestar», un programa prioritario de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, diseñado para proveer de una vivienda digna a los habitantes de esta zona.
Bajo la gestión de su director general, Carlos Flores Hidalgo, la Agepro operó con total opacidad para intentar despojar de sus tierras a un importante empresario de la región, cuyo título de propiedad legítimo data de octubre de 1984 y está debidamente inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, según documentos en posesión de esta redacción. En lugar de garantizar la certeza jurídica de la reserva territorial, Flores Hidalgo y la dependencia a su cargo fabricaron un registro duplicado en las plataformas oficiales para venderle «humo» a la federación, arrastrando a una institución del Gobierno de la República a cometer el delito de invasión en propiedad ajena.
La gravedad de este fraude radica en que la Conavi continúa invirtiendo millonarios recursos públicos y ejecutando trabajos de desmonte y nivelación con maquinaria pesada en un terreno viciado de origen, bajo el engaño tendido por las autoridades estatales. Al utilizar un folio registral inventado por la Agepro, el programa insignia de “Viviendas del Bienestar” en Calderitas pende de un hilo legal, ya que el legítimo dueño mantiene la defensa de su patrimonio frente a un despojo institucionalizado.
La delegación federal de la Conavi está atrapada en una trampa inmobiliaria tendida desde las oficinas de Carlos Flores Hidalgo, lo que obligará a las autoridades federales a revisar urgentemente el estatus de las tierras antes de que el conflicto escale a los tribunales federales por el desvío de recursos en un predio particular.
