“Desde el cristal con que miro”
Miriam Chan
Once millones de pesos en el contrato de una empresa externa para modificar la ley existente del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (INMOVEQROO), como si en el gobierno de María Elena Hermelinda Lezama Espinosa no existiera una Consejería Jurídica para la elaboración de dicha ley, que sustenta una institución que desde su nacimiento en el gobierno de Carlos Joaquín González, no ha dado el ancho, y en la que hoy el flamante director Rodrigo Alcázar Urrutia, se pasa por el arco del triunfo la famosa austeridad republicana y derrocha los recursos del pueblo.
En manía se ha convertido no sólo dar cargos a personas de fuera que no cumplen el requisito para ser nombrados de manera oficial; tal es el caso del aún encargado de la Consejería Jurídica del gobierno del estado, Carlos Felipe Fuentes del Río, quien se entiende que no es capaz de elaborar junto con su equipo la ley del INMOVEQROO, motivo por el cual se tienen que erogar once millones de pesos para una empresa que elabore el proyecto, en el que la Consejería Jurídica solo fungirá como aval para que la norma sea presentada ante la décima séptima Legislatura del Congreso del estado para el análisis y aprobación correspondiente; insisto, como si no hubiera personal suficientemente capacitado para elaborar los preceptos sin tener que despilfarrar los recursos económicos que usted y yo pagamos a través de nuestros impuestos.
Hace un par de meses, en este mismo espacio hablamos del empeño de Mara Lezama por desdeñar a los profesionales locales, cometiendo con ello los mismos vicios de su antecesor Carlos Joaquín, al traer gente de fuera para ocupar cargos dentro del gabinete; desgraciadamente hoy no sólo continúan como encargados sino que simplemente no dan el ancho, y lejos de cumplir con las tareas correspondientes como en éste caso la elaboración de leyes, se limitan a aparecer en las selfis firmando convenios, en las” caravanas de justicia para el bienestar” ofreciendo cortes de cabello gratuitos, y sólo basta con echar una mirada en las redes sociales oficiales como la de Facebook, para saber de lo que le estoy hablando, pero de la elaboración de las leyes, ni una sola fotografía o comunicado oficial, pues total, para eso están los despachos externos y los recursos económicos a disposición.
El artículo 68 de la Constitución política del estado establece que quienes tienen la facultad de presentar iniciativas de leyes y decretos ante el Congreso del Estado son: la gobernadora del estado, los diputados a la Legislatura, los ayuntamientos, los ciudadanos quintanarroenses mediante escrito firmado por uno o más ciudadanos, en los términos que señale la Ley respectiva, el Tribunal Superior de Justicia del Estado en la materia de su competencia y los órganos públicos autónomos en la materia de su competencia. La iniciativa se presentará por conducto de su presidente o titular, previo acuerdo de sus integrantes cuando se trate de un órgano colegiado.
La actual Ley de Movilidad del estado de Quintana Roo, en su artículo 18 establece ser un órgano descentralizado de la administración pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, dotado de autonomía técnica y de gestión, responsable de la planeación, diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de la política de movilidad en el orden estatal. Sin embargo, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo establece que ésta depende de la administración pública, luego entonces los proyectos de iniciativa de ley deben ser presentados por el ejecutivo estatal.
Para que nos quede más claro, el artículo 31 de la ley orgánica del gobierno del estado establece que corresponde a la secretaría de gobierno el despacho de los siguientes asuntos: cumplir y hacer cumplir los decretos, reglamentos, acuerdos, circulares y demás disposiciones oficiales del gobernador del Estado; elaborar y en su caso, revisar los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que el titular del Poder Ejecutivo Estatal presente a la Legislatura del Estado; elaborar el proyecto de agenda de iniciativas de leyes y decretos que serán presentados por el gobernador del Estado a la Legislatura, atendiendo a las propuestas de las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Estado, y someterlo a consideración del mismo, coadyuvando en su elaboración y trámite.
En tanto, el artículo 45, dispone que a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: brindar apoyo técnico y jurídico al gobernador del Estado para la elaboración y perfeccionamiento de las iniciativas de Ley y decretos que se deban presentar ante la Legislatura del Estado; así como de los decretos, acuerdos, convenios y demás instrumentos jurídicos en los que intervenga el titular del Poder Ejecutivo y asesorar jurídicamente en los asuntos que le encomiende; emitir, dentro del ámbito de su competencia, las observaciones y recomendaciones de los proyectos de iniciativas de Ley, reglamentos, decretos, acuerdos, resoluciones y demás normas legales y administrativas que formulen las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, que sean sometidos a revisión y validación, previo a su expedición por parte del Gobernador del Estado
Estimado lector, es aquí donde nos preguntamos ¿en qué momento la Secretaría de gobierno “tomará el toro por los cuernos” y asumirá sus responsabilidades? ¿O es qué acaso en estos tiempos electorales esos once millones de pesos tienen ya un destino? Desde el cristal con el que miro, es importante conocer cuál es la empresa que está elaborando dicha ley y cuál es su dirección fiscal, porque suponemos que para brindar este servicio deberá estar dada de alta en el padrón de proveedores del gobierno del estado.
Toda esta información se supone que debió ser presentada el pasado 16 de octubre, cuando Rodrigo Alcázar Urrutia, titular del INMOVEQROO, acudió al Congreso del Estado a presentar la glosa del informe ante los integrantes de la décima séptima Legislatura, lamentablemente ésta comparecencia fue más una pasarela política que un ejercicio legislativo en busca de resultados y por susto, el análisis no existió y la legislatura faltó a sus deberes constitucionales, lo que en los hechos, convierte a la cámara legislativa en cómplice de, en éste caso, un gasto innecesario, arbitrario y evidentemente dudoso.
La famosa “cultura democrática” ha sido convertida en una auténtica cultura de la desfachatez, pero… ¿y las leyes?; bien, gracias.
Todo esos movimientos, recursos y presupuesto es pura simulación, demasiado dinero que lo más probable vaya a terminar a las cuentas bancarias de los altos funcionarios de gobierno.