La fallida fusión de Sefiplan y Oficialía Mayor, una maniobra de Carlos Joaquín
César Larrache
En la búsqueda de reducir costos operativos y hacer más eficientes los procesos administrativos, muchas veces se recurre a la fusión de dependencias. En Quintana Roo vivimos este proceso con la unión de la SEFIPLAN y la Oficialía Mayor (OM).
Esta fusión comenzó a tejerse por decisión del exgobernador Carlos Joaquín y su super asesor, Juan de la Luz Enríquez Kanfachi, siendo avalada originalmente por el Congreso del Estado mediante el Decreto No. 133 en julio de 2021, y consolidada formalmente en junio de 2022 con la extinción legal de la Oficialía.
Si bien en el papel se proyectó como una medida de reestructuración institucional, la realidad política fue otra. El acuerdo real parecía llevar dedicatoria: proteger a Manuel Alamilla Ceballos y la Oficialía Mayor, una dependencia que en el gobierno joaquinista estuvo bajo los reflectores por severas controversias de corrupción, como el famoso caso de las licitaciones de los uniformes escolares.
En teoría, las fusiones administrativas son una herramienta sana porque generan ahorros en el gasto corriente. Sin embargo, en el caso de Quintana Roo el tiro salió por la culata. Los artículos transitorios de la reforma garantizaron que todo el personal transferido conservara íntegramente su antigüedad, sueldo y nivel laboral.
Esto no solo abultó la nómina de la SEFIPLAN, sino que en la práctica mantuvo intactas las dos estructuras: lo referente a la Oficialía Mayor sigue operando bajo su propia inercia y mandos —hoy disfrazados de subsecretaría—, en lugar de integrarse orgánicamente a las finanzas del estado. Hay duplicidad de funciones y nulo ahorro.
Ante este escenario, la gobernadora Mara Lezama tendría un argumento técnico sólido para dar marcha atrás y volver a dividir estas áreas. Al absorber estas funciones, la SEFIPLAN se convirtió en juez y parte de los recursos públicos: controla el dinero y, al mismo tiempo, administra los recursos humanos, las compras, las licitaciones, el patrimonio y los servicios generales del gobierno.
Al estar separadas, se activa un filtro de control interno natural y se reduce drásticamente el riesgo de discrecionalidad. SEFIPLAN debe encargarse de autorizar el techo presupuestal y liberar los fondos; la Oficialía Mayor debe ejecutar el gasto aplicando estrictamente las reglas de operación y contrataciones.
Mantener ambas dependencias independientes no es un capricho burocrático; es una decisión que prioriza la transparencia, el control de riesgos y la rendición de cuentas.
Un aparato gubernamental de la escala de Quintana Roo corre el riesgo de colapsar o volverse opaco si una sola secretaría pretende controlarlo todo. Las experiencias exitosas de fusión en otros estados del país demuestran que, para que funcione, se debe eliminar de raíz la duplicidad y la figura operativa centralizada.
Si en Quintana Roo no se logró ese ahorro y solo se sepultaron los contrapesos, el regreso a la separación es el camino correcto.
