Desde el cristal con que miro
Miriam Chan
Para muchos funcionarios públicos, como de la Fiscalía General de Quintana Roo, estar en la cima del poder o tener un puesto administrativo es aparentemente sinónimo de desvío de fondos, máxime cuando el techo financiero del ejercicio 2024 ascendió a $2,042,634,345.00 (Dos Mil Cuarenta y Dos Millones Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Cinco Pesos 00/100 M.N), de los cuales en diciembre pasado más de seis millones de pesos, fueron presuntamente repartidos entre directores allegados e incluso al mismo Fiscal General Raciel López Salazar, bajo el concepto de “bonos navideños”.
Seis millones de pesos que bien se pudieron emplear en el combate a la inseguridad que tanto aqueja a los quintanarroenses, pero la criminalidad y los actos de corrupción no solo están a la luz del día; crecen como espuma sin que ninguna autoridad hago algo al respecto. Despedir a presuntos funcionarios corruptos de la Fiscalía General del estado al mando de Raciel López Salazar y donde aplicaron “el que parte y reparte se queda con la mejor parte”, no es suficiente para resarcir el daño causado a las finanzas del estado.
La titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía Teresita Quivén Feria, tiene mucho que explicar, ya que al parecer ella también sería una de las beneficiarias de los famosos y estratosféricos “bonos navideños”.
En Quintana Roo todo puede suceder, porque funcionarias como Teresita Quiven son juez y parte; pareciera que el estar presuntamente involucrada en este tipo de corruptelas y acciones deshonestas, no es razón para también ser investigada o destituida como lo hicieron con los directores. Recibir un “bono final con extra” por la cantidad de 310 mil pesos, por cierto 70 mil pesos más que el propio Fiscal General, quien aparentemente recibió 240 mil pesos; con todo ello en manos de esa funcionaria del órgano interno de control recaen las investigaciones de estos abusos de poder. Vaya desfachatez! ¿ya ve por qué le digo de manera reiterada que la corrupción no tiene género?
Los ahora exfuncionarios allegados al Fiscal General Raciel López Salazar que presumiblemente abusaron del poder y “se sirvieron con la cuchara grande” son: Rubén Zarif Ávalos Garnica, exdirector de administración y finanzas; Armando Guadalupe Dzib Cupul, exdirector de recursos financieros; Marte Paolo Cárdenas Fernández, exsubdirector de contabilidad; Maritza Gómez Betancourt, exdirectora de recursos humanos y Manuel Villanueva Chan, quien fungía como director de recursos materiales y servicios generales. Por cierto, este último es hermano de la flamante titular del Instituto de Cultura y las Artes, Lilian Villanueva Chan.
Amable lector, ¿se da usted cuenta de que los ahora exfuncionarios presuntamente actuaron con alevosía y ventaja? La red estaba bien armada de acuerdo con el organigrama de la Fiscalía General del estado porque estas direcciones dependen del área de administración y finanzas y esta a su vez directamente de la oficina del fiscal. Y vale la pena preguntar ¿quién autorizó y firmó las nóminas de bonos extraoficiales decembrinos? ¿qué cantidades se adjudicaron realmente? ¿qué otros funcionarios fueron beneficiados? ¿reembolsarán los recursos? Así como esas muchas incógnitas deberán responder tanto el fiscal general Raciel López Salazar, como la titular del órgano interno de control de la Fiscalía del estado, Teresita Quiven Feria.
Si bien reza el dicho “el que nada debe, nada teme” ¿por qué los despidos se llevaron a cabo con hermetismo y a puerta cerrada? Por lo menos esa fue la instrucción del fiscal general Raciel López Salazar, quien luego de dar de baja a los presuntos responsables de la repartición de los 6 millones de pesos nombró a Sergio Chab Ruiz como director de administración y finanzas, Marcela Pacheco Poot directora de Recursos Financieros y Rosario Castillo Villanueva en la dirección de recursos humanos, en tanto Alfaro Hernández ocupa la dirección de recursos materiales y servicios generales.
Por desgracia y hay que decirlo, qué podemos esperar en Quintana Roo, si a nivel nacional Roberto Moreno Herrera, recientemente el titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Anticorrupción, fue separado de su cargo por corrupto porque después de varias auditorías le detectaron viajes no autorizados al interior de la República, un viaje a Hong Kong donde supuestamente iba en representación del estado mexicano y asignación discrecional de plazas, entre otros actos de abuso, podredumbre y deshonestidad.
Retomando el tema que nos ocupa de los “bonos finales con extra”, la sociedad quintanarroense exige que los presuntos abusadores del poder que comenten actos de corrupción no solo sean despedidos, sino que sean sancionados tal y como lo establece la ley, con penas de inhabilitación, multas e incluso prisión.
“Desde el cristal con el que miro” estaremos pendientes de las investigaciones correspondientes. El desvío de recursos es un fenómeno que no reconoce límites políticos, institucionales o de género. Bien lo decía el historiador católico británico John Emerich Edward Dalkberg: “El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
Nos leemos la próxima.
