Amarra chamba Lili Campos con Morena en Ciudad de México
CDMX, a 25 de septiembre de 2026
(Proceso)
Mientras en Playa del Carmen continúan los procedimientos administrativos y recursos judiciales relacionados con asuntos de su administración municipal, la exalcaldesa Lili Campos Miranda ocupa ahora un cargo en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como fiscal de Investigación del Delito de Narcomenudeo.
El nuevo puesto, reportado este viernes por Proceso, coloca a la exalcaldesa nuevamente dentro de la función pública, ahora en una institución encargada de investigar delitos relacionados con el narcomenudeo, en momentos en que en Quintana Roo aún permanecen abiertos expedientes derivados de su gestión al frente del Ayuntamiento de Solidaridad.
El contraste se produce a menos de dos años de que Campos concluyera su periodo como presidenta municipal y mientras el Órgano Interno de Control (OIC) de Playa del Carmen mantiene un procedimiento relacionado con observaciones a las cuentas públicas del gobierno que encabezó.
Uno de los asuntos llegó hasta la justicia federal. En el expediente 1017/2026, el Juzgado Segundo de Distrito desechó el amparo promovido por la exalcaldesa contra actos relacionados con el procedimiento administrativo iniciado por el OIC. Posteriormente, Campos presentó un recurso de queja para impugnar esa determinación.
De acuerdo con la resolución judicial citada por Noticaribe, la exalcaldesa fue emplazada mediante edicto debido a que no había sido localizada en su domicilio para efectos del procedimiento, relacionado con diversos expedientes de la Cuenta Pública 2024. El fallo estableció que estaba en posibilidad de incorporarse al procedimiento para ejercer su derecho de defensa.
El nuevo cargo en la capital del país adquiere relevancia precisamente por ese contexto. Mientras en Quintana Roo los órganos de control y las instancias judiciales continúan revisando actuaciones vinculadas con su paso por el gobierno municipal, en la Ciudad de México Campos asumió responsabilidades dentro de una fiscalía especializada en la investigación del narcomenudeo. Proceso señala que la exalcaldesa enfrenta un procedimiento administrativo en Quintana Roo y que ha promovido amparos relacionados con éste.
El caso también ha generado cuestionamientos sobre la coexistencia de ambas situaciones: por un lado, una exservidora pública que vuelve a ocupar una responsabilidad dentro de una fiscalía; por otro, procedimientos que buscan esclarecer posibles irregularidades administrativas correspondientes a su gestión municipal.
Hasta ahora, la existencia de estos procedimientos no equivale por sí misma a una determinación de responsabilidad contra Campos. Los expedientes continúan sujetos a las etapas procesales correspondientes y será la autoridad competente la que determine, en su caso, si existieron responsabilidades administrativas.
La incorporación de la exalcaldesa a la Fiscalía capitalina ocurre así en medio de un escenario jurídico todavía abierto en Quintana Roo, donde sus actuaciones como presidenta municipal siguen siendo materia de revisión por parte de las autoridades fiscalizadoras y de los tribunales.
Lili Campos fue alcaldesa de Playa del Carmen recientemente, de 2021 al 2024. Se trató de la única presidenta municipal de Quintana Roo que, en su momento, fue de oposición a Morena. Aunque inmediatamente abandonó el cargo público, comenzó a ventilar encuentros con altos personajes políticos de la 4T, como el senador Ricardo Monreal Ávila y Citlali Hernández, actual presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena.
La reciente aparición de su nombre en la Fiscalía de la CDMX, al mando de Bertha Alcalde Luján, ocurre justo cuando, desde semanas atrás, se emitieron edictos de búsqueda para su comparecencia ante el Órgano Interno de Control de Playa del Carmen.
Aunque las actuales autoridades municipales, encabezadas por la alcaldesa morenista Estefanía Mercado, han minimizado la situación que guarda la exedil y se han reservado el daño patrimonial causado al erario, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró faltantes por más de 80 millones de pesos, sólo del ejercicio fiscal 2023, justo cuando le restaba casi un año para concluir su mandato
