Chetumal, 27 de febrero
(Francisco Hernández/Cambio22)
La inflación del presupuesto de Comunicación Social y Difusión del Congreso de Quintana Roo que aplicaron los presidentes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) Renán Sánchez Tajonar y Luis Humberto Aldana Navarro, de la cual el Diario CAMBIO 22 dio cuenta el día de ayer, fue para cumplir compromisos con periódicos oficialistas y vinculados a grupos políticos y económicos del estado, así como negocios relacionados con gobiernos del PVEM y Morena, encubriéndolos con dobles contratos a nombre de empresas fachada y hasta fantasma y con la consignación de servicios inexistentes o injustificables.
Como se recordará, durante el 2023 el diputado del PVEM Sánchez Tajonar triplicó el presupuesto para difusión y publicidad del Congreso local, pues lo elevó de 4 millones 867 mil pesos, que se autorizaron originalmente, a un gasto final de 13 millones 200 mil pesos, a pesar del anuncio de medidas de “austeridad” en ese año; mientras que el diputado de Morena Aldana Navarro, su sucesor en la presidencia de la Jugocopo, avaló dicho incremento y luego promovió la aprobación de un presupuesto semejante para el 2024, por 12 millones 22 mil pesos, que todo indica que será ampliado a lo largo del año para cumplir con sus turbios compromisos.
La inflación del presupuesto se dio en el año cuando se esperaba la realización de mediciones de popularidad para la definición de las candidaturas de la alianza de la 4T para las elecciones federal y local, y se sostiene para el 2024, que es el año de la elección concurrente en la que Humberto Aldana será candidato a diputado federal del distrito electoral 03 de Cancún, mientras que Renán Sánchez Tajonar todavía espera tener oportunidad de ocupar la candidatura a alcalde de Cozumel, o en su defecto, buscar la reelección con legislador.
Tras una revisión realizada a los contratos publicados por el Poder Legislativo del Estado en el Portal de Transparencia Nacional, queda claro que los representantes del PVEM y Morena no sólo traicionaron el discurso de acabar con los contratos faraónicos para medios de comunicación ligados al poder, sino que agudizaron el uso faccioso e inequitativo de los fondos de propaganda gubernamental, además de incurrir en ilegalidades como facturaciones de empresas fachada y fantasma para tratar de encubrir los vergonzantes tratos, dado que no pueden justificarlos de manera transparente.
Para darse cuenta de los intereses que protegen y fomentan el presidente estatal del PVEM y el coordinador parlamentario de Morena con el erario público, basta decir que de esa revisión resulta que el 83 % del presupuesto de difusión y publicidad del Congreso del Estado fue pagado a sólo cuatro periódicos oficialistas, lo que representó que entre ellos se repartieron 11 millones 200 mil pesos en el 2023 procedentes de recursos del Poder Legislativo.
De estos periódicos destacó con el mayor monto de contrato el Diario de Quintana Roo, al que pagaron el 30 % del presupuesto de difusión del Congreso del Estado, un total de 4 millones 200 mil pesos; y de hecho, sólo en los tratos con este periódico asentado en Chetumal se estaban gastando casi todo el presupuesto que originalmente habían autorizado para el 2023.
Para incluir a los otros periódicos se tuvo que ampliar el presupuesto, de manera que, en el caso del Quintana Roo Hoy y Novedades de Quintana Roo, cada uno recibió el 20 % del presupuesto final de publicidad del Congreso, a razón de 2 millones 640 mil pesos por medio de comunicación; mientras que al Quequi le tocó el 13 % del presupuesto total de difusión del Poder Legislativo, un total de un millón 720 mil pesos; montos que en total representan otros 4 mil 360 millones de pesos de ampliación sobre la partida original.
Revelador de su intento de encubrir estos negocios es que cada uno de estos medios de comunicación firmaron dos contratos con el Congreso para recibir los pagos, usando los nombres de empresas distintas a las que son dueñas de sus periódicos para dividir los montos cobrados, y consignando servicios inexistentes o que no pueden justificar las cantidades pagadas, como, por ejemplo, difusión de información en redes sociales de Facebook y Twitter, ahora X.
En la revisión se pudo identificar que el Diario de Quintana Roo hizo sus contratos a nombre de las razones sociales Editorial y Proyectos Chetumal y Maya Nexus Integradora de Servicios; Quintana Roo Hoy usó las empresas Logística y Operación a la Industria e Imagen y Marketing en Medios de Prestigio Powerman; mientras que Novedades de Quintana Roo usó las empresas Ilumina Arko del Caribe y Operadora People Quintana Roo; y el Quequi, las razones sociales Grupo Informativo Cancún Caribe y Digimarketing.
El resto de los contratos publicados fueron para 3 empresas vinculadas al PVEM y Morena, una de las cuales tiene señales de ser una empresa fantasma.
Se trata de VMX Mercadotecnia, presunta agencia de publicidad de Nuevo León de la cual no hay rastros de servicios efectivamente prestados, que tuvo un contrato por 960 mil pesos, el 7.2 % del total del presupuesto disponible; la revista mensual Espacio, que tuvo 600 mil pesos, el 4.5 % de la bolsa total gastada; y el periódico 24 Horas Quintana Roo, al que le dieron un contrato de 371 mil pesos, el 2.8 % del total del presupuesto para difusión.
Resalta que el total de los contratos publicados por obligación de la Ley de Transparencia no cubren el total del presupuesto que se gastaron Renán Sánchez Tajonar y Luis Humberto Aldana Navarro en publicidad durante el 2023, pues todos éstos suman la cantidad de 13 millones 131 mil pesos.
Los reportes de estados financieros del Congreso del Estado indican que el gasto total ejercido en comunicación social y publicidad el año pasado fue de 13 millones 200 mil 922 pesos, los cuales fueron efectivamente pagados, por lo que queda sin respaldar con contrato y facturas la erogación de 69 mil 922 pesos.
Otro dato relevante es que la mayoría de los contratos cubren del 16 de enero al 31 de agosto del 2023, por lo que hacen suponer que cubrieron servicios prestados por 7 meses, pese a las grandes cantidades que representan y que contrastan con el hecho de que la difusión del Congreso del Estado a través de los medios de comunicación prácticamente se limita a las sesiones del pleno, que son sólo dos a la semana durante 7 meses del año, y a las de la Diputación Permanente, que son una a la semana durante 5 meses en período de receso.
No obstante, el contrato para 24 Horas Quintana Roo inició en abril; para Espacio fue en mayo; y para Novedades de Quintana Roo, fue en junio, todos con conclusión en agosto, mientras se ampliaba el presupuesto de difusión para pagar los compromisos adquiridos con estos allegados del poder.
Sobre los detalles de cómo el Congreso y estos intereses pretendieron maquillar o enmascarar sus onerosos pactos con contratos dobles a nombre de empresas fachada y hasta fantasma le informaremos en una siguiente entrega.
