“Desde el cristal con que miro”
Miriam Chan
Menospreciando a los profesionistas locales, y con esa manía de dar cargos a personas de fuera, la actual administración del gobierno de Quintana Roo, que encabeza María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, se obsesiona por nombrar a personas que no cumplen con los requisitos legales para ocupar cargos dentro del gabinete y así repite los mismos vicios de la anterior administración; tal es el caso de Carlos Felipe Fuentes del Río, quien se ostenta como “encargado” de la Consejería Jurídica del estado, y quien hasta hace menos de dos años ocupaba un cargo similar en el estado de México.
Usted querrá saber, ¿quién es este ilustre personaje que ocupa el puesto de “encargado” de la Consejería Jurídica de Quintana Roo? Permítame decirle que este funcionario, que es egresado de la universidad Anáhuac México, por lo menos hasta el año 2021 se desempeñó como director general jurídico y consultivo de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del gobierno del Estado de México y participó en la campaña política de José Antonio Meade Kuribreña, quien fuera candidato a la presidencia de la República en las elecciones federales 2018 por la coalición “Todos por México”, conformada por el PRI-PVEM y el extinto PANAL.
Asimismo, es nada más y nada menos que hijo de Felipe Alfredo Fuentes Barrera, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien por cierto el pasado 17 de abril del presente año fue impugnado por un ciudadano del municipio de Benito Juárez, debido a que en este magistrado recayó el juicio para que se hiciera cumplir con la consulta popular contra la concesionaria Aguakan, y fue acusado precisamente porque su hijo, Carlos Felipe Fuentes del Río, funge como “consejero jurídico” de Mara Lezama.
Hagamos un poco de memoria; los profesionistas quintanarroenses una y otra vez han sufrido desaires y menosprecios por parte de gobiernos como el de Carlos Joaquín González; por ejemplo, la entonces titular de la secretaría de desarrollo social, Rocío Moreno Mendoza, quien al no cumplir con los requisitos legales de residencia, pasó toda la administración como encargada de despacho, o cuando la actual presidenta municipal de Solidaridad, Roxana Lili Campos Miranda, precisamente ocupaba el puesto de consejera jurídica y contra viento y marea movió todos los hilos para hacer magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa a su pareja Fernando Gama Rodríguez, quien tampoco cumplía los requisitos mínimos de residencia, e incluso incurrió en la falsificación de documentos, motivo por el cual finalmente tuvo que renunciar a dicho cargo.
Regresando al tema del ahora “encargado” de la consejería jurídica del gobierno de Mara Lezama, deberá usted saber que el artículo 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo especifica que para ser Secretario del despacho, o director de organismos descentralizados y empresas de participación estatal, se requiere ser ciudadano quintanarroense, nativo de la entidad o con residencia efectiva no menor a cinco años, pues de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública la consejería jurídica es una dependencia con nivel de secretaría de estado.
Ahora bien, en el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Quintana Roo también se retoman los requisitos para ser secretario de Estado, siendo importante cumplir con la residencia no menor a 5 años, además de lo que precisa el perfil de la persona que esté al frente de la Consejería Jurídica.
Además de ello, la propia Ley Orgánica de la Administración Pública establece que puede haber “encargados” de despacho, es decir, la persona que puede hacerse cargo de la Secretaría de Estado; sin embargo, para ser “encargado” también debe cumplir con los requisitos que la propia Constitución y la ley establece, siendo éstos los siguientes: el artículo 13 destaca que es facultad exclusiva del gobernador (en este caso gobernadora) del estado nombrar y remover libremente a los titulares de la administración pública centralizada, pero aquí viene lo interesante: bajo la figura de encargado de despacho, además de cumplir los requisitos aplicables, este podrá durar en su encargo un período de 60 días naturales… y nada más.
Alguno de los múltiples asesores con los que cuenta la “jefa de jefas” debería decirle que la consejería jurídica funge como representante del Poder Ejecutivo, y en ocasiones como representante del estado, por lo que en cualquier momento la personalidad legal del actual “encargado” puede ser debatida ante los juicios que el poder ejecutivo del estado esté llevando a cabo ante autoridades jurisdiccionales. Es así como a pesar de los señalamientos en contra de la pasada administración se siguen cometiendo los mismos errores con toda alevosía.
La tarea de gobernar no es nada fácil y menos para una mujer como Mara Lezama que trabaja 24/7; sin embargo, no debe perder de vista que “detalles” como este le pueden causar problemas legales en su administración, misma que apenas va a cumplir 10 meses.
En la entidad existen profesionistas reconocidos y moralmente solventes, y es lamentable que estos atropellos continúen cometiéndose una y otra vez desestimando y desairando la capacidad de los abogados, maestros y doctores en materia jurídica.
Desde el cristal con el que miro me pregunto ¿qué tiene de especial Carlos Felipe Fuentes del Río, o es acaso un pago de favores? ¿por qué esa obstinación y empeño en desdeñar a los profesionales locales? No hay que olvidar que para representar al estado jurídicamente hablando, sobre todo para ser consejero jurídico, hay que conocer perfectamente las leyes locales y cumplir con los requisitos correspondientes, como el de residencia mínima antes mencionado.
Nos leemos la próxima.
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