Recorte presupuestal al Congreso de Quintana Roo será paulatino para no afectar a trabajadores
Chetumal, 17 de septiembre de 2026
Especial
La reducción presupuestal que deberá realizar el Congreso de Quintana Roo para cumplir con el nuevo límite de gasto de 0.7 % del presupuesto del estado no será aplicado de manera inmediata, sino de forma progresiva durante tres años, con el objetivo de evitar afectaciones a la base trabajadora.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Jorge Sanén Cervantes, explicó que la estrategia será comenzar a sentar las bases desde ahora para que la reducción avance paulatinamente y, al término del periodo, que será el correspondiente a la XIX Legislatura, el Congreso se encuentre dentro del límite establecido por la ley.
El también coordinador del grupo legislativo de Morena descartó que el ajuste implique, de entrada, recortes a los salarios de los trabajadores.
Señaló que primero se analizarán los rubros en los que puede reducirse el gasto, pues aplicar toda la disminución “de un solo jalón” tendría un impacto mayor en la estructura laboral del Congreso.
El nuevo esquema establece que el presupuesto de los congresos locales no deberá superar el 0.70% del presupuesto.
La regulación transitoria de la reforma realizada a la Constitución del Estado establece que la reducción del presupuesto anual del Poder Legislativo surtirá efectos a partir del inicio de la XIX Legislatura, es decir, después del 2027.
El ajuste que se perfila para Quintana Roo ronda los 160 millones de pesos menos, por lo que la transición será uno de los principales retos financieros para el Poder Legislativo en los siguientes ejercicios.
En Quintana Roo, esto obligará al Poder Legislativo a reducir sus recursos, aunque el presidente de la Jugocopo planteó que el crecimiento de los ingresos estatales podría ayudar a amortiguar el ajuste.
La lógica, explicó, es que mientras aumente el presupuesto general del estado, también crecerá en términos absolutos el monto que correspondería al Congreso dentro del porcentaje permitido.
De esta manera, la reducción no tendría que recaer exclusivamente sobre la nómina y otros gastos de operación.
Actualmente, uno de los principales componentes del gasto legislativo son los servicios personales, es decir, el pago de nómina, que representa cerca del 70 % del presupuesto total del Congreso, que es de 536 millones de pesos este año.
Sanén sostuvo que será durante la próxima Legislatura cuando el proceso de reducción deberá avanzar de manera más visible, hasta alcanzar el porcentaje establecido.
La intención, insistió, es evitar una reducción abrupta y distribuir el impacto a lo largo del periodo de transición.
De esta forma, el Congreso estatal se encamina a una reducción presupuestal gradual y no de golpe, con ajustes progresivos en su gasto para alcanzar el límite legal sin trasladar de inmediato el impacto a los trabajadores.
