Destituyen e inhabilitan al juez penal Jonathan Yong Mendoza en Quintana Roo
(Diario Cambio 22)
José Luis Jonathan Yong Mendoza fue destituido del cargo de Juez Penal de Control con Especialización Adicional en Justicia para Adolescentes, que ejercía adscrito al Juzgado Penal de Playa del Carmen, e inhabilitado para ocupar cargos públicos, después de haber salido favorecido en la lista ganadora de la elección judicial de 2025, por sentencia de la Segunda Comisión del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado (TDJ).
La magistrada Nelsy Lucely Trejo Puc, titular de la comisión, lo encontró responsable de faltar al profesionalismo del cargo y de realizar conductas que dañaron la respetabilidad e imagen de la impartición de justicia y del Poder Judicial del Estado, tanto en el ámbito público como en el privado, violando la Ley Orgánica y el Código de Ética del propio poder, así como la Ley de Responsabilidades Administrativas.
En consecuencia, determinó aplicarle la sanción máxima prevista para faltas por responsabilidad administrativa, con destitución del cargo e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por el término de un año.
Lo anterior fue el resultado de constatar los hechos ocurridos en la vía pública frente a su domicilio en la residencial Palmaris de Cancún, en la madrugada del 24 de diciembre, víspera de la Nochebuena del 2025, cuando golpeó y amenazó con una pistola a su pareja sentimental, asi como amenazó con la misma arma a un guardia de seguridad y vecinos que presenciaron la violencia escena.
Primera sanción severa del Tribunal de Disciplina Judicial
Para esta que se convierte en la primera sentencia severa del nuevo TDJ, su Segunda Comisión tomó en cuenta que se interpuso una denuncia penal contra el juez por el delito de violencia familiar, así como una denuncia anónima presentada ante el propio tribunal, en los dos días siguientes a los hechos.
La investigación encargada por el TDJ terminó en abril de este año, la cual señaló que Jonathan Yong Mendoza fue omiso en cumplir con sus obligaciones, en particular la de preservar la dignidad y el profesionalismo propios de su función, al soslayar como servidor público del Poder Judicial del Estado y más aún como juzgador, su deber de garante de la paz y la legalidad, al utilizar la fuerza y la intimidación mediante un arma de fuego para un conflicto personal en plena vía pública.
El expediente explicó que faltó al profesionalismo por adoptar un comportamiento que afecta la respetabilidad propia de su cargo, tanto en lo público como en lo privado, sin justificación para esa conducta.
Jonathan Yong quiso defenderse negando la agresión y las amenazas hacia la mujer y los demás agraviados, además de alegar que los hechos eran una narrativa creada por los medios de comunicación por una campaña con fondo político.
Además, agregó que la mujer agraviada retiro los cargos en su contra por violencia familiar y pidió que se cancelaran las órdenes que se habían dictado para protegerla, porque “no había sufrido agresión”.
No obstante, el investigador del TDJ aseguró que la agresión y las amenazas existieron, además de que las amenazas fueron de detonar el arma de fuego hacia la persona del sexo femenino dentro de la discusión, los vecinos y el guardia de seguridad, conforme a lo recabado de los testigos y autoridades policiales.
Por lo cual, su conducta provocó una afectación en el servicio público de impartición de justicia propia del Poder Judicial del Estado como institución, al verse afectado públicamente en su imagen, por no haberse conducido con decoro, rectitud y ejemplaridad de forma constante e integral en los ámbitos tanto público como privado.
Consideró que el comportamiento indigno evidenciado se traduce en una mancha a la investidura judicial por ser violento, por lo que Jonathan Yong Mendoza fue causante directo de un daño institucional al Poder Judicial.
La magistrada consideró fundadas las conclusiones del investigados, al destacar que existe incompatibilidad absoluta entre el uso de la violencia física o moral y la función pública encomendada a las personas juzgadoras, así como por la afectación a la dignidad de la administración de justicia y a Ia confianza ciudadana, como elementos que rigen el función a cargo del Poder Judicial del Estado.
Aunque la ley cataloga a la falta cometida como no grave, la autoridad le aplicó la sanción máxima tomando en cuenta el cargo que desempeñaba, su nivel jerárquico y de las personas agredidas, que ha sido funcionario público desde el 2014 y que su conducta fue violenta hacia una mujer, reaccionaria y sin medir las consecuencias de que ello se notara en el ámbito público.
Por tanto, determinó destituirlo del cargo e inhabilitarlo temporalmente para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por el término de un año.
La Segunda Comisión del TDJ aplicó esa sanción al considerar conveniente “suprimir de manera total y eficaz” las prácticas y la conducta generadora de la falta administrativa, al ser lo más viable para la autotutela y protección del servicio público que otorga el Poder Judicial del Estado.
La sentencia fue pronunciada el pasado 3 de agosto y fue comunicada al Órgano de Administración Judicial del Estado para proceder a la baja inmediata del juez penal, al mismo tiempo que se mantuvo la orden de no pagarle las percepciones del tiempo en que estuvo suspendido mientras se realizaba el procedimiento administrativo.
Por su parte, el 5 de agosto el pleno del Órgano de Administración Judicial tomó conocimiento de la sanción y ordenó a la Dirección de Recursos Humanos ejecutar la destitución.
Al mismo tiempo, procedió a informar al Congreso del Estado la decisión tomada y ésta fue leída en la sesión de la Comisión Permanente realizada este miércoles.
Cabe mencionar que Jonathan Yong Mendoza es uno de los alrededor de 20 personas que fueron investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntos nexos con actividades de lavado de dinero para la Mafia Rumana, que encabezó Florian Tudor en Quintana Roo, por lo cual en 2021 sus cuentas bancarias y las de su padre fueron bloqueadas.
A pesar de estos antecedentes, fue Oficial Mayor de Puerto Morelos, con la presidenta municipal Blanca Merari Tziu Muñoz, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y fue postulado por el Poder Ejecutivo del Estado a juez penal en la elección judicial del 2025, cargo que finalmente perdió por un acto de violencia familiar en la vía pública.
