Empleados del INM destapan red de cobros en Quintana Roo
(Diario Cambio 22)
Una serie de presuntas irregularidades mantiene bajo señalamientos la operación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Quintana Roo, donde trabajadores denuncian que una estructura relacionada con anteriores mandos continuaría operando desde diferentes áreas de la dependencia, en medio de acusaciones por corrupción, extorsiones a extranjeros, tráfico de influencias, abuso de poder, favoritismos y manejo irregular de recursos.
El problema no estaría limitado a la operación interna.
En Cancún, Playa del Carmen y Cozumel se señala la existencia de un mercado paralelo alrededor de las citas y trámites migratorios, donde gestores externos cobrarían entre 2 mil 500 y 3 mil 500 pesos solamente por conseguir una cita, además de cantidades adicionales por encargarse de procedimientos que los usuarios pueden realizar directamente.
En tanto, en Chetumal las acusaciones alcanzan desde presuntas extorsiones a extranjeros detenidos hasta posibles favoritismos y vínculos de funcionarios con establecimientos nocturnos, mientras que agentes destinados a atender vuelos de repatriación en el Aeropuerto Internacional de Tulum serían enviados durante la madrugada en vehículos que, según los trabajadores, presentan deficiencias mecánicas pese a que documentalmente aparecerían incluso con servicios automotrices adelantados.
El escenario se presenta en medio de la salida que los propios trabajadores atribuyen a Carlos Manuel Bandala González, titular de la Oficina de Representación del INM en Quintana Roo, a quien relacionan con el grupo que habría mantenido influencia dentro de la dependencia.
No obstante, hasta este 6 de septiembre, el directorio público del Instituto continúa identificando a Bandala González como titular de la Oficina de Representación en Quintana Roo, situación administrativa que deberá ser aclarada oficialmente por el INM.
Los empleados sostienen que la salida de quien identifican como anterior responsable de la representación no habría significado el desmantelamiento de la estructura que operó bajo su administración.
Por el contrario, aseguran que personas vinculadas con ese grupo permanecerían en cargos desde los cuales mantienen influencia sobre personal, recursos y diferentes procedimientos migratorios.
Las irregularidades, afirman, ya serían del conocimiento del comisionado nacional del INM, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
SEÑALAN A OPERADORES QUE PERMANECERÍAN DENTRO DEL INM
Uno de los principales nombres mencionados es Jonathan N., identificado como un presunto operador cercano a Bandala González y a Carlos N., este último señalado también como integrante del INM en Quintana Roo.
A Jonathan N. le atribuyen un supuesto abuso de su posición dentro de la dependencia para acosar a compañeras y mantener relaciones sentimentales con otras trabajadoras que presuntamente habrían recibido beneficios laborales.
Entre las personas relacionadas con el funcionario aparecen Norma N., responsable del consultorio médico; Aureny N., responsable del área psicológica y asignada al área de actuaría; Ileana N., agente federal de Migración B; Zuleyma N., agente federal de Migración C, e Itzel N., quien anteriormente habría ocupado el cargo de subdirectora de Control y Verificación Migratoria en la subrepresentación de Chetumal.
En el caso de Itzel N., los trabajadores aseguran que habría sido pareja formal de Jonathan N. y posteriormente fue cesada del cargo que ocupaba.
Su salida, según los señalamientos, habría estado relacionada con presuntos actos de corrupción.
Además, se le vincula junto con Carlos N. con el supuesto manejo de establecimientos donde presuntamente eran colocadas mujeres cubanas y colombianas para explotación sexual.
Entre los centros nocturnos señalados aparecen específicamente Vaider y Las Primas, en Chetumal, con los que también se relaciona a Carlos N.
Estas acusaciones sobre explotación sexual y posibles vínculos con establecimientos nocturnos forman parte de los señalamientos de los trabajadores y deberán ser investigadas por las autoridades competentes para determinar su veracidad y posibles responsabilidades.
VEHÍCULOS CON DEFICIENCIAS, PERO CON SERVICIOS ADELANTADOS EN EL PAPEL
Otro frente señalado corresponde a las condiciones en las que oficiales del INM son enviados al Aeropuerto Internacional de Tulum para atender y supervisar vuelos de repatriación.
Los desplazamientos se realizan durante altas horas de la madrugada y, según los trabajadores, algunos vehículos utilizados no contarían con el mantenimiento físico adecuado, situación que pondría en riesgo a los agentes.
La irregularidad tendría además una vertiente administrativa.
Mientras las unidades presentarían deficiencias, en los registros aparecerían incluso con servicios automotrices adelantados, una situación que podría ser contrastada mediante facturas, contratos, órdenes de servicio, kilometraje y bitácoras de mantenimiento.
A ello se agrega la falta de pago oportuno de los viáticos oficiales para quienes son enviados a cumplir estas comisiones.
Los trabajadores atribuyen a Jonathan N. responsabilidad en el manejo de estos recursos y cuestionan que el personal tenga que desplazarse de madrugada sin recibir a tiempo los gastos correspondientes.
RETRASOS EN PAGOS A TRABAJADORES DE ARMOUR KING
Las irregularidades también alcanzarían a personal de Seguridad Privada Armour King S.A. de C.V.
De acuerdo con los señalamientos, trabajadores de esta empresa habrían enfrentado en distintas ocasiones retrasos en sus pagos sin que se adopten medidas para corregir el problema.
Dentro de este mismo entorno laboral se menciona que algunas empleadas del servicio de limpieza habrían mantenido relaciones sentimentales con integrantes del grupo señalado.
El punto deberá establecerse desde el ámbito administrativo, particularmente si esas relaciones derivaron en privilegios, contrataciones, beneficios económicos o decisiones relacionadas con el desempeño laboral.
PRESUNTAS EXTORSIONES A EXTRANJEROS EN CHETUMAL
Uno de los señalamientos más graves se concentra en la estación migratoria de Chetumal.
Ahí aparece el nombre de Heiser N., identificado como subdirector de la estación migratoria.
Los trabajadores señalan que sostenía o mantiene una relación sentimental con Giuliany N., dictaminadora de Asuntos Migratorios que fungiría como enlace administrativo del área de Recursos Financieros y Recursos Materiales de la Oficina de Representación, con quien habría procreado una hija.
También lo relacionan sentimentalmente con la psicóloga de la oficina.
Sin embargo, las principales acusaciones contra Heiser N. corresponden a su actuación con extranjeros detenidos.
El funcionario presuntamente se presentaba como protegido de Carlos N., relación que, según los trabajadores, le habría permitido operar con influencia dentro de la estación.
La acusación sostiene que extranjeros detenidos habrían sido objeto de extorsiones mediante la exigencia de cantidades elevadas de dinero para obtener su liberación sin pasar siquiera una noche dentro del centro de detención.
Parte del mecanismo habría consistido en no reportar a las oficinas centrales del Instituto las causas de determinadas detenciones, permitiendo presuntamente liberar a extranjeros después de recibir dinero.
Mediante estas operaciones, los trabajadores aseguran que Heiser N. habría acumulado un patrimonio que no correspondería con sus percepciones laborales.
El sueldo atribuido al funcionario es de aproximadamente 47 mil 554 pesos mensuales brutos, por lo que los denunciantes consideran necesario revisar la evolución de su patrimonio.
Las acusaciones sobre extorsión, liberaciones irregulares y posible enriquecimiento deberán ser contrastadas con registros de detenciones, expedientes migratorios, nóminas, declaraciones patrimoniales y movimientos administrativos.
PRIVILEGIOS PARA CERCANOS Y JORNADAS DOBLES PARA LOS DEMÁS
El abuso de las posiciones jerárquicas también habría alcanzado las condiciones laborales dentro del Instituto.
Funcionarios señalados presuntamente habrían utilizado sus rangos para beneficiar a personas cercanas, principalmente trabajadoras que serían excluidas de operativos y recibirían diferentes privilegios.
En contraste, quienes no se alinean con los grupos internos o con los presuntos negocios serían sometidos a jornadas dobles y horarios laborales que no se respetan.
También existirían amenazas con cambios de adscripción utilizados como mecanismo de presión para perjudicar a trabajadores y eventualmente provocar su salida o despido.
Es precisamente por estas posibles represalias que quienes denuncian las irregularidades han decidido reservar sus identidades.
REGULARIZACIÓN DE CUBANOS BAJO SEÑALAMIENTOS EN PLAYA DEL CARMEN
La situación se extendería hasta la subrepresentación de Playa del Carmen, particularmente en los procedimientos para la regularización de ciudadanos cubanos.
Los nombres señalados en esta área son Julio N., Patricia N. y Ximena N.
Esta última es identificada como la nueva encargada de Regulación en la subrepresentación de Playa del Carmen.
Los trabajadores los ubican como presuntos operadores relacionados con Carlos N. y aseguran que continuarían interviniendo en estos procedimientos pese a los cambios ocurridos dentro de la representación estatal.
Por ello solicitan que las autoridades federales revisen su actuación y, si se acreditan irregularidades, sean removidos y cesados de sus cargos.
CITAS DEL INM SE VENDEN HASTA EN 3 MIL 500 PESOS
Pero el problema que enfrenta el INM en Quintana Roo no termina dentro de sus oficinas.
Alrededor de los procedimientos migratorios habría surgido un negocio altamente redituable mediante intermediarios externos que ofrecen resolver las dificultades que encuentran los extranjeros cuando intentan realizar directamente sus trámites.
La situación se presenta particularmente en Cancún, Playa del Carmen y Cozumel.
Usuarios que acuden directamente con sus expedientes enfrentarían revisiones estrictas de sus documentos y cualquier error, incluso cuestiones menores como una coma o diferencias en el uso de letras mayúsculas y minúsculas, puede provocar que el procedimiento no avance.
La persona debe entonces corregir la documentación y obtener nuevamente una cita mediante internet.
Es precisamente ahí donde aparece el negocio.
Mientras los usuarios tendrían dificultades para encontrar espacios disponibles en el sistema, gestores externos ofrecerían conseguir una cita a cambio de entre 2 mil 500 y 3 mil 500 pesos.
Estos cobros corresponden únicamente a conseguir el espacio, pues posteriormente pueden existir cantidades adicionales para que los intermediarios se hagan cargo del procedimiento.
En las inmediaciones de las oficinas existirían varios de estos gestores, conocidos entre usuarios y trabajadores como “zopilotes”, que se dedican a captar a extranjeros cuyos procedimientos fueron rechazados o que no encuentran citas disponibles.
La sospecha planteada es que algunos de estos intermediarios estarían vinculados con personas dentro de Migración.
Los gestores funcionarían como operadores externos encargados de captar clientes, cobrar y realizar el trabajo fuera de las instalaciones, evitando que el dinero sea solicitado directamente dentro de las oficinas.
Posteriormente, según los señalamientos, las cantidades obtenidas serían repartidas entre las partes involucradas en el supuesto esquema.
Este vínculo entre gestores y servidores públicos deberá ser investigado y acreditado, pues la actividad de intermediarios externos por sí misma no demuestra que personal del INM participe de los cobros.
UNA COSA SON LOS DERECHOS Y OTRA PAGAR POR UNA CITA
Existe además una diferencia fundamental en los pagos que realizan los extranjeros.
Diversos procedimientos migratorios tienen derechos oficiales establecidos por el Gobierno Federal, por lo que legalmente existen trámites que requieren un pago.
Pero esos derechos no deben confundirse con los honorarios cobrados por intermediarios ni con el dinero exigido para obtener una cita.
La programación de citas del INM es gratuita y no requiere intermediarios.
Por ello, el cobro de 2 mil 500 a 3 mil 500 pesos solamente para conseguir una cita constituye uno de los puntos que requiere ser investigado, particularmente ante los señalamientos de que gestores tendrían acceso a espacios mientras los usuarios no encuentran disponibilidad directamente.
UNA RED DE SEÑALAMIENTOS EN CINCO PUNTOS DE QUINTANA ROO
Las acusaciones dibujan un problema que alcanza diferentes puntos de la entidad.
En Chetumal, se señalan presuntas extorsiones a extranjeros detenidos, favoritismos laborales, posibles irregularidades administrativas y vínculos con establecimientos nocturnos.
En Playa del Carmen, aparecen cuestionamientos sobre la regularización de ciudadanos cubanos y el negocio de gestores.
En Cancún y Cozumel, los señalamientos se concentran principalmente en la intermediación para conseguir citas y realizar trámites.
Mientras que en el Aeropuerto Internacional de Tulum, agentes migratorios serían enviados durante la madrugada en vehículos presuntamente deficientes y sin recibir oportunamente sus viáticos.
Todo ello ocurre mientras trabajadores sostienen que antiguos operadores continuarían manteniendo posiciones dentro de la estructura del INM en Quintana Roo.
PIDEN INTERVENCIÓN DE SEGOB, INM Y PRESIDENCIA
Ante los señalamientos de nepotismo, abuso de poder, tráfico de influencias, favoritismos y corrupción, los trabajadores solicitaron directamente la intervención del Gobierno Federal.
El llamado está dirigido al comisionado nacional del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes Peregrina; a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Los empleados sostienen que las conductas señaladas no corresponden con los principios establecidos por el proyecto de gobierno de la llamada Cuarta Transformación y aseguran que las oficinas centrales ya tendrían conocimiento de parte de lo que ocurre en Quintana Roo.
“Las y los trabajadores del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo, que no formamos parte de esta corrupción, hacemos la denuncia pública resguardando nuestra identidad debido al temor que tenemos por las amenazas constantes y abusos de las que somos víctimas, con la esperanza de ser escuchados, que se hagan las investigaciones pertinentes y se proceda en consecuencia”, señala la denuncia.
Los señalamientos abren distintas líneas susceptibles de revisión documental: desde expedientes de detención y liberación de extranjeros, regularizaciones de ciudadanos cubanos y declaraciones patrimoniales, hasta nóminas, viáticos, facturas, contratos y bitácoras de mantenimiento vehicular, cambios de adscripción y asignaciones de operativos.
A ello se suma el funcionamiento del sistema de citas y la presencia de intermediarios que cobran hasta 3 mil 500 pesos por conseguir espacios que oficialmente son gratuitos.
La investigación deberá establecer ahora si se trata de negocios independientes realizados por gestores que aprovechan las dificultades de los usuarios o si existe, como señalan trabajadores y fuentes relacionadas con los procedimientos migratorios, una conexión entre esos intermediarios y personal del INM que permitiría agilizar citas, regularizaciones y otros trámites a cambio de dinero.
Mientras tanto, las acusaciones mantienen bajo cuestionamiento la operación del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo y apuntan a que, pese a los movimientos en su estructura de mando, parte del grupo señalado continuaría operando desde dentro de la dependencia.
