Ubica Sedetus 28 proyectos inmobiliarios sin regulación en la zona sur de Quintana Roo

Chetumal, 18 de noviembre 2026
(De Peso Quintana Roo)
En los últimos cinco años la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) detectó 28 desarrollos inmobiliarios irregulares en la región centro y sur de Quintana Roo, operando totalmente al margen de las normativas ambientales.
La base de datos oficial revela que esta problemática inmobiliaria acumulada entre 2022 y 2026 se concentra de manera sistemática en tres demarcaciones, encabezadas por el municipio de Othón P. Blanco con 18 proyectos irregulares, Bacalar con nueve y Felipe Carrillo Puerto con un registro.
Desglosando la temporalidad de las supervisiones estatales, en el año 2022 se documentó un caso; en 2025 la cifra escaló con 16 expedientes abiertos, mientras que en lo que va de 2026 se han sumado 11 nuevas irregularidades detectadas.
Entre las razones sociales y denominaciones comerciales señaladas en los expedientes figuran fraccionamientos como Villa Tikal, Imkani, Vive Tierra, Sanctum Vila, Pueblo Morebi, Ichkabal Villas, Sayab Bacalar, Arrivee Bacalar, Jaal Ja´, Eco Maya, Saasil Há, Residencial Xul-Há, Paso Limón, Los Ríos, San Fernando, Aldea Chac, Santa Teresita, Villas Tiki, La Villa del Señor, Itzayana, Villa Sol Naciente, El Tigre Mahahual, La California, La Guadalupana, Hunab´ku, Vila Ansata y Mahahual Eco Residencial.
Diversas zonas de altísima fragilidad ecológica como Xul-Há, Mahahual, Calderitas y las inmediaciones urbanas de la capital del estado concentran estos focos rojos donde falsas inmobiliarias comercializan predios sin autorización de cambio de uso de suelo forestal ni factibilidad hídrica, defraudando el patrimonio de compradores locales y foráneos.
Esta lucrativa práctica clandestina no solamente arruina finanzas familiares, sino que acelera de manera irreversible el desmonte ilegal de selva mediana, erosionando suelos y vulnerando el delicado sistema kárstico peninsular.
La proliferación descontrolada pone en absoluta evidencia la notoria incapacidad operativa, la grave omisión institucional y la sospechosa tolerancia histórica de las instancias gubernamentales encargadas de la vigilancia ambiental.
Frecuentemente, las dependencias se limitan a emitir simples listados de advertencia, evitando aplicar sanciones administrativas severas, clausuras definitivas y denuncias formales ante la fiscalía en contra de los promotores de estos fraccionamientos fraudulentos que operan a la vista de todos.
