Chetumal, 24 de julio
(cambio22)
El Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, aseguró este lunes que el caso del magistrado electoral Sergio Avilés Demeneghi, ocurrido en las primeras horas del pasado 20 de junio, se trató de un secuestro exprés, y no de un “robo fallido” como fue la versión oficial que había dado a conocer inicialmente la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez.
De hecho, dijo que por el secuestro exprés de quien es el presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) ya hay cinco personas detenidas y tras las rejas vinculadas a proceso por estar relacionadas con el hecho, y que se recuperó un reloj de su propiedad, aunque precisó que las investigaciones continúan, a fin de esclarecer si actuaron bajo las órdenes de alguien más.
“Con respecto al hecho del magistrado del Tribunal Electoral, tenemos cinco personas detenidas y que están vinculadas a proceso, tenemos plenamente identificada la casa donde lo llevaron y pruebas científicas de que estuvo ahí, el magistrado reconoció la casa, recuperamos el reloj que le robaron y estamos profundizando un poco más la investigación para ver quienes más están arriba de los detenidos; es una cedula fuerte y que están impugnados a proceso, pero lo importante es que están en prisión.”
El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) recalcó que de esta manera, ha comenzado a brindar garantías del trabajo que estará realizando en esa dependencia y la cual está en una etapa de evaluación de todo el personal que ahí labora, como peritos, policías de investigación, ministerios públicos, vice fiscales y fiscales especializados, para detectar irregularidades y proceder con los procedimientos administrativos y penales en su caso, ya que advirtió, no encubrirá a nadie.
Reconoció que recibió un rezago de más de 200 mil carpetas de investigación y 12 mil averiguaciones previas, por lo que se tendrá que aplicar una estrategia que permita ir disminuyendo esos números, junto con una reorganización de los puestos de trabajo para darle prioridad a las investigaciones de alto impacto.
“Tenemos que hacer una restructuración de toda la institución y poner orden, pero no habrá borrón y cuenta nueva, actuaremos y no seré tapadera de nadie, actuaremos en contra de los malos servidores públicos y por eso estamos revisando lo que nos dejaron, heredé más de 200 mil carpetas de investigación, 12 mil averiguaciones previas del sistema tradicional y 6 mil mandamientos judiciales y vamos a hacer una estrategia para abatir el rezago porque no es posible abatirlo con el poco personal que se tenía y vamos a hacer una redistribución de las cargas de trabajo.”
Detalló que hasta el momento, van 27 renuncias de mandos medios y superiores, que de igual manera serán investigados, ya que muchos tenían asignados salarios elevados y compensaciones por encima de los 25 mil pesos bajo la anuencia de su antecesor Óscar Montes de Oca, recursos que se han redireccionado hacia las fiscalías especializadas para ir compensando las prestaciones del personal que percibe remuneraciones bajas y que son los que tienen la carga de trabajo más pesada.
