CHETUMAL, 13 de agosto
ESPECIAL
La participación libre y crítica de los ciudadanos y los medios de comunicación, y la sensibilidad del gobierno para atenderla, hicieron posible en Quintana Roo la Ley de ordenamiento cívico, que entre otras conductas sociales regula los derechos fundamentales de manifestación y expresión pública, sin contravenir un ápice a los lineamientos constitucionales y los tratados internacionales en la materia.
En otras entidades federativas, las normas locales establecidas en esa materia no atendieron los reclamos democráticos de la ciudadanía para apegarlas a los intereses de una democracia participativa, y ahora, tras el sonado caso Puebla, en que la aplicación de esa normas calificadas de ley bala, originaron la muerte de un menor y la represión de todo un pueblo, las legislaturas y gobiernos locales dan marcha atrás a sus legislaciones represivas, evidenciando la incuria de sus congresos locales y sus respectivos gobierno.
Leyes de ordenamiento cívico represivas como la de Puebla generan lo que intentaban impedir: mayores y radicales protestas que exigen ahora no sólo la derogación de dicha ley, sino la renuncia del gobernador e incluso la desaparición de los poderes locales, calificados de represores e incluso de criminales. La falta de sensibilidad de un gobierno le esta orillando a una crisis institucional difícil de superar y que origina el enfrentamiento entre sociedad y gobierno.
Cierto que por una moda legislativa muy generalizada, en Quintana Roo en un principio se había aprobado por la legislatura una legislación similar a la poblana en materia de ordenamiento cívico, aunque allá con otro título, pero aquí, la crítica social y mediática, fue atendida oportunamente por el Gobernador Roberto Borge, que en uso de sus facultades, difirió su promulgación hasta adecuarla a la norma constitucional y a los intereses democráticos de los quintanarroenses.
La constitucionalidad de la Ley quintanarroense en esa materia se ve ahora confirmada, al sobreseerse por la justicia federal el amparo 34/2014, promovido contra la misma, en el Juzgado primero de Distrito con sede en Chetumal.
Apegarse a la Constitución y respetar íntegramente los derechos fundamentales que la misma consagra, es desde luego un deber de todo poder; la legalidad de los actos públicos es una condición indispensable, pero no suficiente del poder público que se precie de democrático. La legalidad debe ser acompañada por la legitimidad, esto es, la convicción pública y social que genera consensos, y esto es precisamente lo que se hizo en Quintana Roo, al negarse la autoridad a tentaciones represivas impopulares y antidemocráticas.
Que una ley sea constitucional, no es novedad sino obligación, pero que una ley se module por el gobierno a la medida de los intereses ciudadanos y democráticos, si es admirable y puede decirse que en Quintana Roo la ley en esa materia fue fruto conjunto de las observaciones mediáticas y ciudadanas a la misma y de la sensibilidad y vocación democrática del gobierno quintanarroense.
En el convulso ambiente nacional que vivimos, Quintana Roo es nuevamente ejemplo de convivencia democrática, y se muestra que aquí la ley se elabora y modula acorde a los interese democráticos de sus ciudadanos.
Reflexionar sobre esto abre horizontes más amables para Quintana Roo.
