Chetumal, 1 de junio
(cambio22.mx)
Un tribunal colegiado federal concedió un amparo directo a la exdirectora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) Paula González Cetina, en contra de la negativa de los magistrados del cuestionado Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo (TJA), al cual le ordenó investigar la presunta actuación ilegal de la Fiscal Anticorrupción, Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo, en el proceso penal que se le armó a la exfuncionaria durante el deficiente gobierno de Carlos Joaquín González.
González Cetina, que fue directora de la CAPA en el último tramo de la administración de Roberto Borge, fue acusada y perseguida sin fundamentos sólidos y legales por la Fiscalía Anticorrupción bajo el gobierno de Carlos Joaquín, por el supuesto desvío de más de mil millones de pesos del patrimonio de ese organismo estatal, dinero que se suponía fue aportado por Aguakan a cambio de la ampliación de su concesión a más años y para abarcar el municipio de Solidaridad.
Bajo esos cargos, la exfuncionaria fue enviada a prisión de enero a abril de 2018; luego estuvo en prisión domiciliaria 7 meses más y recibió una sentencia de 3 años y 8 meses de prisión, confirmada en una segunda instancia local, en un proceso irregular que involucró al magistrado del del Tribunal Superior de Justicia Felipe de Jesús Solís Magaña, así como de los jueces Gonzalo Segovia Herrera y Eduardo del Valle García.
Sin embargo, tras inconformarse mediante juicio de amparo contra las resoluciones de estas autoridades locales, el Poder Judicial de la Federación ordenó fuera absuelta de toda responsabilidad.
Luego de quedar libre de todo cargo, en 2021 Paula González interpuso una demanda ante el TJA para reclamar una indemnización por aproximadamente 70 millones de pesos, por daños causado con la persecución y encarcelamiento ilegales.
Esa demanda fue rechazada por los magistrados del pleno del TJA desde diciembre de 2021, argumentando “incompetencia para revisar actos de autoridades jurisdiccionales”, pero la resolución le fue notificada hasta junio de 2022, es decir, 6 meses después, como una ilegal estrategia para retrasar su acceso a la justicia.
Por lo anterior, Paula González acudió al Poder Judicial de la Federación para reclamar la presunta protección a las autoridades de la Fiscalía Anticorrupción y del Poder Judicial local, y recientemente se le concedió un amparo directo, el cual ordena a los magistrados del TJA revisar las irregularidades de la titular de dicha entidad, Rosaura Villanueva Arzápalo, que podría derivar en una obligación de pagar hasta 70 millones de pesos que Paula González reclama por los perjuicios causados.
