Beto Borge ya está en su casa
Chetumal, a 27 de junio de 2026
(Cambio22)
El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, abandonó de manera definitiva el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI) ubicado en Ayala, Morelos, y ya se encuentra en un domicilio particular del Estado de México, donde cumplirá la medida cautelar de prisión domiciliaria bajo vigilancia electrónica.
El exmandatario quintanarroense (2011-2016) salió de la prisión federal después de una audiencias llevada a cabo durante la madrugada, en la cual se procedió a la colocación formal del dispositivo de monitoreo. Una vez concluidas las diligencias y los trámites administrativos de rigor, Borge Angulo dejó las instalaciones penitenciarias y fue trasladado bajo custodia hacia territorio mexiquense para iniciar su arraigo residencial.
Esta sustancial modificación en su régimen de reclusión se derivó de una sentencia absolutoria dictada por un juez federal en favor del exjefe del Ejecutivo estatal respecto al delito de delincuencia organizada, una de las dos carpetas de investigación prioritarias que la Fiscalía General de la República (FGR) mantenía vigentes en su contra.
El juzgador determinó que la representación social federal no logró acreditar plenamente la responsabilidad penal de Borge Angulo en dicho ilícito; asimismo, resulta necesario mencionar que, esta imputación no figuraba originalmente dentro de la lista de delitos autorizados en su proceso de extradición concedido por el gobierno de Panamá en enero de 2018.
A pesar de haber abandonado el confinamiento en una celda federal, Roberto Borge no ha quedado exonerado en su totalidad, ya que continuará formalmente sujeto a proceso por la segunda carpeta de investigación que pesa en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero). Este expediente está directamente relacionado con la presunta venta irregular de terrenos de la reserva territorial del estado a precios severamente inferiores a su valor comercial, ejecutada a través de prestanombres durante su administración.
Debido a que el delito de lavado de dinero no amerita prisión preventiva oficiosa de forma obligatoria en el sistema penal actual, la autoridad judicial competente determinó que el exgobernador tiene el derecho de enfrentar las siguientes etapas procesales y audiencias pendientes bajo el esquema restrictivo de reclusión domiciliaria, garantizando su permanencia mediante el rastreo satelital de su brazalete.
