Desde el cristal con que miro
Miriam Chan
La corrupción no tiene género, y la honestidad tampoco; y para muestra 5 botones, cinco casos de funcionarias del gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, primera gobernadora de Quintana Roo. Las féminas con cargos directivos dentro del aparato gubernamental estatal y del municipio de Othón P. Blanco con alevosía y ventaja se sintieron con todo el poder y el derecho de abusar de su condición, para auto beneficiarse de los programas sociales “mujer es poder” y “mujer es vida”, que originalmente estaban dirigidos a mujeres en condiciones de vulnerabilidad.
Las 5 funcionarias evidenciadas que devengaban salarios de hasta 40 mil pesos mensuales son: la subsecretaria de Bienestar, Rosario de los Ángeles Abán Mukul; la directora de atención de rezago alimentario en la zona norte, Yeceña Marleni Escalera Valencia; la jefa del departamento de apoyo alimentario de inclusión social, Ana Luisa Chávez Mah; la directora de la delegación del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo en el municipio de José María Morelos, Breya Hodich Alcocer, así como la directora de desarrollo social del municipio de Othón P. Blanco Janely Monroy Rodríguez.
A estas mujeres carentes de escrúpulos, valores y profesionalismo, poco les importó dejar fuera de los programas sociales a quienes verdaderamente necesitan los apoyos económicos y despensas.
Es aquí donde nos cuestionamos ¿Quiénes son los encargados o encargadas de firmar la autorización de dichos apoyos? ¿No se supone que antes de resultar beneficiadas, las mujeres pasan por filtros como entrevistas y los famosos estudios socioeconómicos? ¿Quién permitió que estas funcionarias corruptas se inscribieran de manera ilegal a dichos programas? ¿Dónde está Luis Pablo Bustamante Beltrán, secretario del Bienestar? ¿Es que acaso está muy ocupado en los asuntos electorales del 2024?
Vaya que doña Reyna Arceo Rosado, secretaria de la Contraloría estatal, además de una investigación exhaustiva deberá actuar en consecuencia e inhabilitar a todos los responsables, es decir, no solo a las funcionarias corruptas que abusaron del poder y cometieron actos ilegales, sino también a sus jefes, porque insisto: alguien debió autorizar y firmar esos beneficios que en teoría debieron ser para las mujeres de escasos recursos económicos.
Por cierto, por si usted no lo sabe, le platico que los recursos que estas funcionarias corruptas percibían a través del programa “mujer es vida” eran de 2 mil pesos bimestrales y una despensa, vaya, que en menos de un año estas mujeres sacaron las uñas y se aprovecharon de su condición de poder sin importarles que afuera del aparato gubernamental existen personas necesitadas a las que esos dos mil pesos bimestrales les transformarían la vida.
Amable lector, estas funcionarias públicas tenían un papel preponderante dentro de estos programas sociales, y su único trabajo era que los recursos llegaran a quienes verdaderamente lo requerían. No dudo que la intención de “la jefa de jefas” era reconocer la igualdad y sacar adelante a las mujeres vulnerables de Quintana Roo, pero lamentablemente como bien reza la metáfora, con este tipo de funcionarias corruptas y abusivas tenerlas a cargo de esos programas era como poner al zorro (en este caso zorras) a cuidar del gallinero.
Desde el cristal con el que miro, me pregunto ¿Cuáles serán las estrategias que implementará el gobierno de Mara Lezama para evitar estos actos de corrupción? ¿Qué castigos tendrán estas mujeres que aprovecharon y abusaron del poder? Es claro que cuando se trata de corrupción no hay un rol de género y mucho menos mujeres vulneradas; son funcionarias públicas que con alevosía y ventaja abusaron de sus puestos aprovechando que sus jefes o jefas tienen los ojos puestos en el próximo proceso electoral, sin importarles que el próximo mes recién se cumplirá el primer año de mandato de Mara Lezama en la gubernatura de Quintana Roo.
Nos leemos la próxima semana.
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